Artesana surgió en el 2006, con la idea de trabajar con artistas populares en la defensa de los derechos humanos y en atención a grupos vulnerables. El equipo de trabajo está desde entonces integrado por asesores, educadores y exprivados de libertad que unen sus fuerzas por la reivindicación de los derechos humanos de las reclusas y niños que cohabitan con sus madres prisioneras.
El camino durante estos 16 años no ha sido fácil para Andrea Barrios Paiz, representante legal y coordinadora del Colectivo Artesana, que tiene como principal objetivo que “la pena no trascienda a los familiares de las personas que están privadas de libertad”, así como velar por la alimentación de los niños que cohabitan con sus madres en las cárceles del país.
Durante el 2022, el Colectivo ha gestionado apoyo y la logística para la distribución de alimentos para los infantes y las reclusas en estado de gestación, además de impulsar con las instituciones estatales programas de prevención, el derecho a la justicia y la garantía del respeto de sus derechos.
Artesana ha presentado acciones legales que se han transformado en una sentencia que ordena a la Secretaría de Obras Sociales de la Presidencia garantizar la alimentación para los pequeños que cohabitan con sus madres en las cárceles, así como impulsar protocolos para las visitas de menores de edad y programas enfocados a la reinserción social.
Vencer el estigma
Barrios recuerda que el Colectivo surgió con la idea de impulsar un arte para sanar todos los derechos que en determinado momento se vieron vulnerados, pero con el paso del tiempo se ha ido transformando y actualmente su lucha se centra en “trabajar en contra del estigma, el prejuicio, la discriminación y la exclusión”, así como brindar acompañamiento a las familias con referentes de privados de libertad.
Cada día busca implementar mecanismos y acercamientos tanto a las instancias encargadas de la seguridad y justicia, así como a la iniciativa privada y la sociedad en su conjunto para vencer todas esas limitaciones de estudio, trabajo y desarrollo social que enfrentan las personas que tienen a familiares recluidos.
También realiza acciones de incidencia con el Sistema Penitenciario, el Ministerio de Gobernación, el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) y otras instancias para “ir transformando ese sistema poco respetuoso de los derechos humanos y de las personas, tanto prisioneras, como sus familiares”, el cual ha sido aceptado y eso ha permitido que las instituciones se involucren de forma conjunta con el Colectivo, manteniendo convenios suscritos.
Trascender y garantizar la alimentación
Entre los retos principales que se ha trazado el Colectivo está lograr que trascienda de un gobierno a otro, sin afectar los avances y el seguimiento a los procesos implementados en función de la defensa y protección de los derechos humanos de familiares con referentes de privación de libertad.
En los primeros días de enero de 2023 se prevé que un juzgado de la Niñez y Adolescencia resuelva de forma definitiva, a través de un proceso judicial, sobre la “responsabilidad institucional respecto a la alimentación de los niños y niñas que cohabitan con sus madres en los centros carcelarios, para recibir una alimentación digna y adecuada”. El Colectivo velará por la nutrición de los pequeños.
También impulsará procesos ágiles en beneficio de las mujeres, con una reinserción social y actividad laboral más efectiva. Además fortalecerá los trabajos con el IDPP, el Organismo Judicial y el Sistema Penitenciario, para que “se vea reflejado en un Estado que realmente tenga un trabajo de prevención secundaria y terciaria que poco o nada se hace en el país”, dijo Barrios Paiz.
Al recibir el reconocimiento Bien Hecho por parte del equipo de Prensa Libre, dijo que este se convierte en un compromiso para seguir trabajando en favor de los derechos de los niños y adolescentes que tienen un familiar privado de libertad, y nos motiva a seguir adelante y a “no desanimarnos por lo que se pueda estancar, retroceder o avanzar muy poquito”, expuso.
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