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El proyecto, que no fue aprobado en tercera lectura el martes pasado por los diputados, traerá consecuencias negativas al país en las áreas de transporte y logística, inversión privada y generación de empleo.
Por otro lado, se manda un mensaje negativo a los potenciales inversionistas y la falta de seriedad del país, afirmaron delegados de varias cámara empresariales en conferencia de prensa ofrecida en las oficinas del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industrias y Financieras (Cacif).
Además, consideraron hacer modificaciones a la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie).
El proyecto consistía en la rehabilitación, operación y mantenimiento de un tramo de 40 kilómetros, por el que circula el mayor porcentaje de transporte pesado del país, por las actividades de comercio exterior —importaciones y exportaciones—.
Los miembros del Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Conadie), sesionaron ayer con el objetivo de promover acciones alternas para rescatar el proyecto.
Se informó que se requirió hacer un análisis jurídico del proceso de la no aprobación y que se conocerá en la siguiente reunión, para adoptar una decisión oficial por parte de los integrantes del consejo, donde participan representantes del sector público y privado.
Desinterés
Juan Carlos Tefel, presidente del Cacif, resaltó que los diputados actuaron de forma acelerada y “sin el menor intento de discutir la iniciativa”, quienes votaron en contra y mostraron un evidente desconocimiento del proyecto y de cómo funciona el modelo de las alianzas público-privadas.
“Con esa actuación, motivada por la ignorancia, ideología o por intereses particulares, los legisladores han puesto en riesgo meses de trabajo técnico y provocan que el país arriesgue la oportunidad de contar con una obra innovadora y que contribuiría al desarrollo de las comunidades aledañas, entre otros beneficios”, recalcó en la conferencia.
Advertencia
Tefel añadió que estudian legalmente la forma en que se produjo la votación por las anomalías registradas en el procedimiento, y no descartó accionar por esta vía contra lo sucedido en la sesión plenaria del martes, cuando se conoció en tercera lectura la iniciativa del contrato.
El presidente del Cacif afirmó que la actitud del Legislativo sugiere que las decisiones están vinculadas a conflictos de interés con adjudicaciones de obras de acuerdo con el modelo actual poco transparente y abierto a prácticas de corrupción.
Por otro lado, exigieron que se revise la Ley de Anadie para permitir que se aseguren procesos de aprobación responsables y libres de conflictos de interés, siempre que dichos proyectos sean de beneficio público.
Los proyectos público-privado, según Tefel, son un mecanismo de transparencia para desarrollo de la infraestructura que requiere el país, “y es precisamente lo anterior lo que hace que los diputados se opongan”.
Reparación
La desaprobación del contrato del primer proyecto de Alianza Público-Privadas genera mal precedente a futuros inversionistas.
De acuerdo con la ley, se deberá hacer una reparación a la empresa Consorcio de Autopistas de Guatemala, pero hasta ayer los integrantes de Conadie analizaba como se puede aplicar.
Tefel indicó que la penalización estimada es del 5% del monto de inversión comprometida, que podría ser de unos Q30 millones.
Érick Uribio, director interino de Anadie, afirmó que ese tema se empezará a analizar, así como las cantidades y las decisiones que adopte Conadie.
Mientras, el ministro de Comunicaciones, José Luis Benito Ruiz, aseveró que se deberá indemnizar a la empresa, como lo indica la ley de Anadie.
Mal mensaje
Tefel insistió en que lo actuado por el Congreso también afectará el clima de inversión en Guatemala.
Víctor Manuel Asturias, comisionado del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom), aseguró que es un mal mensaje a los potenciales inversionistas, pero a la vez brinda la oportunidad de hacer las correciones, en este caso modificaciones a Ley.
“Viéndolo del lado positivo, hay una ley con la cual no se puede operar, ya está más que claro cambiar la normativa”, expuso el comisionado.
Más consecuencias
Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham) declaró que el Gobierno de Estados Unidos, por medio de Millenium Challenge Corporation (MCC), brinda apoyo en estudios y asistencia técnica para desarrollar diferentes proyectos y están listos para brindarles soporte a la Anadie y al Ministerio de Finanzas.
Sin embargo, luego de la decisión, MCC advirtió que no podrían seguir financiando proyectos, ya que el único que fue licitado y adjudicado —el de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal— se encontraba estancado desde hace más de un año.
“Era una oportunidad de gran valor para Guatemala, ya que precisamos carreteras en buen estado, que cumplan la función de conectar el comercio”, indicó Carrasco.
Se calcula que el 56% del comercio exterior del país fluye por esa autopista.
“Somos creyentes en Guatemala”
René Muñoz, director de asuntos corporativos de Consorcio Autopistas de Guatemala (Convía), empresa adjudicada, declaró que el proyecto es importante para el desarrollo económico de Escuintla y lo más delicado es para las actividades del comercio exterior.
Afirmó que las comunidades son las más perjudicadas porque se pierde con este proyecto, como los programas de responsabilidad empresarial, el canon que ya estaba dispuesto para proyectos, la pérdida del modelo público-privado, que en otros países se ha demostrado que es una herramienta de creación de infraestructura.
El ejecutivo declaró que lo más delicado es la pérdida de confianza de posibles inversionistas en temas de alianzas público-privadas y en otros temas de inversión, así como la falta de certeza jurídica.
“Es lo peor que puede pasar en estos momentos”, lamentó Muñoz.
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Aseguró que como empresa aún no han sido notificados, para conocer cuáles serán los siguientes pasos por parte de Anadie.
“Somo creyentes en Guatemala y la necesidad de desarrollo, el proyecto se pueda salvar. No hay fracaso, seguiremos trabajando, pero ahora esto está cuesta arriba”, enfatizó.
Mega obra
La autopista de Escuintla a Puerto Quetzal es considerada clave para el comercio exterior.
- En octubre del 2018 se presentó al Congreso la iniciativa del contrato de alianza público-privada de la autopista.
- Se estima una inversión de entre Q600 a Q700 millones.
- La obra consta de 41 km con la construcción de distribuidores viales y conexiones.
- El período de construcción estaba proyectado ocho meses después de la aprobación del contrato. La construcción sería de Puerto Quetzal a Escuintla, por ser el tramo con mayores daños.
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