Algunos ven la búsqueda de nuevas opciones como resultado de la renuencia de Trump a establecer parámetros claros para su plan y de su objetivo especialmente difícil: reducir los impuestos lo suficiente como para estimular el crecimiento sin hacer que se dispare el déficit presupuestario.
Funcionarios del gobierno dicen ahora que es improbable que la reforma de impuestos alcance el plazo de agosto, fijado por el secretario del Tesoro Steve Mnuchin. Sin embargo, el paso ambicioso para conseguir un plan refleja la premura de Trump para superar el fracaso en las gestiones para conseguir un acuerdo con su propio partido sobre cómo reemplazar la ley de salud de su predecesor Barack Obama.
La Casa Blanca trata de aprender las lecciones de ese fracaso. En lugar de aceptar una propuesta de ley escrita por legisladores, los funcionarios de la Casa Blanca buscan ahora un papel más activo. Han indicado que quieren aprobar una ley fiscal solamente con los votos republicanos, pero han estado presentes también en sesiones con los representantes demócratas.
Los asistentes de la Casa Blanca dicen que el objetivo es recortar los impuestos lo suficiente como para mejorar el panorama económico en empobrecidas áreas rurales e industriales del país donde viven muchos de los votantes de Trump, pero el gobierno hasta ahora ha rechazado formas alterativas para elevar ingresos, como el impuesto sobre el carbono, para contrarrestar las bajas tasas.
Trump no ha dicho qué concesiones haría y no ha expresado su posición hacia la propuesta principal, del representante Kevin Brady.
Brady ha propuesto un sistema de ajustes que eliminaría las deducciones corporativas sobre las importaciones, para recaudar un billón de dólares en 10 años para financiar tasas tributarias más bajas a las corporaciones.
No obstante, esa propuesta ha alarmado a los minoristas, que dicen que llevaría a precios más altos y amenazaría millones de empleos, mientras que algunos legisladores temen que el sistema viole las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Brady ha dicho que planea enmendar su plan, pero no ha indicado cómo.
Otra opción analizada en el Capitolio cambiaría al plan republicano en la cámara baja que eliminaría casi todos los impuestos sobre nómina y que reduciría las tasas de impuestos a las corporaciones. Eso requeriría una nueva fuente dedicada de fondos para financiar el Seguro Social.
Ese cambio, propuesto por un cabildero republicano con estrechos lazos con el gobierno de Trump, transformaría el plan de Brady sobre importaciones en algo más cercano a un impuesto al valor agregado, eliminando además la deducción de gastos por mano de obra.
Eso lo colocaría en cumplimiento de las reglas de la OMC y generaría unos 1,2 billones de dólares adicionales en 10 años, de acuerdo con los cálculos. Esos ingresos adicionales pudieran entonces permitir el fin del impuesto de 12,4% sobre las nóminas, que es dividido a partes iguales entre empleados y empresas, que financia el Seguro Social
