Y ni hablar de nuevas carreteras o mejoras sustanciales de las existentes. Se perdieron por la corrupción varios cientos de millones de dólares en los proyectos para la ampliación de las vías que conectan Escuintla y las fronteras con México y El Salvador. A ello se agregan los efectos de los desastres naturales y la falta de medidas para mitigación y adaptación a los mismos.
No es la erupción del Volcán de Fuego la que destruyó la carretera que conecta a Escuintla con Sacatepéquez.
Ni tampoco fueron las lluvias de los últimos días las que destruyeron la ruta hacia Huehuetenango, ni provocaron los deslaves en el paso hacia Panajachel.
Es la falta de acción efectiva de mantenimiento y preparación para las consecuencias de los fenómenos naturales.
Todo esto porque lo prevaleciente en la toma de decisiones sobre asignación y uso de recursos públicos, ha sido y sigue siendo la corrupción y el enriquecimiento de funcionarios, tanto del nivel central como de los niveles locales, y sus cómplices, a costa del abandono de la nación.
Se habla de una nueva ley para el desarrollo de infraestructura vial. Pero la iniciativa no contempla una reforma integral de todas las instituciones existentes que reciben recursos para este rubro.
Por lo tanto se corre el riesgo de que la nueva entidad que se crearía, quede inserta en un marco disfuncional en el que persistirán incentivos para que la toma de decisiones siga orientada a intereses particulares mezquinos.
En 2010 se aprobó la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, con el mismo argumento que ahora se expone. Y en 2013 inició operaciones la agencia encargada de estos proyectos. Cinco años después, ni un solo proyecto se ha iniciado en este marco. Tampoco queda claro en la nueva propuesta como se superarán las falencias del anterior intento.
La reforma institucional más importante para asegurar que los recursos públicos efectivamente se usen para los objetivos correctos, entre ellos el de infraestructura vial, es la que permita la aplicación de controles y sanciones para persuadir a los involucrados y se abstengan del uso indebido de los recursos.
Existe la ley de probidad y responsabilidades de funcionarios, pero su aplicación por la Contraloría General de Cuentas es casi nula.
De tal manera que posiblemente lo necesario sea emitir nuevas normas para los procesos de designación y elección de funcionarios.
* erickcoyoy@gmail.com
