Pero “no tiene sentido tener un comité sobre transparencia, que no es transparente“, sostuvo el profesor de la Universidad de Columbia (Estados Unidos) en la entrevista telefónica con Acan-Efe, después de conocerse su renuncia y la del experto Mark Pieth, profesor de Derecho Criminal y Criminología de la Universidad de Basilea (Suiza) al encargo de Varela.
Stiglitz aseguró que cuando él y Pieth aceptaron unirse al grupo asumieron que el Gobierno estaría dispuesto a publicar íntegramente los resultados, y que luego hubo un consenso entre los miembros sobre las garantías futuras que debían dar las autoridades panameñas.
Esto a pesar de que el decreto que conformó la comisión establece la autoridad exclusiva del Ejecutivo panameño sobre el contenido del trabajo de ese cuerpo y el compromiso de sus miembros de no hacer públicos sus resultados, lo que ahora destacan los otros integrantes de la mesa, sorprendidos por las dimisiones.
El Gobierno, que atribuyó las renuncias a “diferencias internas”, dio un paso adelante y aseguró este viernes que había “autorizado a los miembros activos del comité a publicar este reporte cuando lo estimen necesario”.
Pero para el estadounidense las deliberaciones reales de este grupo nunca comenzaron. Su primer reporte, del que el Gobierno informó el pasado 21 de julio (sin hacerlo público), ni siquiera fue aprobado por él y Pieth.
Desde de la última reunión, que se dio en junio en Nueva York, los debates del comité estuvieron suspendidos a la espera de que el Gobierno panameño confirmara su voluntad de publicar las conclusiones del trabajo sin cambiar su contenido.
Petición
La Cancillería panameña les llegó a comunicar que no podía garantizar esa solicitud, que para Stiglitz “no era mucho pedir. Era pedir lo que cualquier comité de nuestro tipo hubiese pedido”.
“No entendíamos por qué el Gobierno no estaba dispuesto a hacer público el informe. Y el hecho de que no pudieran darnos seguridad era perturbador”, relató el premio Nobel.
“Nunca quisieron publicar el informe intempestivamente. Le darían tiempo al Gobierno para verlo, analizar sus respuestas”, sostuvo.
Stiglitz aboga por la necesidad de crear un registro público de todos los beneficiarios finales de las corporaciones inscritas, a su juicio, una de las principales carencias del sistema en Panamá, y que explica las revelaciones de los archivos del bufete panameño Mossack Fonseca.
La gigantesca filtración de documentos de la firma dejó al descubierto miles de sociedades offshore -una figura jurídica que es legal- de testaferros y personalidades de todo el mundo, lo que levantó sospechas por evasión de impuestos y ocultamiento de fortunas.
El Gobierno de Panamá respondió con la creación del comité de expertos que ayudaría al país a ponerse al día, y con su voluntad de alcanzar en 2018 el intercambio automático de información fiscal con todos los países con los que tenga tratados bilaterales, tal y como lo hace Estados Unidos.
Stiglitz consideró este un gran paso positivo pero “no será suficiente”.
Aunque se piense que el secreto bancario puede contribuir a la prosperidad del sector, “no será posible para Panamá seguir siendo un centro financiero, a menos que se vuelva transparente”, de acuerdo con el experto en desigualdad y globalización.
Tolerancia cero
El mundo se está moviendo rápidamente hacia una “tolerancia cero” del secreto bancario, y “varios actores principales de la comunidad internacional ya han sugerido que Panamá sea aislado por su falta de transparencia“, sobre todo después del escándalo de Mossack Fonseca, consideró.
“Los papeles de Panamá recordaron a la comunidad internacional una mala conducta detrás del secreto bancario (…) que se extiende a la evasión de impuestos y al lavado de dinero”, agregó.
Y esto no significa, según Stiglitz, que Panamá sea el epicentro de este problema global, pero “cualquier involucrado será mirado cada vez más con un extraordinario escrutinio”.
