Raúl Castañeda Illescas, asesor técnico de la Mesa de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), explicó que la adaptación es el proceso de ajuste al clima actual o esperado y sus efectos, y que se busca moderar o evitar los daños o explotar oportunidades beneficiosas.
El país tiene una tasa anual de deforestación de 1%.
La pérdida anual bruta de bosque natural es de 132 mil 138 hectáreas.
Se cuenta con unos 93 mil 388.59 millones de metros cúbicos de agua al año y a pesar de eso hay gente que no tiene acceso al líquido.
El 15% del territorio nacional se encuentra sobreutilizado. Es decir, esa proporción se deteriora, producto de la utilización más allá de la capacidad.
Fuente: URL-Iarna
Edwin Castellanos, codirector del Centro de Estudios Ambientales y de Biodiversidad de la Universidad del Valle de Guatemala, recordó que el país aprobó la Ley de Cambio Climático en el 2013, con la cual se crea el Consejo Nacional de Cambio Climático, que es la máxima autoridad en materia de adaptación y mitigación a ese fenómeno e integra a 15 sectores.
Agregó que se decidió que el Consejo fuera presidido por el presidente de la República para darle un nivel alto de decisión. “Lo malo ha sido que en los dos gobiernos que se han tenido no le han dado prioridad”, indicó Castellanos.
El experto refirió que esa ley manda crear un plan de acción para que todas las instituciones del Estado hagan su labor para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático, aunque, añadió, para operativizarse se necesita presupuesto.
Castañeda señaló que el Gobierno trabaja en la incorporación de presupuesto para ese plan dentro de las instituciones, como en los ministerios de Agricultura, Comunicaciones y Ambiente, lo cual no significa que se aumentará, sino que de las mismas entidades se deben destinar recursos como parte de su plan de operaciones anual para esas acciones.
Vulnerabilidad
Castellanos explicó que el cambio climático aumenta la alternancia natural del clima. “En nuestro país es muy variable, incluso a fenómenos como El Niño o La Niña, que son independientes al cambio climático, pero que en la actualidad se están volviendo más frecuentes y más intensos”, aseveró.
Agregó que el país está expuesto a extremos de inundaciones, deslaves o sequías. “En estos últimos años, el tema ha sido falta de lluvia, lo que resulta en cosechas perdidas, especialmente para los agricultores de subsistencia, que dependen de las lluvias y, por lo tanto, se aumenta la inseguridad alimentaria”, afirmó.
Comentó que también se observa que la época de lluvia ya no comienza en mayo, sino que se atrasa, y hay meses en los cuales se reporta más lluvia, tanto así que el año pasado los zompopos de mayo salieron en agosto.
Resaltó que aunque en el 2016 los parámetros de lluvia fueron normales, la mayor parte cayó en agosto y septiembre.
Castellanos comentó que estos efectos impactan también la infraestructura, y también producen alteraciones que causan enfermedades y plagas.
Agregó que el Corredor Seco no es algo que esté definido, ya que cuando hay deficiencia de lluvia ha tendido a ampliarse, pero si se revierte y hay más lluvia, se vuelve a encoger.
Viven en infrasubsistencia y subsistencia.
Rudy Vásquez, director de Información Geográfica del Ministerio de Agricultura, explicó que el Corredor Seco comprende ocho departamentos y 42 municipios, con una extensión de 10 mil 200 kilómetros cuadrados. Resaltó que es un área árida del país que siempre ha existido, que salió a luz cuando se dio la crisis de seguridad alimentaria provocada por sequías.
Indicó que en los últimos cinco años las canículas han sido largas y en esa región solo ha llovido dos o tres meses.
De granos básicos pierden agricultores en sequías.
De acuerdo con Vásquez, la vulnerabilidad ha aumentado porque hay más población y el cinturón costero del Pacífico tiene condiciones parecidas, con la diferencia de que la gente tiene riego y sus cultivos no se ven afectados.
Según este experto, las áreas son afectadas por inseguridad alimentaria porque dependen de la lluvia para los cultivos de maíz y frijol, cuya siembra es cultural. “Los mayas entraron en su período agrícola hace tres mil años y en muchos sitios se sigue haciendo al estilo de los mayas: tener semilla, quemar el campo para abonarla y esperar la lluvia”,comentó.
Para Vásquez, no es fácil llegar a esa región y decirle a la gente que cambie de técnicas, a diferencia de lugares de Totonicapán, cuyos pobladores se han organizado y han logrado grandes cambios. “El tema agrícola se cayó desde 1986 y el regreso al campo ha sido difícil. El gobierno actual está trabajando en un plan agropecuario que habla de extensión rural y plan de riego”, afirmó.
Era la cobertura forestal del país en el 2010.
Castañeda señaló que el proceso de adaptación es complicado porque Guatemala es un país donde más de la mitad de la población vive en pobreza.
“Las leyes deben ser aplicadas en general, y el problema en un país tan inequitativo es que, para alguna parte de la población, ponerle alguna obligación no causa mucho recargo, pero para otra sería imposible”, indicó, y agregó que es cierto que el Gobierno debe liderar este proceso de adaptación, pero todos los guatemaltecos deben tomar acciones al respecto.
Proceso
Magaly Arrecis, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), informó que desde los tomadores de decisión se hacen esfuerzos para implementar la Ley de Cambio Climático, pero es un proceso muy lento, porque todos quieren participar y hay muchas discusiones.
Indicó que en el campo se toman algunas medidas para adaptarse; por ejemplo, con epesistas —estudiantes de la Universidad de San Carlos que realizan su ejercicio profesional supervisado—, pero son aisladas, así como proyectos implementados por el Ministerio de Agricultura. “Todo esto, comparado con la magnitud que tiene la variabilidad climática, es poco, porque con una sola helada sabemos que se nos va de las manos. Pensaría que se están haciendo esfuerzos, pero se quedan cortos frente a la magnitud que tienen los efectos del cambio climático”, manifestó.
Resaltó que el país no está preparado y el presupuesto no es suficiente porque hay necesidades propias y el cambio climático provoca más hambruna y enfermedades, por lo que se necesita la cooperación internacional.
Ramiro Batzín, de la Mesa Indígena de Cambio Climático, señaló que entre los avances está la mencionada ley y la política de cambio climático, pero se necesita llevarlas a la práctica.
Comentó que es necesario que el plan nacional de adaptación y mitigación al cambio climático se divulgue entre todos los sectores, para orientar las acciones, y criticó que no se aborde la realidad cultural de los pueblos indígenas, ya que no se enfoca dentro de los procesos de adaptación la potencialización de los conocimientos tradicionales.
“Se deben construir políticas interculturales que permitan a los pueblos fortalecer sus sistemas de adaptación y buscar que se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas en cuanto al derecho de los recursos naturales, agua y bosque”, indicó Batzín.
Castellanos señaló que hace falta que se creen los reglamentos de la Ley de Cambio Climático para poner en acción una serie de normas que, según Castañeda, están en proceso de elaboración, ya que abordan la adaptación y mitigación.
