Crecimiento económico, ingresos tributarios, falta de fortalecimiento de las instituciones, necesidad de mejora en el clima de negocios y cumplimiento de contratos para atraer inversión son algunos de los puntos expuestos por el director.
¿Qué significa que la agencia haya mantenido la calificación al país?
El comité decidió confirmar la calificación de Guatemala. En moneda extranjera se confirmó en BB- y en moneda local de BB y la perspectiva se mantiene estable en ambas escalas de calificación.
Significa que el comité vio que no hay cambios y que nuestra opinión sobre la calificación para la actividad crediticia de Guatemala sigue siendo la misma y la perspectiva es estable.
¿En qué elementos se basa esa decisión?
Se consideraron aspectos en varias temáticas. Se tendrá un nuevo Gobierno, que entrará en funciones en enero del 2020, y lo que esperamos es en general una estabilidad en las políticas económicas. No prevemos que haya un cambio o un deterioro significativo en la parte fiscal, así mismo esperamos que haya estabilidad en el nivel de deuda de Guatemala.
Lo que estamos observando es que quizá el nuevo Gobierno tenga un entorno político desafiante y sabemos que habrá también un nuevo Congreso que entra en las mismas condiciones que el presidente.
El presidente electo deberá buscar alianzas para ver qué tanto puedan hacer con las reformas que tienen previstas.
¿Qué riesgos se detectaron?
Dentro de las limitantes más importantes de la calificación es que consideramos que el crecimiento aún es débil, si bien en el 2018 tuvo un repunte respecto del año anterior, los niveles de crecimiento de 3.5% todavía son insuficientes para que Guatemala pueda reducir de manera sustancial el nivel de pobreza.
Dentro del escenario negativo lo que nos podría llevar a un cambio de calificación es básicamente si hubiera un deterioro inesperado de las políticas económicas de tal manera que se erosionen las expectativas de crecimiento y que esto contribuya a un deterioro de las finanzas.
Este es un escenario que nos podría llevar a bajar la calificación y es un tema que daremos seguimiento en los próximos 12 o 24 meses, pero este no es nuestro escenario base por eso estamos confirmando la calificación con perspectiva estable.
En resumen, estos elementos, en términos de un deterioro de las políticas económicas, menores expectativas de crecimiento económico o un deterioro en las finanzas públicas es lo que nos podría llevar a bajar la calificación.
Actualmente con base a todas las opiniones y análisis que recibimos cuando estuvimos en Guatemala, no creemos que se haya llegado a estas condiciones, por eso el Comité decidió ratificar la calificación.
Parte de las fortalezas de la calificación es que, ante este entorno, que lo considero un poco desafiante para el 2020, esperamos que no haya un deterioro en la parte fiscal ni externa.
Otra de las fortalezas en la calificación es la política monetaria donde el banco central ha tenido una notable independencia y con un tipo de cambio flexible que ha permitido anclar las expectativas de inflación.
Han indicado que una de las preocupaciones siguen siendo los ingresos tributarios, ¿qué ha sucedido y qué tendría que hacer el país?
El bajo nivel de ingresos tributarios que ha estado por debajo del 10% del Producto Interno Bruto (PIB) es justamente una de las limitantes de la calificación.
Lo que estamos indicando es que uno de los elementos que podría llevar a un mejor nivel de calificación a Guatemala es si el Gobierno entrante logra plantear una agenda de reformas de manera que fortalezca en primera instancia la gobernabilidad de las instituciones públicas del país, que logren impulsar los ingresos tributarios y fortalezca las expectativas de crecimiento.
Actualmente el nivel de recaudación está por debajo del 10% del PIB, es uno de los más bajos de la región y lo hemos estado apuntando como una de las limitantes en varias evaluaciones.
Aquí lo que prevemos es que en términos de eficiencia administrativa por parte de la autoridad fiscal quizá no hay mucho espacio adicional, entonces lo que se necesita fortalecer, en relación de ingresos tributarios al PIB, es llevar a cabo una reforma.
Estaremos atentos a qué tanto puede avanzar el siguiente Gobierno y en qué tiempo lo podría llevar a cabo.
¿Qué tipo de reforma se necesitaría?
No podemos dar un tipo de asesoría ni lineamientos específicos, lo que evaluaremos es si el Gobierno plantea una reforma fiscal que logre aumentar su recaudación tributaria. Una vez que esté planteada la analizaremos.
¿Qué perspectivas ven con el cambio de Gobierno, ya que la ideología es similar al que está por salir?
Uno de los elementos importantes de la ratificación de la calificación fue nuestra expectativa de continuidad de las políticas claves principalmente en la parte económica.
No prevemos ningún cambio. La ideología es relativamente similar al Gobierno saliente, entonces lo que estamos previendo es una continuidad en general. Evidentemente habrá que esperar y quizá en los primeros meses de ejecución o en un año, hacer alguna estimación o evaluación, pero a estas alturas lo que prevemos es la continuidad de las políticas que hay.
Cuando menciona continuidad, ¿también se refiere a la polarización y enfrentamiento político que ha existido?
Ahí también prevemos que en este nuevo período el Congreso seguirá siendo dividido y ya sabemos que el partido del presidente electo no tiene mayoría.
Vemos que esta fragmentación política de cierta manera va a seguir limitando la capacidad para lograr avances en algunas reformas que plantee el Organismo Ejecutivo, pero aquí veremos qué tanto el presidente electo podrá conseguir alianzas para la aprobación de leyes en su Gobierno.
¿Qué impacto podrían tener acciones recientes como la salida de la Cicig en septiembre del 2019, la discusión por la elección de los magistrados de la Corte Suprema y las denuncias de posibles vicios?
Esta parte la llevamos dentro del factor que denominamos la evaluación institucional y vemos un panorama donde todos los niveles de pesos y contrapesos son débiles, los temas de corrupción siguen limitando la efectividad de las políticas públicas.
Luego de que se dio la salida de la Cicig en septiembre de este año, lo que prevemos es que el Gobierno entrante siga con la búsqueda de acciones en este tema y que lo mantenga en su agenda y sea uno de los puntos relevantes de su administración.
En la medida de la efectividad con que se pueda avanzar podremos ver si tendrá un impacto en el nivel de institucionalidad. Pero hoy por hoy esto sigue siendo una limitante en la calificación de Guatemala en términos de la baja efectividad de las políticas públicas donde la corrupción es uno de los temas que no permite tener avances significativos.
¿En el clima para la inversión qué visualizan?
Lo que prevemos es que paulatinamente se pueda fortalecer la aplicación de la ley en el cumplimiento de los contratos y que ese será uno de los factores positivos que podría llevar a hacer un poco más atractiva la inversión privada y que esto pueda contribuir al crecimiento económico del país. Veremos cómo se avanza en estos temas durante el siguiente Gobierno.
La Inversión Extranjera Directa (IED) ha estado disminuyendo durante los últimos años, pero nosotros prevemos que con el nuevo Gobierno esto se va a revertir.
¿Cuánto tiempo tardaría en revertirse ese comportamiento en IED?
Para el cierre del 2020 podríamos observar un ligero incremento, pero estamos conscientes de que esto lleva tiempo consolidarlo. Estamos previendo en el escenario base que en el 2020, 2021 incluso 2022 esto se vaya fortaleciendo paulatinamente.
Los mercados requieren tiempo, pero dependerá de qué tan bien se pueda implementar y qué tan bien se pueda mejorar la servidumbre para que esto coadyuve con la mejora de la atracción de inversionistas.
Al mencionar contratos, ¿a qué se refiere?
A fortalecer la aplicación de la ley en el cumplimiento de los contratos con la iniciativa privada.
Entendemos que hay una agenda bastante grande de proyectos de inversión de APP (alianza público-privada) donde el sector privado es uno de los elementos claves para poder avanzar en este tipo de inversión. Aquí esperamos que quitar la incertidumbre legal pueda ayudarles y paulatinamente fortalecer la confianza de los inversionistas.
Semanas después de que la firma hizo su evaluación el Congreso no aprobó un presupuesto del Estado para el 2020. ¿Cómo afectará esto?
Por el momento no afectará. Lo que vimos es que la parte fiscal estaría muy similar al 2019.
Para el 2020 el presupuesto tenía un déficit un poco más elevado, pero veremos también si el Ejecutivo quiere plantear modificaciones durante la nueva legislatura.
Mantener el patrón que vimos durante el 2019 y replicado en el 2020 es lo que planteamos en nuestro escenario bases, con un déficit relativamente más alto como se había propuesto originalmente, pero si esto se mantiene en niveles similares, no nos afectaría la evaluación.
Regularmente cuando sucede esto los gobiernos se tardan unos cuatro meses en readecuar el presupuesto. ¿Esto podría atrasar la inversión estatal o atracción de inversión extranjera?
Dependerá mucho del Gobierno respecto de qué tan rápido se pueda resolver este tema y una vez que estén en funciones, ver qué tanto se puede plantear en la agenda las prioridades a la parte de inversión y programas sociales.
Aquí lo que vimos es un escenario bastante similar al 2019, pero mientras nos mantengamos en un entorno con resultados parecidos no va a afectar nuestra calificación y más bien lo que haríamos esperar conforme vaya avanzando el año y ver cómo se está dando la ejecución presupuestaria.
Además, durante diciembre la Junta Monetaria suspendió las operaciones del Banco de Crédito, S. A. ¿Afecta la visión que tienen del sistema bancario o la calificación del país?
Por el momento en términos de la calificación del soberano no le estaría afectando, evidentemente será un tema que daremos seguimiento. Otro grupo evalúa el sistema bancario pero en general se ve como un sistema bastante estable y habrá que ver qué efecto tendría.
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