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Las dos modalidades de secuestro que autoridades investigan y que afecta a mujeres, finqueros y microempresarios
Hay dos bandas de secuestradores que las autoridades investigan y que han utilizado tácticas similares a la que usaban grupos criminales de la década de 1990.
Entrenamiento del Comando Antisecuestros de la PNC (Foto: Mingob)
Las autoridades investigan a dos grupos de secuestradores que operan en Huehuetenango y Petén. Según las primeras pesquisas, el modo de actuar es similar a grupos criminales de la década de 1990.
De acuerdo con el Ministerio Público (MP), estas bandas primero vigilan a sus víctimas, quienes son finqueros, pequeños y medianos empresarios; posteriormente, los raptan y piden dinero a cambio de su liberación. Los montos van desde los Q50 mil hasta los Q2 millones, aproximadamente.
Según la Fiscalía contra Secuestros del MP, durante el año —2024— recibieron 70 denuncias por secuestros, aunque determinaron que el 25% de estas fueron falsas. En los demás casos, la fiscalía informó que trabaja para identificar a los criminales.
Por esas denuncias, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que han capturado a 39 personas, hasta el pasado 11 de septiembre.
Freddy Santos, fiscal contra Secuestros, del MP, dijo que la mayor incidencia de plagios este año se han dado en Petén, Huehuetenango, El Progreso e Izabal.
“Se están evaluando esos fenómenos criminales, para poder establecer si es una estructura que se esté dedicando a estudiar precisamente a las víctimas y luego secuestrarlas, o son únicamente, como lo hemos visto también en anterioridad, que son personas que se dedican a delinquir, al robo, a la extorsión y que posteriormente, como van viendo que les va funcionando esa temática delictiva, mutan ya al secuestro”, indicó Santos.
Las autoridades indagan la posibilidad de que esos criminales anteriormente eran empleados de finqueros.
“Eso es lo que se ha dado últimamente en esos años, en las cuales no son estructuras como tales, sino que mutan y luego van armando un caso, dos, tres y se les da de baja a esa a ese grupito”, afirmó el fiscal del MP.
Los perfiles de las víctimas en Santa Rosa, Petén, Huehuetenango, Quetzaltenango y San Marcos son similares, según el órgano investigador.
“Empresarios que se dedican, por ejemplo, a la venta de azúcar, granos básicos y chatarra. En el interior también son ganaderos o finqueros que se dedican a un tipo de comercio de cultivo o de animal”, expuso Santos.
El fiscal ejemplificó que en enero de este año se dio un caso de un secuestro en el que la familia de la víctima pagó US$250 mil.
Santos mencionó que a la fecha se han desarticulado bandas de secuestradores que operaban en San Marcos, Santa Rosa, Sacatepéquez, Quetzaltenango e Izabal. Tres de esas bandas eran dirigidas por Rigoberto Antonio Morales Barrientos, alias Rigorrico, quien está en prisión desde hace 26 años. A pesar de que está en prisión, Morales Barrientos “asesora” a grupos de delincuentes para secuestrar a personas. Las investigaciones determinaron que, a través de mensajes de texto o llamadas telefónicas, interviene en las negociaciones del rescate.
“Él —Morales Barrientos— está purgando algunas condenas de secuestro, y estando dentro de la cárcel ha armado sus grupos afuera, y sí, siguen con el secuestro en Quetzaltenango e Izabal. Él ha estado negociando desde la cárcel. Entonces, es un tema muy importante que nos ha llamado mucho la atención en estos años”, puntualizó Santos.
Investigado
Morales Barrientos fue miembro por más de una década de la desaparecida Guardia de Hacienda, un cuerpo policial de carácter civil, bajo la jurisdicción de la Policía.
En 1970, la institución combatía el contrabando y la defraudación del fisco.
Luego de los acuerdos de paz, Morales lideró la banda criminal Agosto Negro y creó estructuras delictivas que cometían secuestros, extorsiones y asesinatos en Guatemala, según las autoridades.
Morales permanece en prisión desde 1998, aunque se fugó en dos ocasiones. La primera, en mayo de 1998, pero fue detenido ocho meses después en Quetzaltenango; la segunda vez fue en junio del 2001, junto con 77 reos en la cárcel de máxima seguridad El Infiernito, Escuintla.
Las condenas
Morales Barrientos fue condenado en febrero del 1999 a 30 años de prisión por tenencia y uso de armas ilegales y por robo agravado.
En noviembre del 2001, Morales Barrientos recibió una nueva condena de 50 años de prisión por el secuestro de Bailey Beltetón, y actualmente es investigado por coordinar grupos criminales desde la cárcel.
Modalidad exprés
La Fiscalía contra Secuestros también tiene otras investigaciones contra pilotos de taxis piratas y de algunos que operan por medio de plataformas, hechos que aumentaron desde el 2023, a criterio de las autoridades.
De junio del 2023 al 12 de agosto del 2024, el MP abrió 96 expedientes por secuestros que han sido denunciados en la capital. En el 2022, se denunciaron siete casos, al siguiente año 55 y en los ocho meses del 2024 se contabilizan 34.
La PNC indicó que esos hechos aumentaron luego de las restricciones por la pandemia del covid-19. Las autoridades aclararon que, según las estadísticas, 92 de las víctimas son mujeres.
“En el tema de estos secuestros se empezaron a crear nuevamente posterior a la pandemia. Hay que recordar que muchos de los pilotos de buses, en su momento se quedaron sin trabajo y muchos de ellos tenían vínculos con pandillas y con grupos criminales. Estos sujetos optaron por trabajar en este nuevo servicio de transporte –en taxis piratas— que es el más común en este momento, con un servicio irregular y sin autorización”, recalcó David Custodio Boteo, director de la PNC.
La Policía refiere que los delincuentes ofrecen a las mujeres el servicio de taxi fuera de discotecas, y ya abordo les exigen dinero bajo amenazas de muerte. Las víctimas tienen que pagar desde Q100 hasta Q10 mil para ser liberadas, pero algunas son violadas y asesinadas tras pagar el efectivo.
Las autoridades agregaron que se realizan operativos en Mixco, Guatemala, Villa Nueva y Villa Canales, lugares donde más casos se han registrado. Quienes cometen estos “secuestros exprés” tienen vínculos con pandillas, y las víctimas han tenido miedo de denunciarlos, aseguró la institución policial.
“Muchos de los pilotos no tienen antecedentes, pero sí vínculos con grupos criminales, pero como no hay flagrancia o una investigación en sí, lo que se está es documentado a todos estos pilotos”, reiteró el director de la PNC.
“Las mujeres no los denuncian, porque sí se han generado algunos tipos de violaciones en esos vehículos, pero muchas mujeres optan mejor no denunciar”, manifestó Boteo.
Regular los taxis
Boteo dijo que el objetivo es sacar a los “taxis piratas” de circulación con el apoyo de las municipalidades, para disminuir los hechos delictivos.
“Realmente se necesita que todas las municipalidades a través de los jueces de asuntos municipales se coordinen con nosotros y poder realizar planes en conjunto para sacar de circulación a este tipo de transportistas, que lo que han hecho es cometer muchos hechos delictivos, es constante”, señaló el director de la policía.
Las investigaciones de la PNC demostraron que existen secuestros entre pandilleros, por “ajustes de cuentas, para torturarlos y posteriormente asesinarlos”. Los cadáveres son abandonados en la vía pública.
Señalaron que hay una investigación contra las pandillas, que presuntamente están involucradas en hechos delictivos, como asaltos, asesinatos y secuestros en Mixco. La estructura criminal fue denominada por el Ministerio Público como “Sción”.
Falta de transporte
Wálter Menchú, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, señaló que los grupos de secuestradores se han especializado y las víctimas están en desventaja al no “seguir protocolos de seguridad”.
Agregó que las autoridades deben implementar acciones preventivas, para evitar esos hechos.
Menchú indicó que el MP y la PNC cuentan con herramientas tecnológicas para ubicar a las víctimas y accionar contra los criminales cuando se reporta un secuestro.
“La diferencia entre los años noventa y la actualidad es de que ahora se tienen muchas más herramientas tecnológicas de las cuales debería hacer uso los investigadores para, al menos, rastrear de dónde vienen las llamadas, si se han contactado a través de correos electrónicos o por medio de las redes sociales. Muchas personas, aunque puedan ser anónimas, a veces tienen huella digital que se puede rastrear en la red, en el internet; entonces, por ahí pueden ir recopilando más información que no se tenía hace 15 o 20 años”, opinó el investigador.
Menchú mencionó que los secuestros exprés pueden prevenirse con campañas de concienciación, un mejor transporte público o control por parte de las autoridades hacia los pilotos de taxis de diferentes plataformas.
Comentó que es un trabajo de diversas autoridades, donde se debe incluir desde la prevención hasta la investigación criminal para desarticular las estructuras que están surgiendo nuevamente.
“El tema de las municipalidades de controlar las licencias de los de los taxis, quiénes son los que manejan y quiénes están operando sin licencia, porque al que opera sin licencia no se le puede rastrear. Cuando sucede uno de esos hechos, no se puede dar con el responsable”, enfatizó Menchú.
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