Pero se trata de tratamientos preferenciales que consisten en exenciones, deducciones, créditos, tasas reducidas y diferimientos, contenidas en la Constitución Política de la República y en leyes ordinarias aprobadas por el Congreso, a lo cual se denomina Gasto Tributario.
Entre los beneficiarios por mandato constitucional están las universidades, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), centros educativos, el Comité Olímpico Guatemalteco (COG y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG).
Por otro lado, están los sectores que las leyes ordinarias exentan de forma expresa, como determinadas personas individuales y familias; instituciones que se dedican a la intermediación financiera; ciertas actividades mercantiles; instituciones de asistencia social; contribuyentes acogidos a los Decretos 29-89 (ley de fomento y desarrollo de la actividad exportadora y de maquila) y 65-89 (ley de zonas francas); instituciones gubernamentales; cooperativas; misiones diplomáticas e internacionales; y generación de energía eléctrica; entre otros.
Mientras tanto, la Intendencia de Recaudación de la SAT, por ley debe realizar la estimación anual del gasto tributario de los principales impuestos, y el resultado es que en nueve años se han otorgado beneficios fiscales por los Q126 mil millones mencionados, lo que implica un promedio anual de unos Q14 mil millones.
Beneficiarios en el 2021
El informe del 2021 precisa que hay 17 beneficiarios en el reporte del gasto tributario, de los cuales, cuatro son constitucionales y 13 por leyes ordinarias. El único que no tuvo movimiento y se encuentra en cero, según el cuadro, fue la actividad de minas, canteras y extracción petrolera.
De los beneficiarios constitucionales, las universidades reportaron Q1 mil 621 millones que representa el 8.8% de la estructura; seguidas del IGSS con Q1 mil 354 millones (7.4%); centros educativos Q1 mil 170 millones (6.4%); y COG-CDAG con Q11 millones.
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Del total para este segmento de beneficiarios, el ISR no pagado sumó Q2 mil 167 millones que representa el 52.1%; y el IVA exento totalizó Q1 mil 972 millones (47.4%) que en su conjunto representan el 99.5%.
Para el caso de los beneficiarios por leyes ordinarias, las personas individuales y familias no pagaron Q5 mil 105 millones (35%); intermediación financiera, Q2 mil 233 millones (15.6%); actividades mercantiles, Q1 mil 916 millones (13.4%); instituciones de asistencia social, Q1 mil 76 millones (7.5%); exportadores y maquileros, Q951 millones (6.6%); empleados en relación de dependencia, Q745 millones (5.2%); e instituciones gubernamentales, Q647 millones (4.5%); entre otros.
Por el IVA, el monto total no percibido por la SAT fue de Q9 mil 541 millones y por el ISR, Q3 mil 114 millones, que en su conjunto suman Q12 mil 655 millones.
Aumenta cada año
De acuerdo con lo anterior, el reporte correspondiente al 2021 indica que el gasto tributario total fue de Q18 mil 401 millones, que representó 2.8% del PIB (calculado en Q665 mil 48 millones). Por impuestos internos fueron Q17 mil 595 millones y por los que gravan el comercio exterior, Q806 millones.
De impuestos directos fueron Q5 mil 947 millones, de los cuales el 89% fue el impuesto sobre la renta (ISR) con Q5 mil 947 millones y el resto, el impuesto de solidaridad (ISO) por Q665 millones.
El mayor porcentaje se concentra en los impuestos indirectos, pues las exenciones sumaron Q12 mil 454 millones, en lo que resalta el impuesto al valor agregado (IVA) con una participación de 97% o Q12 mil 82 millones. Es decir que el año pasado, el gasto tributario correspondiente al IVA fue 65% del total.
Esa estructura no ha cambiado respecto a otros años, pero en cada ejercicio hay un aumento sustancial. Por ejemplo, en 2013 cuando se inició la medición anual, se identificó un monto de Q11 mil 763 millones, por lo que desde entonces la falta de cobro ha aumentado 56% hasta el 2021, cuando fueron los Q18 mil 401 millones indicados.
Para Donato Monzón, exintegrante del Directorio de la SAT, el incremento del gasto tributario se atribuye a que cada año aumenta el presupuesto público, en tanto que las exenciones y exoneraciones establecidas son fijas.
Sobre el comportamiento del IVA señala que, al incrementar el presupuesto público y las asignaciones, también sube el porcentaje de recursos destinados a las compras con proveedores exentos.
Por otro lado, aseguró Monzón, el presidente de la república tiene la facultad de conceder exoneraciones de multas y recargos a quien él considere, y en cada ejercicio fiscal aumenta la cantidad de requerimientos.
Ejercer controles
El exjefe de la SAT y exdiputado, Rudy Castañeda, aseguró que, si bien el gasto tributario tiene un impacto social, es necesario evaluar y cuantificar los costos y beneficios de tales medidas, pues aunque el origen de muchas exenciones son constitucionales, también se debe determinar si hay efectos favorables de tipo social. Y no es tanto por la posible reducción de la brecha.
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Por otro lado, sugirió revisar el mal uso de la exenciones y exoneraciones, pues “todos los contribuyentes deben estar sujetos a una revisión fiscal, aunque estén exentos, por lo que la SAT ya cuenta con una unidad al respecto”.
Así mismo, en el reporte de evaluación a Guatemala del Capítulo IV del Fondo Monetario Internacional (FMI) en mayo pasado, se recomienda acelerar los esfuerzos para abordar las brechas sociales de larga data, lo que es crucial mientras se mantiene la sostenibilidad fiscal.
Pero, además, que la SAT aumente la flexibilidad presupuestaria, refuerce el costo-eficacia de las adquisiciones, mejore la cobertura y la calidad de los servicios públicos; y racionalice los incentivos y exenciones fiscales.
