Tanto el sector empleador y trabajador mantienen posturas diferentes sobre la implementación y el documento final esta en consultas.
Uno de los desafíos para mejorar el mercado laboral en el país y permitir la contratación de las personas que se integran a la población económicamente activa (PEA) es la flexibilización de las leyes relacionadas con el campo laboral.
Durante el foro Perspectivas laborales en el entorno sociopolítico actual, que organizó la Asociación de Gestión Humana (AGH) de Guatemala y el Banco de los Trabajadores (Bantrab), los expositores coincidieron en que, en este período de campaña electoral, el tema de empleo cobrará una mayor relevancia, por lo que es necesario apoyar esas iniciativas.
Urgen reglamento
Roberto Ardón, director ejecutivo del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), dijo que un efecto inmediato para la economía nacional y sobre todo para el mercado laboral es que el Ministerio de Trabajo (Mintrab) agilice la aprobación del Reglamento 175 de la OIT. Afirmó que uno de los temas para este año es que se publique la reglamentación, que permitirá que las empresas contraten personal por el tiempo que sea requerido, tenga acceso a la cobertura de un salario mínimo y seguridad social.
“Para que las personas que necesitan un trabajo a tiempo parcial puedan tener ingresos, para apoyar —en la economía— en los hogares, y en el caso de los jóvenes, poder pagar sus estudios”, aseguró.
Añadió que había dudas sobre el alcance que pueda tener la normativa y que en los próximos días se podrá contar con el instrumento reglamentario del convenio 175, que será beneficioso para el país.
Anticipó que el reglamento formalizará el trabajo a tiempo parcial que están prestando las personas en la economía informal, y a la vez podrán acceder a la cobertura de Seguridad Social y a un salario mínimo, que en la actualidad es algo invisible.
La oficina de comunicación social del Mintrab, informó que la propuesta del Reglamento 175 de la OTI ya se concluyó y que actualmente se está en la fase de pedir opiniones al sector empleador y trabajador.
Modernización
Ardón afirmó que como sector empleador se deben actualizar las leyes relacionadas con el marco laboral.
Explicó que la legislación viene desde 1960, y aunque se han presentado reformas, hay cambios importantes y relevantes en la economía. Agregó que cada vez hay sectores productivos diferentes y modalidades de trabajo que requieren una diferenciación por su actividad, pero que no tienen un adecuado reconocimiento sobre su legislación.
“El desafío que se ha planteado en la reunión de la AGH, es precisamente cómo se hace para abordar una discusión en Guatemala que permita tener un mejor marco legal a través por el cual se pueda tener mejores relaciones laborales”, precisó Ardón.
David Casasola, analista del Centro de Investigaciones Nacionales Económicas (Cien), subrayó que un componente esencial del mercado laboral moderno es hacer cambios a la legislación y que proporcionen la flexibilidad a favor de los empleadores y trabajadores, sobre todo para integrar a las nuevas personas que se integran a la masa laboral (personas mayores de 18 años o que han finalizado sus estudios de nivel medio).
El consultor independiente Ezzra I. Orozco citó como ejemplo que varias economías han logrado sobresalir de las condiciones de pobreza otorgando en parte las condiciones de flexibilidad laboral.
No es viable
Rigoberto Dueñas, representante del sector trabajador ante la Comisión Tripartita de la OIT, dijo que el Convenio 175 y el reglamento no proceden porque “en la Constitución se establece que la jornada laboral es de ocho horas diarias”.
El sindicalista explicó que ya hubo un pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación (PGN) que señala que no aplica, sin embargo, hubo otro dictamen que es sesgado.
“Implementar el Convenio 175 en Guatemala es nefasto, porque traerá consecuencias negativas a los trabajadores”, puntualizó el líder sindical.
Mercado laboral
La población en edad de trabajar en Guatemala es de 4.2 millones de personas y la población económicamente activa es de 2.7 millones, mientras que la población ocupada es de 2.5 millones, según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (Enei) 1-2018 del Instituto Nacional de Estadística (INE).
La Enei determinó que 142 mil 592 personas es la población desocupada y 2.1 millones es la población económicamente inactiva.
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