“No tenemos condiciones dignas de vida y necesitamos que el nuevo gobierno vea nuestra situación y resuelva pronto”, explicó ante la CIDH Constantino Vásquez, uno de los líderes de la comunidad de Laguna Larga, que desde junio de 2017 fue desplazada a la línea fronteriza entre la selva que divide a Guatemala de México.
La comunidad de Laguna Larga fue quemada por militares y policías en 2017 de acuerdo con testimonios de los habitantes del lugar, por lo que se vieron obligados a desplazarse a la zona de adyacencia entre México y Guatemala.
Desde diciembre de 2017, la CIDH otorgó medidas cautelares a los habitantes de Laguna Larga, considerando que se cometieron daños irreparables a sus derechos.
De acuerdo con el abogado Juan Castro, representante legal de la comunidad, los más de 490 pobladores viven en una “total violación a su derechos básicos” y deben ser “reubicados por el Estado guatemalteco”.
Los representantes de esta comunidad resaltaron ante la CIDH que existe una gran complejidad para acceder a alimentos y su conservación es compleja por carecer de condiciones para preservar su comida.
Durante la sesión, la representante de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) de Guatemala, María Eugenia Rivera, indicó en favor de la comunidad de Chaab’il Ch’och’ que también se espera que sean reubicados tras su desalojo en 2017.
Gobierno reconoce violaciones a derechos
Por su parte, Oswaldo Samayoa, director Ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), indicó que el primer paso es “reconocer que existen violaciones a derechos humanos para poder solventar“.
Samayoa agregó que el compromiso del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, que asumió el poder el pasado 14 de enero, es “detener las violaciones sistemáticas a derechos” y “restablecer el diálogo que se rompió hace muchos años”.
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El pasado 7 de febrero, Arévalo de León firmó junto a las principales organizaciones campesinas del país, un acuerdo para atender la conflictividad agraria y el acceso a la tierra que afecta a miles de campesinos en todo el territorio.
De acuerdo con estudios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la conflictividad agraria en el país centroamericano es un problema grave que se deriva de la tenencia desigual de la tierra y cuyas dinámicas no favorecen a las comunidades campesinas.
