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Un grupo familiar habría fundado empresas para lavar dinero con la supuesta exportación de madera
De acuerdo con el Gafilat, se blanquearon unos US$5.9 millones por medio de pequeñas transferencias monetarias por supuestas ventas al exterior de madera y bienes conexos.
Empresas vinculadas se crearon para la exportación de productos forestales con fines de lavado de dinero, indica informe de Gafilat. (Foto Prensa Libre: Freepik)
Un grupo de empresas guatemaltecas con nexos familiares dedicada a la exportación de productos forestales (incluida madera) a países con alerta de tráfico ilegal de especies silvestres llamó la atención de autoridades locales e internacionales, ya que reportó crecimientos de ventas hasta de triple digito en un año fiscal.
Según información del expediente “Lavado de dinero relacionado con empresas comercializadoras de productos forestales”, del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) para Guatemala, se detectó un monto involucrado de US$5 millones 950 mil que equivale a unos Q46 millones y que forma parte del informe Tipologías regionales 2021-2022 en el cual, los especialistas de las unidades de inteligencia financiera (UIF) de Latinoamérica presentaron varios casos y su sustentación para contrarrestarlos y perseguirlos.
Una de las características observadas fue el uso de herramientas de “minería de datos” para identificar información que aportó las transacciones a varias empresas forestales con un desempeño atípico en sus gestiones, y las alertas por el registro de envío y recepción de transferencias internacionales hacia países de riesgo de tráfico ilegal de especies silvestres, como la República Popular de China y Singapur hacia donde se reportaron supuestas ventas al exterior.
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El reporte de Gafilat apunta a que esta tipología podría estar relacionada con la creación de empresas de pantalla o ficticias en los países de origen y destino de productos ilegales, ya que algunas de las empresas registradas en Guatemala que realizaron los despachos fueron desactivadas al no reportar movimientos en sus libros en los siguientes años, con el fin de perder el rastro. Los delitos determinantes son ambientales y como sectores vulnerados, una entidad bancaria.
Al utilizar “la ciencia de datos” se logró determinar incongruencias entre el monto de las operaciones realizadas, con los ingresos y egresos mensuales aproximados indicados por los involucrados, al iniciar la relación con el sujeto obligado.
Además, que se logró determinar que las empresas involucradas se relacionan entre sí por el parentesco existente entre sus representantes legales, aparte de que dos de ellas tienen registrado al mismo contador.
Otros indicios
El informe de Gafilat detalla la existencia de múltiples depósitos en efectivo que se realizaron por cantidades menores a US$10 mil para evitar el llenado del formulario para el registro de las transacciones que exige la ley.
También hay pagos por medio de cheques cobrados en efectivo por montos menores y a nombre de distintos beneficiarios, así como la recepción de múltiples transferencias internacionales con las mismas características.
Además, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) proporcionó información respecto a que la “empresa 1”, efectivamente registró exportaciones hacia países con riesgo de tráfico ilegal de especies silvestres por un monto mayor al observado en el análisis transaccional, pero las transferencias internacionales recibidas totalizaban menos que la venta pactada.
Asimismo, informó que la “empresa 2” registró exportaciones menores al monto recibido, mientras que las transferencias internacionales registraron las órdenes de personas jurídicas -empresas- cuyo nombre comercial no coincide con los de los clientes a quienes, supuestamente, se hizo el despacho de la madera desde Guatemala.
También llamó la atención la existencia de un proceso de registro de las empresas comercializadoras de productos forestales cada año y su inactivación cada tres años, precisamente cuando se cumple el plazo de ley para renovar la licencia emitida por el Instituto Nacional de Bosques (Inab).
En síntesis, el informe especifica que la “empresa 1” y “empresa 2” mostraron un crecimiento de ventas interanual por encima de la media de otras firmas establecidas en el mercado y con trayectoria. Por ejemplo, la “empresa 1” tuvo un crecimiento de ventas hacia el exterior de uno hacia otro año de 500% y de igual manera la “empresa 2” registró un aumento de ventas del 300% en un ejercicio fiscal.
La “empresa 1” y su representante legal tuvieron reportes de transacciones sospechosas (RTS) por hacer múltiples depósitos en efectivo por montos menores a los US$10 mil -Q78 mil- y a su vez constantes egresos con pago de cheques cobrados en efectivo por distintos beneficiarios y por cantidades mucho menores.
Entonces, al aplicar “la minería de datos” se pudo generar “un modelo de análisis de redes” con lo que se pudo vincular la relación entre “empresa 1” y “empresa 2”, por la identificación de transacciones relacionadas con cuentas personales de la representante legal de la “empresa 2”.
El perfil de la representante
Luego se logró determinar que la representante legal de la “empresa 2”, con 23 años en 2018, en el formulario para inicio de relaciones con la entidad comentó ingresos mensuales por US$385, constituyó una cuenta monetaria para su manejo como propietaria de una firma individual de comercialización de madera y registró como firmante adicional a un familiar cercano.
En los siguientes 90 días, se describe en el caso, la cuenta monetaria registró operaciones de créditos por más de US$256 mil 500 -unos Q2 millones- de transferencias provenientes en su mayoría de Estados Unidos, así como de transferencias de la “empresa 1”; y a su vez egresos por medio de pagos de cheques a varios beneficiarios.
La “empresa 1”, se registró en 2016 ante el Registro Nacional Forestal (RNF) pero se dio de baja en 2018; y en ese año se registró la “empresa 2”, con los fines comerciales de “procesamiento, compra, venta, exportación, importación de toda clase de madera de lícito comercio”.
Las otras “empresa 3”, y “empresa 4”, del conglomerado, se constituyeron con representantes legales con aparente parentesco, en el 2019 y 2020, ya que los apellidos concuerdan con los de las personas involucradas en los RTS que fueron identificados con anterioridad.
Ya no exportaban, pero recibían fondos
Al hacer el análisis comparativo de las transferencias internacionales a nombre de las personas individuales y jurídicas identificadas y las relacionadas con la “empresa 1” y “empresa 2”, se observó que, en el caso de la “empresa 1”, los flujos percibidos en transferencias fueron menores que las exportaciones reportadas, lo cual es una inconsistencia.
Además, que “empresa 1”, se inscribió en 2016 en el RNF, trabajó por tres años y mostró un crecimiento favorable de ventas, pero cerró operaciones en 2019 y ya no renovó su licencia. La “empresa 2”, al hacer el comparativo, se determinó que se inscribió en el RNF en 2018, y registró exportaciones en 2018 y 2019 con destino hacia China y Singapur por US$657 mil 956 -unos Q5 millones- y el monto de las transferencias recibidas fue de US$2.13 millones -unos Q16 millones-.
A pesar de no registrar despachos de exportación del 2020 al 2022, continúo recibiendo transferencias internacionales por un total de US$3.79 millones -unos Q29 millones-, sin contar con ningún fundamento económico o legal.
Finalmente, se logró identificar que en las transferencias internacionales se tuvo como ordenantes a personas jurídicas cuyo nombre comercial no coincide con los de los clientes a quienes se les habría hecho el despacho de la madera.
La creación de empresas pantalla
El informe de Gafilat precisa que se logró identificar que las empresas dedicadas a las actividades forestales iniciaban operaciones de manera consecutiva cada año y las desactivaban tres años después.
En 2014 iniciaron operaciones con la “empresa 5”, pero en 2016 ya figuraba como inactiva ante el Inab. En el 2015 se crea la “empresa 6” con el mismo representante legal y en el 2017 dejó de operar.
Se menciona que el representante legal de “empresa 5” y “empresa 6”, se encuentra ligado a proceso iniciado por el Ministerio Público, pero bajo el delito de recolección, utilización y comercialización de producto forestal sin documentación.
Una de las conclusiones de la investigación es que se evidencia la vulnerabilidad para la explotación y comercio de especies forestales, con la constitución de empresas con aparente actividad comercial que facilitan la introducción de fondos con origen ilícito al sistema financiero, y que afecta directamente el desarrollo y sostenibilidad del país en materia ambiental y económica.
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