“Fui víctima del alcohol y las drogas a temprana edad. Todo ese tiempo convertí en un infierno la vida de mi madre y mis hermanos, pero nunca es tarde para reorientarse. El problema de las maras está en crecimiento en el país y cada vez más niños y adolescentes están involucrados”, afirmó Titu.
Lea otros reportajes
- Vecinos del área rural viven entre la pobreza y el olvido
- La contaminación asfixia los ríos del país
- Descomposición social, la otra cara de la pobreza
- Conflictos sociales crecen en el país
- Ruta Interamericana en abandono por autoridades
- Vecinos del área rural viven entre la pobreza y el olvido
Otro caso es el de Cirilo Uz, de 26 años, originario de Retalhuleu, quien contó que hace tres años dejó las pandillas, ya que era obligado a delinquir. “Al principio me amenazaron si salía del grupo. Estuve encerrado mucho tiempo, pero gracias a Dios no me pasó nada”, dijo.
La anterior vida de Titu y de Cirilo Uz es el reflejo de la conducta que llevan unas 20 mil personas que pertenecen a unas 25 células de pandillas existentes en el país, según la Policía Nacional Civil (PNC).
Lilian Pérez, de la Asociación de Viudas de Pilotos, señala a las pandillas como “organizaciones de delincuentes” que no hacen más que causar desintegración familiar.
“Las pandillas son las responsables de la orfandad de unos cuatro mil 500 niños, también olvidados por el Estado, como consecuencia de la muerte de unos mil 500 pilotos en los últimos seis años, debido a las extorsiones”, afirmó.
Zozobra en la provincia
Un comisario de la PNC, quien pidió omitir su nombre, indicó que debido a la lucha de la Unidad de Acción Nacional contra el Desarrollo de Pandillas (Panda) en la capital, obligó a los grupos delictivos a trasladarse a la provincia, sobre todo a Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla, Chimaltenango, Quetzaltenango y Huehuetenango.
El oficial recuerda que las facciones surgieron en el país en la década de 1990. Al principio fue una manifestación general y cultural de la juventud, que no era nada ilegal; sin embargo, con el tiempo fueron captadas por el crimen organizado.
Agregó que a casi tres décadas de su aparición, dos grupos —Salvatrucha y Barrio 18— tienen una estructura definida y un mecanismo de reclutamiento, y el objetivo principal es obtener dinero en forma ilícita.
El Centro de Investigación del Crimen Organizado (InSight Crime), con sede en Washington DC, que se dedica al estudio de la principal amenaza a la seguridad en Latinoamérica, destaca que en el país operan más de ocho mil grupos pandilleros, y que “redes especializadas” han surgido dentro de esas organizaciones.
Destaca que conocen denuncias de que las maras trabajan cada vez más de la mano de organizaciones criminales transnacionales como los Zetas. “Es la estructura más brutal de los carteles de México y era importante tener acceso a un grupo de asesinos —las pandillas— en toda Centroamérica. Ellos eliminan a rivales y protegen cargamentos de drogas. Las maras están felices de recibir droga como forma de pago, que luego venden a través de sus redes de distribución local”, resalta una publicación de la InSight Crime, titulada Maras en Guatemala.
El informe resalta que hay indicios de que las maras están involucrándose más con el crimen transnacional, en términos de tráfico de personas y de drogas. “Esto era inevitable, debido al hecho de que las dos principales bandas son de naturaleza transnacional, con presencia en Guatemala, Honduras, El Salvador y México, y con vínculos que se rastrean hasta en EE. UU.”, indica.
“Estos grupos impactan en las comunidades más vulnerables por extorsión, reclutamiento de jóvenes y sus agresiones contra mujeres y niñas. Las maras pueden impedir el comercio, libre expresión y participación en el sistema democrático, y el efecto psicológico es profundo y duradero”, señaló Steven Dudley, subdirector y cofundador de InSight Crime.
“Combatir es una cuestión de levantar el estándar de vida de todos a través de programas de educación, de entrenamiento y de comercio. Crear una sociedad más incluyente y menos susceptible a maras es el reto del Estado”, agregó.
Albergue
Las fronteras se han convertido en lugares de alojamiento para varias pandillas, tal es el caso de Huehuetenango y San Marcos.
En Huehuetenango, distintos sectores están preocupados por la migración de pandilleros y el involucramiento de jóvenes en hechos delictivos.
Marta González, comerciante, señaló que se ha incrementado la inseguridad en el mercado y la terminal de buses de esa cabecera.
Érick Villatoro, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en Huehuetenango, opina que los delincuentes encontraron en ese departamento un lugar para refugiarse.
Hace apenas 10 años, Retalhuleu era uno de los lugares más tranquilos del país; sin embargo, ahora las pandillas han ganado terreno.
La población vive con temor por la presencia de maras en San Sebastián, Champerico y El Asintal. Vecinos denuncian que los grupos reclutan a estudiantes.
Hugo Sandoval, jefe de la Comisaría 34 de la PNC, señaló que las maras son un problema que se ha incrementado en ese departamento, y a medida de prevención desarrollan actividades en planteles educativos.
Miedo generalizado
En Chimaltenango, las maras mantienen de rodillas desde hace varios años a la población, por el clima de inseguridad, terror y miedo que ha generado su lucha por territorios, sicariato y distribución de drogas, dicen residentes del lugar.
Miguel Salanic, párroco y coordinador de la Pastoral Indígena, indicó que la pérdida de valores cristianos en los hogares es lo que ha llevado a muchos menores a ser parte de este problema social.
En Santa Rosa, en los últimos meses las maras han sembrado terror, especialmente en Cuilapa, Barberena, Chiquimulilla y Nueva Santa Rosa, donde operan con libertad, debido a la cercanía de la cárcel El Boquerón.
En Escuintla, pobladores aseguran que ese es un mal que poco a poco llega a las comunidades más lejanas, que se han convertido en escondite para delincuentes.
En Quetzaltenango también se vive bajo la amenaza de las bandas, principalmente en San Juan Ostuncalco y Cantel, donde las facciones acaparan territorio.
Los presidentes del Triángulo Norte de Centroamérica, entre ellos el de Guatemala, se reunieron el 23 de agosto último en El Salvador para afinar la estrategia regional contra el crimen organizado y las pandillas.
El 3 de diciembre del 2015, el Ministerio Público (MP) suscribió un convenio de cooperación para el combate a las maras y criminalidad en Centroamérica con el Justice Education Society of British Columbia, de Canadá.
