Por el contrario, el covid-19 vino a evidenciar y agraviar las emergencias que ya existían. Los hospitales colapsaron aún más, muchas enfermedades quedaron sin atención, la violencia sexual contra las mujeres y niños aumentó, la desnutrición se duplicó y miles de guatemaltecos quedaron en el desempleo agravando la situación alimentaria.
El área más afectada fue Salud, que tuvo que reconvertir todos los hospitales para la atención, casi exclusiva, a pacientes de covid.
Esto provocó que muchos pacientes de otras enfermedades no pudieran asistir a sus citas de consultas externas y acceder a medicamentos.
“El sistema nacional de salud históricamente no ha logrado responder a las necesidades de la población por la falta de recursos económicos”, explica la Defensoría de Salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
Pese a que el gobierno construyó varios hospitales temporales para la atención del covid, para finales de 2020 ya estaban desbordados los servicios de intensivo que atienen a pacientes renales crónicos, oncológicos y traumas, indicó la PDH.
Educación y tecnología
El confinamiento decretado para evitar contagios por este nuevo coronavirus obligó a los centros educativos a cerrar sus aulas y a orillas a los niños a estudiar a distancia. Los que estaban en mejores condiciones podían recibir clases por internet, sin embargo, muchos niños quedaron relegados por la tecnología.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) reportaba que en 2017 solo el 52 por ciento de los hogares de la región tenía acceso a internet y el 45 por ciento a una computadora.
Según cálculos hechos en 2018 por el Instituto Nacional de Electrificación, en Guatemala había 287 mil 438 hogares que no contaban con ningún tipo de energía eléctrica y la mayoría (el 60 por ciento) se ubicaba en Alta Verapaz.
Esto provocaba una brecha tecnológica entre los estudiantes del sector público y privado. Con la pandemia, la brecha se agudizó proyectándose un abandono del sistema educativo de hasta 106 mil niños, según las mismas proyecciones de la Unesco.
Aunque se pensaba que la deserción estudiantil afectaría más a los niños que cursaban la preprimaria, el Ministerio de Educación presentó cifras preliminares que indican que cuatro de cada 100 estudiantes que se inscribieron el año pasado al nivel básico en el sector público ya no culminaron el ciclo escolar.
Sucedió lo mismo con igual cantidad de estudiantes en el diversificado, por lo que serían 19 mil 453 jóvenes los que al final optaron por retirarse.
Desnutrición
La pandemia llegó a afectar evidentemente los años escolares de los niños, sumado a la situación alimentaria, deja a este sector de la población en una situación más precaria.
Según los número presentados por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales -ICEFI-, por el contexto de covid-19, más de 1 millón 236 mil personas se sumarían a las 8.5 millones que ya vivían en condiciones de pobreza
Desde 2012, los diferentes gobiernos han abordado, sin éxito, el tema de la desnutrición infantil como uno de los pilares más importantes dentro de sus políticas públicas. El número de niños que viven en inseguridad alimentaria no baja de los 12 mil en los últimos cinco años y en 2020 la cifra se duplicó.
En 2016 la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) tenía un registro de 13 mil 721 niños y niñas con desnutrición aguda, en 2017 fueron 12 mil 566 casos, en 2018 hubo un leve descenso con 12 mil 547, pero en 2019 la cifra de niños con desnutrición aumentó a 15 mil 485.
El año 2020 cerró con 27 mil 842 casos y con 118 muertes.
Banderas blancas
La aparición de las banderas blancas a pocas semanas de haberse declarado la pandemia en el país lanzó la primera señal de alerta de lo que significaría el confinamiento para la situación laboral de muchos guatemaltecos.
Si bien la situación laboral en Guatemala no era prometedora según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (Enei), los meses en que estuvo parada la economía afectó a, al menos, a 40 mil empleos formales.
Según la Enei, de la población económicamente activa (PEA), que sumaba aproximadamente 7.1 millones de personas, cerca de 125 mil estaban desocupadas. Sin embargo, el 69.7% de las personas ocupadas trabajaba en el sector informal de la economía.
Ocho de cada diez trabajadores rurales y trabajadores indígenas laboraban en el sector informal.
Antes de la pandemia, el Banco Interamericano de Desarrollo calificó a Guatemala con 44.9 puntos sobre un máximo de cien en el Índice de Mejores Trabajos al evaluar las condiciones laborales en el país que no ofrecían seguridad social para la mayoría de trabajadores ni óptimas condiciones.
Con la pandemia, la situación se agravó y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss) informó a finales del 2020 que perdieron 41 afiliados.
