También se aprobó facultar al Administrador Único y Representante Legal de Ferrovías, José Fernando Ulloa Rosenberg, para que se suscriba un contrato de arrendamiento con la empresa mexicana Remed, S.A.
El contrato no es de usufructo ni concesión, sino de arrendamiento de bienes inmuebles de utilidad ferroviaria, usufructuados a favor de Ferrovías, S.A., aclaró la Procuraduría General de la Nación (PGN).
La minuta del contrato recibió el 81.6% de votos a favor y 18.4% en contra, y entre quienes lo aprobaron se encuentra el PGN, quien representa al 80% de las acciones del Estado ante Ferrovías.
Uno de los accionistas que votó en contra fue Inversiones Maratón, informó Jordán Rodas, Procurador de los Derechos Humanos (PDH), quien estuvo presente en la asamblea.
Detalles
La presentación de la minuta del contrato estuvo a cargo del abogado Roberto Morales, quien detalló que el mismo establece que el 4.5% de los ingresos del arrendamiento por derecho de vía serán para el Estado de Guatemala, y otro 4.5% por la prestación de los servicios ferroviarios.
Jorge Luis Donado, titular de la PGN, afirmó que revisaron a detalle los puntos del contrato y reconoció que, en su momento, habían planteado algunas observaciones al primer borrador que se redactó en febrero del año pasado. Pero, en diciembre del 2021, Ferrovías remitió uno nuevo a la institución y recibió un dictamen legal favorable porque se incluyeron las recomendaciones de la PGN.
“Esos porcentajes de ganancia se determinaron de acuerdo con parámetros internacionales relacionados con operaciones ferroviarias. Además, el Estado de Guatemala no deberá invertir y no nos sometimos a ningún arbitraje internacional, por si en algún momento se generara alguna controversia”, refirió Donado.
En esa línea, el director de Ferrovías dijo sentirse tranquilo y satisfecho por la aprobación del contrato con Remed S.A., porque es una negociación que ha durado más de dos años y aseguró que todo es legal, aparte de que se estableció en uno de los puntos la imposibilidad de caer en arbitrajes por parte de la empresa en el futuro.
“Cuidamos y respetamos los intereses de Guatemala y el Contrato 402 de Fegua por la administración y usufructo de bienes del Estado. Por tres meses se trabajó en el desarrollo del contrato y ya estoy facultado para firmar, con el objetivo de la reactivación ferroviaria”, expresó Ulloa.
Al cuestionar por qué no se abrió una convocatoria pública, Ulloa afirmó que el objetivo de Ferrovías es la reactivación ferroviaria y durante 24 años no se había llevado a cabo y eso deja en evidencia que ni el Estado ni otra empresa internacional demostró el interés de trabajar.
“Pudimos haber firmado el contrato de una vez en mi oficina, sin tener que exponerlo ante la Asamblea de Accionistas porque estoy facultado para hacerlo, pero la intención es mantener la transparencia, por lo que ellos decidieron aprobarlo”, enfatizó.
El director de Ferrovías dijo que próximamente establecerán la fecha de la firma del contrato con la empresa mexicana y así poner en marcha al proyecto llamado Ferrrocarril Bicentenario, que consiste en la rehabilitación de 235 kilómetros de vía férrea (desde San Marcos hasta Puerto Quetzal) por 26 años y una inversión de aproximadamente US$700 millones.
En cuanto a los derechos de vía, Fegua asumió la responsabilidad del desalojo que sea necesario, por lo que la empresa Ferrovías también ha iniciado negociaciones con personas propietarias de terrenos aledaños, para poder gestionar libramientos.
Augusto Romeo Ponce, interventor de Fegua, agregó que la población guatemalteca demanda desde hace mucho tiempo la reactivación del tren en Guatemala. “Deberemos dar seguimiento a los análisis y deficiencias que existan en el camino y ventilarlos, de manera que Ferrovías tenga la libertad del otorgamiento del contrato”, destacó.
Objeciones
El PDH señaló que habiendo mecanismos más creíbles y objetivos se está replicando ese ejemplo, sin tratar de evitar la discrecionalidad. Además, cuestionó que no se invitó a otras empresas ni se abrió una convocatoria más transparente. “En este momento se podría firmar el contrato y suscribir el acta, pero el negocio es opaco y ojalá que no se llegue a concretar. De hacerlo, está sujeto a impugnaciones”, aseguró Rodas.
Por lo tanto, solicitó al Procurador General de la Nación, una copia de la minuta del contrato para poder analizarlo de manera integral, porque existe una preocupación latente de que pueda ser lesivo para el Estado, dado que no existe una garantía sobre la inversión que propone la empresa Remed S.A. por US$700 millones en un periodo de 26 años, lo que genera incertidumbre sobre la viabilidad del proyecto.
Luis Fernando Pineda, presidente de la comisión de Integración Regional del Congreso de la República, lamentó que los accionistas de Ferrovías hayan aprobado ese contrato de manera opaca y por la postura que tomó el PGN, votando a favor.
“Llama la atención que la empresa no ha demostrado la facultad técnica y operativa para llevar a cabo esa inversión y nuevamente se hace un negocio que deja dudas y no aclara los beneficios para todo el pueblo de Guatemala. Así que solicitaremos la minuta del contrato para analizarlo”, dijo el legislador.
A su juicio, no se especifica cómo se calcularán los ingresos y si ese 4.5% se calculará sobre ingresos o utilidades. “Si fuera el segundo caso, pueden reportar cero utilidades y el Estado de Guatemala nunca recibiría nada”, expuso.
Otra inconsistencia
La agenda de la asamblea contemplaba, en el tercer punto, la presentación del análisis legal del contrato de servidumbre voluntaria y onerosa de paso e interconexión ferroviaria suscrito entre Ferrovías, S.A. y la empresa Puertas del Istmo, S.A., según lo acordado en octubre del año pasado.
También facultar al representante legal de Ferrovías para iniciar las acciones legales pertinentes en relación con el contrato suscrito en junio pasado con Puertas del Istmo.
Según Ulloa, el contrato evidenció inconsistencias y lo que suceda a futuro dependerá del proceso porque hay evidencias recabadas por el Departamento Legal, que se deben tomar en cuenta.
Donado afirmó que se tienen que determinar las acciones legales pertinentes contra esa empresa porque hay probabilidad de que esa negociación contenga algún tipo de vicio o ser ilegal.
“El análisis determinó que hay algún tipo de anomalía en temas de registros y el anterior director de Ferrovías se atribuyó responsabilidades que no le correspondían”, agregó el PGN. Puertas del Istmo también tendrá la oportunidad de presentar su defensa cuando sea el momento pertinente.
