Rodríguez sería una de las 41 niñas que morirían en el incendio, tras haber sido encerradas por las autoridades del centro a modo de castigo en un aula de 4 metros por 3. Otras 15 resultarían gravemente heridas, obligadas a someterse a amputaciones y a usar prótesis de manos, orejas, nariz.
BBC NEWS MUNDO
“Destruyeron sus vidas y ahora nos están pisoteando nuestros derechos como madres”: un año de la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, el albergue de Guatemala en el que murieron 41 menores
"Ojalá se haya escapado de nuevo". Eso fue lo que pensó Vianey Claret Hernández sobre su hija Ashley Angelie Rodríguez cuando hace exactamente un año supo por la televisión que el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, un albergue público para menores de Guatemala ardía en llamas.
Las víctimas del incendio estaban encerradas con llave como castigo. GETTY IMAGES
Pero eso, aquel 8 de marzo de 2017, su madre aún no lo sabía.
“'Ojalá se haya fugado. Ojalá se haya fugado, tan rebelde que es'”, me repetía yo mirando a la pantalla”, le cuenta Hernández a BBC Mundo un año después.
Y es que tenía experiencia en eso de huir.
La primera vez que Rodríguez ingresó en el que, por su espeluznante historial, se conocía como “hogar inseguro” fue el 20 de junio de 2016. Tenía 13 años.
Se había escapado de casa y andaba vagando con una amiga, y su madre, asustada de algo le pudiera pasar —”las calles nada bueno traen, solo sufrimiento, explotación, cárcel”— alertó a las autoridades de su desaparición.
Así, se activó el Sistema de Alerta Alba-Keneth, con el que varias instituciones públicas se coordinan para localizar a un menor.
Y cuando la encontraron, la juez que revisó el caso decidió enviarla al refugio, ubicado en El Platanar, en San José Pinula, a 23 escasos kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala.
Tres meses pasó allí. Hasta que volvió a fugarse.
“Si me llevas allí me mato”
“Llegó a la casa y me dijo 'mami, ya no me metas ahí. No regreso ni loca. Si me llevas me voy a matar'”, recuerda Hernández.
Según la mujer, su hija le contó que las monitoras las pegaban con regularidad, “y cuando ellas no podían ponían a otras niñas mayores a golpearlas”.
También le habló de encierros y días sin comer. “Y llegó con unas ronchas como las de esos perritos de la calle, que no dejan de rascarse”.
Ante eso, madre e hija presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Menores el 5 de diciembre de 2016.
Pero la víspera de la audiencia sobre su custodia, el 19 de diciembre, la menor volvió a irse de casa.
“Eran las 8 de la noche y cuando regresé de comprar tortillas ya no estaba”, hace memoria la madre.
Así que la historia se repitió: llamada a las autoridades, alerta Alba-Keneth.
La encontraron el 8 de febrero de 2017, con su novio. Y volvió a ingresar al Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
“Fue la última vez que la vi”.
“Calcinada, irreconocible”
Cuando supo del incendio corrió a donde estaba su marido, quien consiguió que le prestaran 200 quetzales (US$27) para llegar al albergue.
“Allí había ya un montón de familiares, queriendo saber de sus hijos”, recuerda.
En el albergue ya no quedaban internas, a las ilesas las habían reubicado y las heridas estaban en hospitales, dice.
“Así que yo di el nombre de Ashley, para averiguar dónde estaba, pero nadie me daba información”.
Tras pasar la jornada entera frente al portón de aquella institución para menores primero y en los pasillos del San Juan de Dios —el centro de salud público más grande del país— después, nada más amanecer se dirigió a la morgue.
“Mandé a mi esposo a los hospitales y yo para las 7 de la mañana ya estaba en la morgue. La primerita fui”, relata.
“Pero estaba atacada de los nervios. No podía caminar. Mis piernas no reaccionaban”.
Fue gracias al examen de ADN que le hicieron que pudieron confirmarle que una de las niñas muertas era su hija.
“Me dijeron que estaba calcinada, irreconocible. Y yo no quise verla así, porque ya no tenía su carita“. Se le entrecorta la voz. Llora.
A los cinco meses supo que a Ashley, de 14 años, jamás la llevaron a ningún hospital. Murió bajo llave, junto a otras 18 menores.
“Desde entonces no nos hemos recuperado. Y jamás lo vamos a hacer. Porque dígame, ¿cómo se recupera uno de algo así?”.
Proceso dilatado
No hay día que no piense en la tragedia. Pero eso no la paraliza. Al contrario.
Por eso, acude a cada audiencia y protesta para exigir que se acelere la investigación por el caso y se haga justicia. “Una justicia que sea justa, eso es lo que queremos”.
Eso mismo exigió este domingo la Coordinadora 8 de Marzo, que aglutina distintas organizaciones de mujeres de Guatemala.
El ente pidió celeridad para el proceso penal que enfrentan el exsecretario de Bienestar Social de la Presidencia, Carlos Rodas, la ex subsecretaria de Protección y Abrigo de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), Anahí Keller, y el exdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, Santos Torres.
A todos ellos se les imputan los delitos de homicidio culposo, incumplimiento de deberes y maltrato a menores, y tienen programada una audiencia para presentar pruebas en el juzgado cuarto de Primera Instancia Penal la semana del 19 al 23 de marzo.
La última audiencia, celebrada el 19 de febrero, fue pospuesta porque la abogada de los querellantes no pudo acudir, por lo que la Coordinadora 8 de Marzo denuncia la existencia de un “litigio malicioso” en el proceso.
También está procesada por el caso, en arresto domiciliario y a la espera de saber si enfrentará o no juicio la jefa del Departamento de Protección Especial Contra el Maltrato en todas sus Formas de la SBS, Brenda Chaman Pacay.
Y también el jefe de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación, Harold Flores, y la defensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Gloria Castro.
Además, entre los procesados están los agentes Luis Armando Pérez, subcomisario de la Policía Nacional Civil, acusado de “abuso de autoridad y maltrato contra personas menores de edad”, y la subinspectora Lucinda Marroquín, con cargos de homicidio y maltrato contra personas menores de edad.
“Es increíble que se esté demorando tanto”, reclama Hernández.
“Porque sí, hay otros juicios que se tardan, pero este caso es distinto”, remarca.
“Este crimen ocurrió en un centro público, así que hay responsabilidad del Estado“, reivindica.
“Destruyeron las vidas de ellas y ahora nos están pisoteando nuestros derechos como madres”.
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