Para otros, se trata del esfuerzo del Poder Ejecutivo para disminuir la autonomía de la institución y regresar de manera disfrazada a la época de la Dirección General de Aduanas.
Para los amigos de las teorías conspirativas, una simple distracción pública con beneficios políticos y económicos para algunos.
Frente a la avalancha de opiniones, a veces se olvida lo obvio. La administración tributaria es parte de un sistema mucho más grande, que refleja las condiciones actuales de (ir) respeto al Estado de Derecho.
La SAT debe ser efectiva (cobrar los impuestos) y eficiente al hacerlo, facilitando al tributario cumplir con las leyes tributarias.
Posiblemente, podemos coincidir con el lector en algunos puntos:
1. Nadie quiere repetir traumas como el (los) de la(s) línea(s). Me refiero a casos que puedan ocurrir después del 2015. Aunque la adolescencia sea una época emocionante, nadie quiere repetirla.
2. Pocos consideran oportuno regresar al formato institucional previo de la SAT. Seguramente, el ministro de Finanzas no quiere correrse un riesgo y desgaste tan alto.
3. Es importante reducir la discrecionalidad para el pago de impuestos.
4. Es urgente facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, tanto para el gran contribuyente como al recolector de basura en el mercado.
5. Se debe “blindar” cuanto antes a la SAT desde fuera y desde dentro contra actos de corrupción. Este blindaje debe ser percibido muy fácil y rápidamente por el público y a la interna por los funcionarios de la institución.
6. Contar con un instrumento independiente, como el Tribunal Aduanero Tributario, es fundamental para generar confianza en el sistema. El chantaje fiscal cobra fuerza al saber que frente a una interpretación antojadiza de un funcionario aduanero, una empresa no tiene instancia imparcial para pedir una revisión, así que es más práctico pagar una “mordida”.
8. No es sostenible desde el punto de vista político dejar las cosas igual. Ni siquiera se soportaría un mero cambio cosmético. El cambio de actores es fundamental, pero está más que demostrado que el sistema tributario es un caldo de cultivo para la corrupción.
Parece que la propuesta de composición del nuevo Directorio y sus funciones está provocando rechazo generalizado. Si pudiéramos regresar en el tiempo y hace cinco años se hubiera establecido un Directorio tal como se propone en la propuesta 5056, ¿se podría haber evitado La Línea?
El superintendente puede trabajar con o sin Directorio, con uno integrado por ministros o por otro donde el Ejecutivo tiene menos influencia. La tendencia mundial según en estudios del FMI es que el 75% de las administraciones tributarias en el mundo tienen un Directorio y que todos ellos tienen facultades o empoderamiento en la dirección de la institución sobre aspectos de recurso humano, finanzas, administración y otros no relativos a lo operacional.
Sus miembros no son asesores o consejeros y tienen la responsabilidad de supervisar directamente el trabajo, actuaciones y resultados del superintendente.
Tener claridad en la responsabilidad y asegurar la rendición de cuentas desde el presidente, pasando por el Directorio, el superintendente, intendentes, hasta el último empleado de la SAT, contar con códigos de conducta adecuados y una agencia interna de investigación que le adelante la labor al MP, así como una Oficina de Integridad bien estructurada, es punto de partida altamente prioritario para cualquier cambio de Ley, con independencia del esquema de Directorio que se quiera escoger.
