Representantes del Instituto de Investigación y Proyección sobre Economía y Sociedad Plural (Idies) de la Universidad de Rafael Landívar y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, así como la Superintendencia de Bancos (SIB) presentaron propuestas y los integrantes entrarán a conocer previo a emitir la versión final.
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Luis Fernando Montenegro, vicepresidente de la Comisión, aclaró que si bien se busca una normativa que busca proteger a los cuentahabientes de las tarjetas de crédito, también se busca crear un balance, ya que hay usuarios que cometen fraudes y la idea no es ponerle freno a un acceso de financiamiento fácil para los consumidores.
La SIB informó que hasta hoy en el país hay un millón 722 mil tarjetahabientes y la cartera es de Q13 mil 750 millones, con una tasa de morosidad de 3.6% que representa unos Q4 mil millones.
Dos planteamientos
La primera intervención que escuchó la Comisión fue de Silvana Zimeri, directora del Idies, quien propuso un sistema mixto, es decir, una tasa de interés fija, con contrato por un determinado tiempo y por otro lado una tasa variable o libre pactada entre el cuentahabiente y el emisor.
La idea es que quede una tasa de interés que sea fija a lo largo del contrato y por una tasa variable que dependería del mercado, compuesta por un elemento variable por medio de la tasa de interés promedio ponderada que es del 23% en consumo y el elemento fijo sería de un mutuo acuerdo entre los clientes.
Citó, por ejemplo, que la tasa variable sea el doble, es decir, del 46%, pero no existen análisis sobre las tasas del mercado para encontrar una referencia, para que no existan intereses excesivos.
En la actualidad hay tasas que llegan al 60% y hasta el 80%.
El promedio ponderado de la tasa de interés para tarjetas de crédito que maneja la SIB es del 46%.
“Sí puede funcionar una tasa de interés mixta, porque las emisoras de tarjeta de crédito tienen la capacidad de hacerlo. La ventaja para el usuario es elegir entre productos que tengan una tasa fija y una que sea variable para profundizar la competencia y eso conlleva a mejores tasas de mercado”, puntualizó Zimeri.
Carlos Barreda, presidente de la Comisión, explicó que con base en ese planteamiento realizarán la discusión final para preparar el borrador.
“Es razonable el planteamiento y la comisión se inclinará para estudiarla con mayor profundidad”, afirmó el legislador.
Ricardo Barrientos, del Icefi, respaldó el planteamiento del Idies y sería de “aterrizarlo” más adelante con más elementos.
Planteó que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) también debe de ejercer controles, sobre todo en materia tributaria y fiscal en el mercado de las tarjetas de crédito.
Acuerdo en pagos
El superintendente de la SIB, Érick Armando Vargas Sierra, enfatizó que la mayoría de los casos que conocen es que los cuentahabientes registran atrasos en sus pagos, no pueden salir de sus deudas en los tiempos establecidos y van acumulando los intereses.
Aunque hay un contrato libre entre cuentahabiente y emisor, se busca crear un mecanismo que permita negociar con la entidad formas de pago o convenios cuando ya no esté en posibilidades de seguir atendiendo sus obligaciones.
Por el lado de la supervisión, los emisores que no formen parte de un grupo financiero, incluirlos, y la protección de los tarjetahabientes sea manejada por la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), adscrito al Ministerio de Economía.
Rudy Castañeda, de la Comisión de Finanzas, dijo que uno de los problemas actuales es que en Guatemala no existe una Ley de Competencia para poder hacer todas estas regulaciones, aunque en el fondo la situación actual apunta a las tasas de intereses que se cobran o cobros adicionales, sin dejarlo claro a los clientes.
“La tarjeta de crédito es un medio de pago, sin embargo, muchas personas la utilizan como una línea de crédito”, subrayó Castañeda.
La comisión acordó avanzar en las siguientes tres semanas la versión final.
Libre mercado
Christian Nolck Rodríguez, vicepresidente de la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG), explicó que, aunque no conoce las propuestas abordadas en la Comisión, apoyan las iniciativas relacionadas al libre mercado, economía y una buena supervisión.
“De las dos alternativas se percibe un buen acuerdo que se pueda llegar a un término adecuado para poderle brindar garantía al cliente en determinado tiempo con tasa fija o con base a condiciones de mercado tener un rango”, precisó.
El presidente de la CFG reiteró que no es positivo para el mercado la fijación de una tasa tope de interés, mínimo o máximo, que, para cualquier actividad, lo que puede, perjudicar a los clientes al largo plazo.
Regulación de protección
Carlos Vásquez, vocero de la Diaco, explicó que en el marco legal actual no existe una normativa que proteja a los consumidores del sistema financiero y con la experiencia de la institución se han logrado conciliaciones.
Afirmó que existe un vacío legal y la Diaco no tiene los instrumentos para poder actuar.
Lo que sí dejo claro es que se necesita una normativa para velar por la protección a los tarjetahabientes, que será una decisión que se discuta en el Congreso.
Adelantó que se creará la unidad de atención a las quejas de los consumidores en el sector financiero, que se especializará en atender este segmento.
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