Por otro lado, Marta García vive en una colonia cerrada de la Zona 21 en la ciudad de Guatemala y paga Q125 mensuales, de los que Q60 se destinan al pago del servicio de seguridad; el resto, al igual que en el primer caso, se dirige a otros rubros como limpieza en áreas comunes, servicios de jardinería, agua y extracción de basura.
En el caso de las empresas pequeñas y medianas que operan en Guatemala, confirman que este servicio ya es necesario, en la mayoría de los casos, por lo que destinan entre 10% y 30% de su presupuesto mensual para la contratación de empresas de seguridad privada, debido a la inseguridad generalizada que se vive en el país.
La Gremial de Compañías de Seguridad Privada coincidió con ese crecimiento y señaló a Prensa Libre que la demanda de este tipo de servicios se debe, principalmente, al resurgimiento en la economía, después del Covid-19, revitalizando la necesidad de proteger los activos y operaciones de las empresas. “Por lo tanto, es razonable afirmar que la demanda está en aumento nuevamente”.
Según la gremial, los sectores que más demandan protección especializada son: Empresas medianas y grandes 30%; residenciales 35%; empresas pequeñas 28%; e individuales 7%.
Inseguridad y demanda de protección
De acuerdo con la Encuesta de Percepción Empresarial presentada en agosto pasado, por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), entre los principales obstáculos para la actividad empresarial en Guatemala se encuentran: la corrupción (46%), la conflictividad social (12%), así como el crimen y la violencia (4%).
De igual forma, el Índice de Denuncias de Delitos (IDD) a junio de 2023, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), evidenció un aumento de 1.6% respecto a mayo. Lo anterior, significa que, en conjunto, las tasas interanuales de los delitos denunciados aumentaron. Por su parte, el Subíndice de Delitos contra las Personas disminuyó 1.8%, pero el Subíndice de Delitos contra la Propiedad aumentó en 5.1%.
Solo la Policía Nacional Civil reportó que hubo 229 homicidios en los 30 días de junio; esto significa un promedio de 7.6 homicidios diarios, cifra levemente inferior a la registrada en mayo 2023 (8.2 diarios). La tasa interanual de homicidios en junio de 2023 es de 16.3 por cada 100 mil habitantes, y se ha mantenido en esa cifra desde marzo del presente año, refirió el IDD.
Esa situación se ha visto reflejada en el aumento de la demanda de seguridad privada en Guatemala, que viene desde hace unos tres años: según la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (DIGESSP) hay 254 entidades de seguridad privada registradas y en lo que va del 2023 hay 62 que están en renovación de licencias. En el 2022 se autorizaron 115, en el 2021 fueron 90 en el 2020, se registraron 30.
La dirección que forma parte del Ministerio de Gobernación confirmó a Prensa Libre que observan un evidente crecimiento, tanto en las solicitudes como en la emisión de credenciales para guardias de seguridad privada: en el 2021 emitieron 6 mil 257 y el año pasado entregaron 9 mil 248, una diferencia de 2 mil 991 credenciales, equivalente a un aumento de 32.34%.
Algunas operan de forma clandestina
En relación con recomendaciones para quienes desean contratar este tipo de servicios, la DIGESSP indica que lo más importante es verificar que las entidades que prestan servicios de seguridad privada cumplan con lo establecido en la ley respectiva, decreto Número 52-2010, “pues hay varias empresas que operan de manera irregular”, afirmó la Gremial de Compañías de Seguridad Privada.
Por ejemplo, en el caso de la gremial está conformada por el 40% de las empresas registradas y autorizadas por la DIGESSP. Sin embargo, hay un 10% que forman parte de otras asociaciones y el 50% no está afiliada a ninguna organización, refiere la entidad.
“En la realidad empresarial, como en cualquier sector, es posible que surjan casos de empresas no registradas o falsas, a veces conocidas como empresas fantasmas. Además, puede ocurrir que negocios de otros sectores contraten personal para realizar tareas de seguridad, lo que va en contra de la regulación establecida”, aseguraron los directivos de la gremial indicada.
El decreto 52-2010, establece en su artículo 66 que la prestación de servicios de seguridad sin la debida autorización o licencia de operación es considerada ilegal, infracción sujeta a sanciones que incluyen penas de prisión de seis a doce años, así como multas de Q100 mil. Las personas o empresas que contraten compañías no autorizadas, también están sujetas a esas sanciones.
“La regulación y el registro en la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada son esenciales para garantizar la legalidad y la calidad de los servicios de seguridad prestados en Guatemala”, enfatizó la gremial.
También considera que, al contar el respaldo de la dirección, las empresas pueden asumir las responsabilidades cuando existen problemas dentro del área de vigilancia y poder así solventarlos de manera legal, es decir, “que ante la falta de registro en la dirección expone a todas las partes involucradas a una mayor incertidumbre y riesgo legal”.
Mejorar condiciones, aumentar controles y capacitaciones
Entre los desafíos actuales está garantizar condiciones justas para los guardias de seguridad, su capacitación y certificación, así como la regularización de servicios no autorizados.
En el tema de garantizar las condiciones justas de los guardias de seguridad, las empresas de seguridad privada se encuentran entre las más denunciadas ante el Ministerio de Trabajo por incumplimiento de prestaciones y solo en agosto del año pasado, se detectaron que 90 incumplieron con el 80% de las prestaciones laborales como es el salario mínimo y Bono 14.
En ese sentido, las empresas de seguridad privada legalmente constituidas tienen la responsabilidad de mejorar las condiciones de sus agentes en varios aspectos, como salarios, capacitación, seguros y otros beneficios, reconoció la gremial.
Pedro Morales, trabaja como guardia de seguridad privado desde hace más de cinco años e informó que de su “propio bolsillo” debió pagar por varios trámites que son “responsabilidad de la empresa”. Al consultar a la gremial, afirmaron que desde que está vigente el decreto 52-2010 buscan reformarlo, con el objetivo de evitar que el guardia pague por los permisos para desempeñar su labor. “Esta iniciativa busca asegurar que los guardias no enfrenten gastos innecesarios y puedan realizar su trabajo en condiciones más favorables”.
Para la gremial la solución sería que el Estado proporcione las condiciones adecuadas para que las agencias gubernamentales, que utilizan servicios de seguridad, paguen conforme a las regulaciones vigentes. “Esto, a su vez, permitiría a las empresas cumplir con sus obligaciones fiscales y proporcionar un salario digno a los guardias que prestan sus servicios”, afirmaron.
Con relación a la acreditación de los agentes, el proceso se realiza de manera individual. De acuerdo con el Acuerdo Gubernativo 220-2012, se exige un pago equivalente al 15% de un salario mínimo para la acreditación de cada agente y sumado a ello, estas acreditaciones deben renovarse cada tres años para mantener su validez.
En el tema de los servicios no autorizados, la gremial consideró que esta situación representa un reto significativo para las empresas de seguridad privada. “Para hacer frente a esta problemática, es necesario que el Ministerio de Gobernación lleve a cabo investigaciones y tome medidas que permitan identificar y detener a aquellos que operan sin cumplir con la regulación establecida”.
Por último, el ente organizado reconoce la importancia de contar con guardias de seguridad capacitados y certificados, por lo tanto, la gremial recomendó que se utilice el presupuesto asignado a través de la DIGESSP para proporcionar capacitación y certificación de manera gratuita. “Esto permitiría a los guardias acceder a oportunidades de desarrollo profesional sin incurrir en gastos adicionales”, puntualizaron.
Modernizar el sector
Otro de los desafíos es el tema de la modernización y en ese sentido, los directivos de la gremial consideran que, a medida que la tecnología continúa avanzando, es posible que se desarrollen opciones complementarias que refuercen aún más la seguridad y la respuesta a incidentes.
En el caso de la evolución del servicio de videovigilancia, destacaron que su relevancia se ha mantenido constante en el tiempo, pero consideraron que no reemplazan la presencia de guardias uniformados, porque desempeñan una función esencial en el control y la observación de áreas de interés.
Por otro lado, reconocieron que la tecnología de videovigilancia sigue siendo una opción popular, debido a su capacidad para proporcionar un monitoreo visual continuo e incluso, por medio de dispositivos como teléfonos inteligentes. “Sin embargo, es crucial tener en cuenta que, a pesar de su utilidad en el control, las cámaras por sí solas no son adecuadas para responder a eventos vandálicos u otras situaciones de emergencia”, resaltaron.
