López presentó los resultados del estudio “Dimensión e impacto de la Piratería online de contenidos audiovisuales en América Latina”, efectuado en 10 países de la región.
El estudio también detecta las pérdidas que impacta al mercado legal que se estiman en un rango desde US$733 millones hasta US$5 mil 200 millones.
Mientras que las ganancias de los negocios ilícitos que usan la piratería, se analizó entre los US$675 millones hasta los US$2 mil millones, dijo López. Además de pérdida de ingresos de impuestos para el fisco.
Con el estudio se detectó la disponibilidad y audiencia de la piratería de contenidos audiovisuales online en motores de búsqueda, redes sociales, tiendas de aplicaciones y espacios de compra electrónicos, así como el impacto económico de esta distribución ilegal en el mercado audiovisual formal, agregó.
El estudio analizó 10 países, entre estos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, en el plazo de noviembre del 2019 a marzo del 2020, pero no incluye a ningún país de Centroamérica, explicó el expositor.
“La mayor permanencia de los ciudadanos centroamericanos en sus hogares a causa del confinamiento por covid-19 y, por ende, la búsqueda de entretenimiento, han sido unas de las principales causas del surgimiento de servicios domiciliares que ofrecen en redes sociales cientos de canales a un precio muy bajo, ya que no pagan por los derechos de transmisión”.
En el caso de Guatemala, no existe un estudio específico para la IPTV, mientras que el ente regulador indica que no existe la legislación para el control de su comercio explicó Rodolfo Mendoza, director ejecutivo de la Asociación de Programadores, Distribuidores y Agentes de Canales de Televisión por cable para Centroamérica (Aprodica).
Los ejecutivos expusieron del tema en Foro “Oportunidades y Riesgos de la Televisión Digital en Centroamérica”, organizado por la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham) y así como cámaras y entidades de otros países de la región.
Sin embargo, Mendoza dijo que han analizado otros servicios. Por ejemplo, muchos cableoperadores locales están incluyendo en su programación contenido bajado de internet, como películas, series o eventos deportivos, sin gozar con la autorización de los legítimos propietarios del contenido, lo que constituye una violación a los derechos de autor y derechos conexos amparados en las legislaciones de cada país, asimismo muchos de ellos actúan sin los respectivos permisos regulatorios.
Agregó que Aprodica ha hecho estudios de la trasmisión ilegal del contenido por cable operadores y significa alrededor de Q150 millones de impuestos que deja de recibir el Estado y Q390 millones en ganancias indebidas por parte de lo que cometen los actos de piratería. Ahora, dijo se tendrá que analizar en el país el costo de la IPTV ilegal.
Aunque ya había bajado la trasmisión ilegal de ligas de futbol por los servicios de cable, volvió a subir debido al IPTV, añadió.
Le puede interesar: Conozca al comprador del 2021: sale menos y gasta más
“Las formas más comunes de realizar la práctica de piratería en IPTV es a través de la venta domiciliar de servicios de televisión digital con canales sin autorización de programadores, la inclusión de contenido bajado de internet, sin derechos, e incluidos como canales propios, y el uso ilegal de frecuencias para distribuir señal de internet y televisión digital a usuarios”, agregó Mendoza.
En el país se han tenido casos de éxito con controles, pero aún hacen falta, refirió.
Mencionó que para cableoperadores existe la regulación con la que cada sistema de cable debe registrar los derechos con el número de canales y los contratos para compra el contenido, en la Unidad de Control y Supervisión de cable (Uncosu), que forma parte del Ministerio de Comunicaciones. Si no poseen los contratos representa robo contra propiedad intelectual, también existe el delito contra derechos de autor y derechos conexos, explicó.
Indicó que en el caso de la piratería de la televisión en general lo que hace falta es voluntad, ya que cada gobierno ha cambiado a quien dirige el ente regulador, y en otros años incluso han hecho alanzas con cableoperadores que operan en forma ilegal usándolo como un ente político.
Sin embargo, comentó Mendoza, que para IPTV en Guatemala la regulación no es tan fuerte. Expuso que el ente regulador no entra a verificar las ventas de estos servicios que son residenciales, porque las autoridades han explicado que la regulación se refiere a través del cable físico. Sin embargo, Mendoza agrega que difieren de esa postura por lo que consideran que hay acciones que se pueden tomar a través de la fiscalía y en base a los delitos de derechos de autor y derechos conexos.
En un boletín divulgado por Amcham se refirió que ante la creciente problemática de la venta ilegal de señales de televisión por internet en la región de Centroamérica, conocida como piratería IPTV “el evento fue el inicio de una campaña para promover, a nivel regional, información acerca de las oportunidades y riesgos que el consumo de la televisión digital implica”.
