Edie Cux, director de AC, señaló que la actitud de Rodríguez durante la sesión del lunes pasado evidenció la forma cómo se negocian las decisiones en el Organismo Legislativo, pues en oportunidades el funcionario hablaba en dos teléfonos celulares al mismo tiempo.
Agregó que los delitos por los cuales se interpuso la denuncia son cohecho activo y abuso de autoridad.
“Ante la situación de ayer en el Congreso de la República, donde vimos una sesión muy accidentada en la que el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, de alguna forma manipuló la sesión por momentos, la forma tan burda en que mantuvo abierta la votación para aprobar el estado de Calamidad y cuando se tenía que votar por la improbación cierra la votación haciendo falta un voto, interpusimos una denuncia”, señaló Cux.
Añadió que debido a las llamadas que Rodríguez hacia durante la votación varios diputados señalaron posibles negociaciones y compras de votos, por lo que este martes optaron por interponer por la denuncia
“El Congreso ya no es una entidad democrática, sino una institución en la que se negocia y comercializa con los votos y por eso estamos presentando una denuncia contra Allan Rodriguez, por la forma cómo manipuló la votación”, reiteró Cux.
Se intentó conocer la opinión de Rodríguez acerca de los señalamientos en su contra, pero no respondió las llamadas hechas a su teléfono celular.
El Congreso bloqueó nuevamente las medidas del presidente Alejandro Giammattei para contener la expansión del covid-19, al derogar un decreto de estado de Calamidad que restringía la libre circulación y que según la oposición carece de transparencia en la compra de insumos.
“Con 81 votos a favor, 69 en contra y 10 ausentes quedó improbado [derogado] el estado de Calamidad”, dijo el secretario del Legislativo al leer el resultado del tablero electrónico la noche del lunes.
Es el segundo revés en 22 días para las políticas de Giammattei en la lucha contra el virus. Un estado de calamidad decretado el 13 de agosto fue derogado por el Parlamento 11 días después, citando razones similares.
En el nuevo decreto, del 2 de septiembre, el mandatario había ordenado por un mes el estado de Calamidad con el objetivo de frenar el incremento de casos y muertos por la pandemia que se registraban en las últimas semanas.
La medida restringía varios derechos constitucionales como la libre circulación. Además, prohibía todas las actividades deportivas con presencia de público y reuniones sociales realizadas con fines de celebración o conmemoración como bodas, fiestas, discotecas y conciertos.
Las actividades deportivas, artísticas, educativas, religiosas, entre otras, deberían realizarse 100% en modalidad virtual.
También incluía un toque de queda desde las 20.00 horas a las 4.00 horas que había entrado en vigencia el pasado sábado.
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Las bancadas de oposición rechazaron la medida del gobernante al considerar que era opaca e carecía de transparencia para la compra de insumos contra el civid-19.
El diputado opositor Álvaro Arzú Escobar afirmó que trabajan en un decreto donde se establecen reglas claras para la adquisición de insumos, contratación de personal médico y enfermeras, entre otros, así como equipamiento de hospitales anti-covid-19.
“Con el estado de Calamidad lo único que buscaban era hacer negocios y el saqueo” de la arcas del Estado, dijo a su vez la parlamentaria opositora Ligia Hernández.
