La Corte Suprema de Justicia procedió como se esperaba y se quitó una brasa de encima al pasar al Congreso la solicitud de que se le retire la inmunidad al presidente Jimmy Morales, a quien el Ministerio Público y la Cicig buscan investigar por supuestamente haber recibido financiamiento electoral ilícito cuando fungió como secretario general del partido oficial FCN-Nación.

Aunque el fallo de la CSJ no fue unánime, contó con el voto favorable de once de los trece magistrados integrantes de ese foro. Solo votaron en contra de ese trámite las magistradas Elizabeth García y Silvia Valdés, esta última, célebre por haber enviado un tuit en el que solicitaba dejar en paz al mandatario.

Ahora ese escenario de la enorme lucha anticorrupción por la que atraviesa Guatemala se traslada al Congreso, donde existe la fuerte posibilidad de que no prospere el proceso de antejuicio contra el presidente porque un número considerable de los diputados están a su vez en el ojo de la justicia. Esto ha sido señalado por comentaristas y analistas.

Además, la llegada del Presupuesto General de la Nación al Legislativo podría interpretarse como un guiño a los legisladores que tradicionalmente se interesan en el listado clientelar de obras, pues hay generosos y sospechosos aumentos proyectados en el Ministerio de Comunicaciones, pese a su baja ejecución.

El proceso continúa su marcha en medio de otros hechos que continúan abonando en la polémica, como la publicación, ayer, en el diario oficial, del acuerdo gubernativo que prorroga por dos años más el mandato de la Cicig y que ya provocó la primera acción legal en contra, al indicar un abogado que el documento sería inválido, lo que quedará en manos de la Corte de Constitucionalidad para revisarlo y eventualmente aceptarlo o desecharlo.

Lo concreto es que la CSJ avala dar el siguiente paso en el proceso por retirar al mandatario de su inmunidad para que pueda ser investigado en forma independiente, como consecuencia de que los magistrados han encontrado suficientes indicios para que el Congreso asuma la responsabilidad histórica y nombre una comisión pesquisidora.

La integración de este grupo resulta también un trámite, en cierto sentido, pues las pesquisas que efectúen pueden recomendar quitarle o no la inmunidad al gobernante, en una decisión que finalmente, en cualquiera de las dos direcciones, deberá ratificar el pleno, pero con mayoría calificada, lo cual implica la votación de las dos terceras partes del Legislativo; es decir, 105 votos, tanto para respaldar una investigación más amplia como para engavetar la solicitud.

Los mismos cargos pesan sobre los secretarios generales tanto de la Unidad Nacional de la Esperanza como del extinto partido Líder, lo que al final evidencia un problema mayúsculo de posible corrupción en el que están involucrados muchos otros partidos y que los coloca ante la disyuntiva de encarar las numerosas denuncias de corrupción o bien meditar sobre la imagen y potencial electoral que tendrán de cara al proceso del 2019, cuando la población, sin duda alguna, tendrá muy en cuenta las decisiones de sus representantes legislativos.