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Se espera una ley de competencia aprobada y funcionando en el 2025
Lograr consensos entre los todos los actores participantes para impulsar una iniciativa de ley de competencia, fue el principal mensaje que vertieron las autoridades de Gobierno, luego de la instalación de una mesa específica para analizar esta normativa.
El presidente de la República, Bernardo Arévalo, expone su opinión sobre la ley de competencia y su eventual aprobación. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)
Las conversaciones, reuniones y acuerdos para discutir una ley de competencia empezaron por el Ministerio de Economía (Mineco), y la estructura de un “dialogo” de cómo se construirá de una nueva propuesta o de las existentes ya avanzadas en el Congreso se rescata alguna, se acopla o adapta, según la posición oficial.
Este miércoles 28 de febrero, convocados por el Consejo Nacional Empresarial (CNE) y Oxfam, el presidente de la República, Bernardo Arévalo y la ministra de Economía, Gabriela García-Quinn, participaron de un congreso sobre los fundamentos para una ley de competencia.
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La ministra García-Quinn, dio a conocer que esos son los dos lineamientos que se están explorando para llegar a una ley de competencia. En tanto que la comisión específica instalada en el Congreso para este tema se encargará de guiar los esfuerzos “para que todos vayamos ordenados”, más estructura entre los sectores público y privado.
Inicio del dialogo
La funcionaria comentó que se estaría a convocando a todos los sectores para poder participar en el dialogo, y sobre los tiempos de los resultados de un planteamiento preliminar “el escenario ideal, considerando que se pueda llegar a una estructuración del ente que maneje o que tenga a su cargo la aplicación de implementación de una ley de competencia, nuestra meta es tener algo en junio una ley consensuada que se lleve al Congreso”.
El planteamiento de Gobierno es que para 2025 ya esté operando una normativa de competencia, mientras se concluye con todo un proceso de estructura de la normativa.
Aclaró que al no existir una ley de competencia no hay una base de punto de partida o una lección aprendida, “pero hay que entender las modalidades de los países similares, y una ley que funcione en el contexto de país”.
En todo caso, apuntó que tiene que ser una ley justa, adecuada, que permita lo que se busca que es una libre competencia, y reiteró que se debe consensuar a lo que sea mejor para el país, en el sentido que si hay una preferencia por una nueva ley o bien se rescatará algunas de las iniciativas ya abordas con anterioridad.
"Nuestra meta es tener algo en junio una ley consensuada que se lleve al Congreso"
Gabriela García-Quinn, ministra de Economía
“Lo que debe ser un mensaje claro es que es un dialogo permanente entre todos los sectores”, aseguró.
El presidente Bernardo Arévalo, declaró que, en el Congreso, el bloque de diputados y sus aliados han llegado a un acuerdo para integrar una comisión especial que lleve adelante la discusión de una ley, sin privilegios, sin excepciones injustificadas, y que brinde a la sociedad y al Estado las herramientas necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades y la eficiencia del mercado a través de una autoridad de competencia sólida e independiente.
“Tengo plena confianza en que dicha comisión tiene capacidad de promover la ley de competencia que Guatemala necesita para ponerse al día con otras economías del mundo, y desatar por fin el potencial enorme de nuestro ingenio, esfuerzo y de nuestro trabajo”, anotó durante un evento público.
La idea es crear las condiciones para que las personas y empresas generen prosperidad de forma justa e inclusiva, y que la sociedad en su conjunto alcance más niveles en su bienestar.
Posiciones
Paul Boteo, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo, y José Andrés Ardón, director ejecutivo del Instituto para la Competitividad Económica (ICE), expresaron posturas relacionadas al inicio del dialogo entre los distintos sectores y brindaron perspectivas de lo que pueda en la mesa instalada en el Congreso.
Boteo considera que al hablar de una ley de competencia no existe un mundo ideal, sino que entender cómo funciona el mercado de facto, y a partir de ahí, se va a encontrar que ciertas industrias por economías de escala van a encontrar mercados en donde van a operar pocos. Ejemplificó a la industria de aviación en la cual hay dos grandes empresas que compiten como productores de naves, y lo mismo ocurrirá con el sector de las telecomunicaciones con muy pocos operadores que se repite en cada uno de los países; la industria acerera, será lo mismo.
Hay que partir que hay mercados en los cuales se operará con economías de escala, y eso no significa que exista competencia, y podría haber pocos operadores compitiendo dentro de ellos.
A su juicio, sí se va a tener una ley de competencia, lo que se tiene que combatir son prácticas anticompetitivas, como, por ejemplo, contratos de exclusividad, y otras cuestiones que coloquen al consumidor en desventajas, respecto de las empresas, empresas pequeñas con respecto a empresas grandes, pero no debería una normativa aspirar a un modelo donde habrá muchas empresas en cada uno de los mercados.
Un segundo punto es que no se debe tratar el tema desde el punto de vista penal, que es algo del pasado, como ocurrió en Chile, pero a se ha dado en un punto de vista administrativo, que es algo importante que se tiene que manejar.
La tercera observación es que la oficina de competencia debe diseñarse con una escala de debate que se debe tener como guatemaltecos, para asegurar que cuente con una verdadera independencia, que no sea un instrumento político, para que puedan presentarse decisiones arbitrarias, por una fragilidad institucional.
Para Ardón, cada vez hay mayor tracción para empezar la discusión de una ley de competencia y la conformación de la mesa específica para analizar y conocer a más profundidad, abordar lo técnico y lograr los consensos. A nivel social, cada vez hay mayores pronunciamientos tanto del sector privado organizado y público para promover la discusión sobre cuestiones técnicas como debe ser.
"Es un tema sumamente técnico, complejo ya se ha caminado y vale la pena hacerlo bien"
José Andrés Ardón, director ejecutivo ICE
Sobre los resultados que se espera de esta mesa especifica, el director de ICE enfatizó que lo principal que debe enfocarse es en escuchar a diferentes sectores e instituciones, para poder hacer observaciones, que principios, que mejores prácticas y recomendaciones debiera contener una iniciativa de ley.
Aclaró que esta comisión no tendrá la facultad para emitir un dictamen, y no entrará a conocer una iniciativa en particular, sino que simplemente para escuchar a los diferentes sectores, lograr establecer una serie de consensos, y que ahí pueda salir un resumen de aquellos puntos que pueda salir prioritarios para que tenga la ley.
En todo caso, afirmó que se estaría presentando una nueva iniciativa de ley a mediados de año, por el Organismo Ejecutivo, partiendo de las ideas que se recojan en la mesa y terminar de brindar los últimos ajustes a la iniciativa, que puedan canalizar por medio de la Comisión de Economía del Congreso, por un nuevo dictamen.
“Es un tema sumamente técnico, complejo ya se ha caminado y vale la pena hacerlo bien”, concluyó.
Apertura con todos los sectores
El diputado independiente Samuel Pérez Álvarez, quien preside la referida mesa de trabajo, explicó que se estableció un cronograma de trabajo y una de las primeras tareas es contar con un inventario de otras iniciativas sobre la ley de competencia.
También se invitará a las personas que tenga experiencia sobre la promoción del tema de competitividad para brindar un panorama, coordinación con el Mineco para lograr obtener un modelo consensuado, para ya presentar una nueva iniciativa de ley o de trabajar con las ya existentes.
Manifestó que se mantendrá apertura con el sector privado organizado para escuchar sus planteamientos, y recoger las posiciones de los sectores sociales, económicos, políticos entre otros para poder alcanzar consensos.
Reiteró que al final de ejercicio se estaría presentando una recomendación al Congreso en el sentido si se presenta una nueva normativa o bien se retoma las ya abordas.
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