El representante de la compañía comentó que a Uber no se le permitió participar en la construcción de la iniciativa de ley presentada hoy por el Gobierno al Congreso, pero que espera contribuir.
“Nos ponemos a las órdenes de la Asamblea Legislativa para contribuir con la experiencia adquirida por la participación en más de 132 procesos de construcción de regulación alrededor del mundo, donde ha sido posible regular de forma diferenciada e innovadora estos nuevos modelos de negocio”, concluyó Echandi.
El proyecto de ley establece el impuesto de valor agregado del 13% y además el tributo sobre las remesas al exterior que es del 8.5%.
La iniciativa de ley también obliga a las Empresas de Plataforma de Transporte (EPT), como es el caso de Uber, a aportar un 3% del precio cobrado al usuario para crear el Fondo Nacional de Movilidad, cuya misión será la modernización del transporte público del país.
El proyecto declara a todas las EPT como un servicio público, pero no estarán sujetas a la regulación tarifaria de la estatal Autoridad Reguladora de los Servicio Públicos, y además estas compañías deberán inscribirse en el Consejo del Transporte Público (CTP).
Para los taxis oficiales, la legislación aprueba que se establezca una tarifa máxima que contemple el primer kilómetro más el recorrido adicional, y los conductores estarán habilitados para negociar un precio menor con el usuario.
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El ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, aseguró que se trata de un proyecto “balanceado” que crea un marco normativo para regular la operación de las empresas como Uber y además moderniza el servicio de taxi.
Uber opera en Costa Rica desde agosto de 2015 y reiteradamente el Gobierno ha dicho que el servicio de transporte remunerado de personas que se brinda por medio de esa plataforma es ilegal y aplica multas a los conductores.
Sin embargo, la empresa Uber asegura que opera bajo un marco de legalidad y se ha mostrado dispuesta a participar en una mesa de diálogo para aportar ideas sobre la regulación de la actividad.
El gremio de los taxistas ha pedido numerosas veces al gobierno “cancelar o bloquear” la operación de la app de Uber en el país, pues consideran el servicio como competencia desleal por sus tarifas más bajas y porque no cumplen con regulaciones que el Estado aplica a los taxis.
Según datos de Uber de mediados de 2018, Costa Rica, una nación de 5 millones de habitantes, es el país de América Latina con mayor penetración per cápita de la plataforma, con 22 mil conductores afiliados y 783 mil clientes.
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