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¿Cómo se rehabilita a un privado de libertad en Guatemala?
La ayuda psicológica y las redes de apoyo son básicas para la reinserción social del exrecluso y que se evite la reincidencia delicuencial.
Hombres recluidos en el Centro de Rehabilitación Puerto Barrios, Izabal, participan en actividades recreativas. (Foto Prensa Libre, cortesía de la Dirección General del Sistema Penitenciario)
Miedo. Esa es la emoción que después de dos años en libertad continúa experimentando Eduardo —quien pidió el anonimato—, de 30 años. Miedo a no ser aceptado, a ser juzgado y a ser discriminado por haber pertenecido a una pandilla y por haber cumplido una condena de nueve años en prisión. En ese lugar veía, escéptico, que impartían programas y orientación para la rehabilitación, pero no le llamaban la atención. Nunca pensó en su futuro ni en qué pasaría al salir de la cárcel. Pero ese día llegó.
“Mi vida se pausó”, dice. Su familia, que nunca lo visitó, le es extraña, y casi no tiene amigos. Prefiere estar solo y salir adelante, gracias a un oficio que una persona empática le enseñó, al confiar en su cambio de conducta. “No voy a cometer el mismo error”, afirma con determinación.
En el documento “Principios y acciones del Estado de Guatemala para prevenir la violencia y evitar la reincidencia en el Sistema Penitenciario”, de Anabella Amado Alemán (Conose, 2021), se indica que la imposición de penas tiene como objetivo castigar un delito, pero también busca la rehabilitación del delincuente para su posterior reinserción social, así como evitar la reincidencia en hechos delictivos.
La base legal es el artículo 19 de la Constitución Política de la República, donde se establece que el Sistema Penitenciario (SP), del Ministerio de Gobernación, debe tender a la readaptación y que el Estado está obligado a crear y fomentar las condiciones para su cumplimiento.
La Ley del Régimen Penitenciario, aprobada en el 2006, tiene un fuerte enfoque hacia la rehabilitación de los privados de libertad, y establece que ellos tienen el derecho y el deber de desempeñar un trabajo útil y remunerado, además del derecho a la educación y capacitación en todos los niveles.
El presupuesto aprobado para la Dirección General del SP para este año fue de Q647.2 millones, que representa un 0.56 por ciento de los gastos nacionales, según “Indicadores de la Justicia Criminal”. El 52 por ciento está destinado a dirección y coordinación —Q336.7 millones— y 46 por ciento, a servicios de custodia —Q300 millones—. De las 23 mil 174 personas que se encontraban recluidas en las 24 prisiones de todo el país al 29 de febrero del 2024, el 38.19 por ciento —ocho mil 851 individuos— guardaban prisión preventiva.
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En los últimos 10 años, en promedio, han salido a la libertad 17 mil 180 personas cada año, de las cuales el 85 por ciento guardaba prisión preventiva. Para febrero de este año, la tasa de ocupación de las cárceles era de 339 por ciento —estas se consideran hacinadas cuando el porcentaje de ocupación sobrepasa el 120 por ciento—. Además, 11 reclusos estaban a resguardo de un solo vigilante, y 223, al de un solo personero de rehabilitación. A septiembre del 2024 se contabilizaban 23 mil 70 reclusos en el país.
Rehabilitación
La Dirección General del SP explica que, entre los programas penitenciarios que se desarrollan en los centros de detención del país, a cargo de diferentes departamentos de la Subdirección de Rehabilitación Social —encargada de la reeducación y readaptación social de los reos—, está el plan de psicología, orientado a atender las necesidades emocionales y psicológicas de los reclusos, a fin de reducir la reincidencia, sobre todo, de delitos violentos.
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Asimismo, se busca promover la reinserción social; el trabajo social de carácter formativo, cultural, religioso y deportivo, para fortalecer habilidades sociales y competencias laborales; y el de trabajo de educación, para que la persona pueda iniciar, continuar y finalizar su proceso formativo, según el nivel académico que le corresponda, así como asistir a cursos extraescolares para que pueda aprender un oficio con el cual mejorar las oportunidades laborales.
Privadas de libertad se entretienen en el Centro de Rehabilitación Puerto Barrios, Izabal. (Foto Prensa Libre, cortesía de la Dirección General del Sistema Penitenciario)
También se dispone del programa productivo-laboral orientado a promover el emprendimiento mediante el aprendizaje de técnicas de trabajo, talleres y capacitaciones; y el de grupos vulnerables, dirigido a la atención diferenciada de adultos mayores, pueblos indígenas, individuos con discapacidad, ciudadanos extranjeros o personas de la diversidad sexual o de género.
Según la referida subdirección, durante este año, 13 por ciento de la población privada de libertad ha participado en el programa de psicología; 31 por ciento, en el de trabajo social; 16 por ciento, en el de educación; 85 por ciento, en el productivo-laboral, y 10 por ciento en el de grupos vulnerables. En febrero del 2023, un grupo de reclusas del Centro de Orientación Femenina, en Fraijanes, empezó sus estudios universitarios en la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, impartida los fines de semana en modalidad virtual por docentes de la Universidad Rural.
En las actividades de rehabilitación y reinserción social se esperaba que participaran mil 142 hombres y 773 mujeres, recluidos en las cárceles del país, se lee en la página web del Ministerio de Gobernación. En el 2022 fueron 521 reos quienes recibieron educación formal.
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Carecen de aceptación
La mencionada dirección señala que, entre los retos que enfrenta un exrecluso al reinsertarse en la sociedad, se encuentran la falta de oportunidades de empleo y de preparación académica, la insolvencia económica, el rompimiento de vínculos familiares y la discriminación.
Una persona que ha transgredido las normas y cometido actos penados por la ley necesita cambiar su esquema de pensamiento y su conducta para desenvolverse de manera armónica con los demás; de lo contrario, creará conflicto durante toda su vida, al ocasionar sufrimiento, temor y rechazo, señala el psicólogo Antonio Rivera, coordinador del Grupo de Psicólogos, Consejeros y Motivadores de Guatemala.
“Es sumamente difícil que la sociedad genere aceptación, por el miedo y el daño que —los reos— han ocasionado. Sin embargo, el cambio comienza por las pruebas que ellos aporten al estar en libertad. La sociedad tiene que ver primero el cambio constante y estable para generar confianza. Luego viene una campaña masiva en medios, donde se genere empatía y entendimiento”, refiere Rivera.
Ricardo López, director médico de Mental Health Center TMS Guatemala/Psicomed y expresidente de la Asociación Psiquiátrica de Guatemala, afirma que en el país las personas liberadas enfrentan desafíos psicológicos como el estigma social, la discriminación y la falta de oportunidades laborales, acentuado todo por la cultura de exclusión hacia exreclusos. Además, el entorno político y social, marcado por desigualdades económicas y violencia, dificulta la reintegración.
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“Muchos carecen de redes de apoyo, lo que agrava sentimientos de aislamiento y vulnerabilidad emocional, especialmente, en comunidades con recursos limitados para la salud mental”, añade.
Los programas de rehabilitación en Guatemala, aunque limitados en alcance, son fundamentales para prevenir la reincidencia. Sin embargo, enfrentan obstáculos como la falta de financiamiento estatal y el estigma social hacia los participantes, expone López. Estos programas buscan empoderar a los exreclusos mediante formación laboral y educación, pero su efectividad depende en gran medida de la aceptación comunitaria y de políticas públicas inclusivas. Iniciativas basadas en valores culturales, como la cooperación comunitaria, podrían ser clave para su éxito, refiere.
En Guatemala, la rehabilitación de psicópatas y agresores sexuales enfrenta desafíos adicionales, debido al estigma extremo y a la falta de infraestructura adecuada para su tratamiento. Aunque las terapias basadas en pruebas como las cognitivas-conductuales pueden ser útiles, su implementación se ve limitada por recursos económicos y de formación especializada. Además, en un contexto cultural con roles de género profundamente arraigados, es crucial integrar la perspectiva cultural en los tratamientos para fomentar un cambio significativo en el comportamiento y reducir el riesgo de reincidencia, concluye López.
Marcela Bilbao, directora de Arte de Vivir (Guatemala), una oenegé mundial que brinda herramientas de educación socioemocional para el buen manejo de estrés y ansiedad, tiene un programa llamado “Prison Smart” para reos. Se trata de un curso intensivo que se imparte en centros de detención, y su objetivo es enseñar técnicas de respiración, relajación consciente, meditación y valores humanos. En Guatemala fue impartido en un centro de detención para adolescentes. “En algunos reclusorios, los reos se vuelven instructores para guiar y enseñarles a los de nuevo ingreso a despertar su consciencia y sentirse libres, aun estando privados de libertad”, dice.
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Reos se graduaron como bachilleres en Teología en la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, Escuintla, este noviembre. (Foto Prensa Libre, cortesía de la Dirección General del Sistema Penitenciario)
El objetivo es poder transformar sus mentes y liberarlos del estrés y la ansiedad que generan desbalances, toxinas, fobias, insomnio o adicciones, para encaminar a los reos a tomar buenas decisiones cuando salgan libres.
“La visión que tenemos de los reclusos es que son culpables y que está bien que estén hacinados o sin comer para pagar por lo que hicieron en el pasado, pero, en realidad, al salir, si no hacemos algo para reinsertarlos, con cierta seguridad se perjudicará su transición”, advierte. “Detrás del victimario hay una víctima que pide ayuda; los hemos visto llorar y desarmar su armadura, pues todos nacemos, por naturaleza, sin la intención de venir a hacer daño al mundo, pero las circunstancias sociales llevan a algunos a actuar de determinada manera”, afirma. “Se les debe dar herramientas para que puedan tener un salvavidas en momentos de debilidad y evitar que vuelvan a delinquir”, añade.
El principal reto para la reinserción social de los exreclusos es llevar una vida normal, al no poder encontrar trabajo, por los antecedentes penales que tienen. Otra dificultad es salir y encontrarse que están solos, pues algunos son abandonados por la familia. Salen con actitud de estado constante de alerta, tal como se mantenían en la cárcel. “La vida se les detuvo desde el momento en que entraron en prisión. Al salir, se dan cuenta de que la realidad es otra. El encuentro con la familia no es como antes”, concluye.
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Transición
- Objetivos de un programa psicológico para un expresidiario, según el psicólogo Antonio Rivera:
- Lograr que el individuo maneje su carácter, en dirección a una sana convivencia.
- Gestionar el control de impulsos que hace que realice actos incontrolables en contra de los demás.
- Estabilizar el ego para comprender que el otro ser humano también tiene derechos y no solo él.
- Recuperar el equilibrio psicológico para aceptar las normas sociales.
- Trabajar en actividad productiva lícita.
- Cambiar una actitud negativa y destructiva por una orientada en pro de la comunidad.
- Para la salud mental del exrecluso, se recomienda promover redes de apoyo comunitario y servicios de salud mental con enfoque intercultural, con las metas de facilitar la reinserción y prevenir recaídas emocionales, indica el psiquiatra Ricardo López.
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