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La SAT explica de qué manera ha operado una estructura de 410 empresas para evadir impuestos
Unas 410 compañías formarían parte de una red de evasión tributaria que en tres años facturó más de Q6,400 millones, pero solo pagó Q26.9 millones en impuestos.
En la estructura detectada por la SAT participarían unas 410 empresas o contribuyentes según las autoridades de la entidad. (Foto, Prensa Libre: SAT).
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer este miércoles 14 de agosto que detectó una estructura de defraudación tributaria con participación de cientos de empresas, caso que denominó B410.
En total, estas empresas habrían facturado Q6 mil 400 millones en el plazo investigado de 2021 a 2023, incluyendo ventas de bienes y servicios a entidades del Estado, como el Organismo Ejecutivo, entes autónomos y descentralizados, incluidas varias municipalidades.
Se estima que la posible defraudación llega a Q300 millones según los casos documentados a la fecha, pero podría sumar otros Q800 millones ya que la investigación continúa, explicó en conferencia de prensa el superintendente Marco Livio Díaz.
Indicios y modo de operación
La SAT refirió que derivado del uso de diversas herramientas de fiscalización con que cuenta la entidad y el uso del módulo de relacionamientos, se pudo determinar que estas 410 empresas presentan varias similitudes como:
- Se identificó a más de 200 empresas con domicilio fiscal en la dirección 33 Calle “C” 10-16, Zona 7 Colonia Bamvi, pero esa dirección no existe según la SAT
- 410 tienen el mismo representante legal guatemalteco y socio, establecido en Belice.
- El 75% de estas empresas fueron constituidas por el mismo notario.
- Más de 100 empresas que compartían el mismo Perito Contador, quien al ser localizado indicó que lo habían inscrito sin su consentimiento, interponiendo su denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.
- Esta información permitió establecer el comportamiento de operación de la Estructura B410, con base en el registro del mismo representante legal y perito contador y domicilios fiscales no localizados, principalmente en zonas rojas.
- Se detectan documentos alterados, modificando las direcciones y otros datos en documentos que presentan las empresas.
- Más de 200 empresas no presentan evidencia de contar con la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus actividades.
- Y en algunos casos hay alteración de documentos para registros ante la SAT, así como subdeclaraciones.
Entre el 2021 y el 2023 las ventas de esta estructura según los registros de Factura Electrónica en Línea (FEL) ascendieron a Q5 mil 730 millones, pero solo pagó Q26.9 millones en tributos entre el impuesto al valor agregado (IVA) e impuesto sobre la renta (ISR).
De ese monto, Q2 mil 186 millones sería el total de ventas entre el mismo grupo y Q3 mil 544 serían ventas a otros. Mientras tanto, se calcula que en el primer semestre de este año habrían facturado otros Q714 millones, con lo que se llegaría a los Q6 mil 400 millones indicados por la SAT.
Los tres grupos de empresas investigados
1. Son de la estructura y venden en forma directa al Estado:
Se identificó a 9 contribuyentes de esta estructura que le venden de forma directa al Estado de Guatemala y según las adjudicaciones publicadas en Guatecompras, el total asciende a más de Q81.7 millones.
Respecto a los nombres o identificación de las empresas, son sociedades anónimas y Díaz las dio a conocer, indicando que la información es pública porque se encuentra registrada en el sistema Guatecompras: Grupo Basado, Grupo Propela, Inversiones Caddie, Inversiones Humedales, Consorcio Las Mallorcas, Commerce Madness, Kaizen INC, Megalodon, Calakmuk.
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Las ventas o prestación de servicios se dieron a entes estatales del organismo Ejecutivo, entidades de algunos ministerios, municipalidades y otras entidades estatales como:
Policía Nacional Civil (Q48.8 millones). Le vendieron a la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la PNC, Subdirección General de Salud Policial. Las compras fueron a dos empresas, una por Q43.9 millones por alimentos como carne, pescado y granos básicos, en este caso según detectó la SAT las adjudicaciones fueron por montos menores de Q25 mil cada uno (baja cuantía). Y los otros Q4.9 millones, incluyen alquiler de cabinas sanitarias, servicios de reparación y mantenimiento, chalecos operativos y espadines.
Industria Militar y Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa (Q2.6 millones). Aquí se mencionan alimentos como libras de carne, pescado, granos básicos, papelería y útiles de oficina.
Comunas y entidades descentralizadas (Q14.6 millones). Les compraron municipalidades como las de Samayac, Cuyotenango, San José La Máquina, Mazatenango, San Miguel Panam y San Bernardino del departamento de Suchitepéquez. También de La Reforma (San Marcos), Coatepeque (Quetzaltenango) y Pueblo Nuevo Viñas (Santa Rosa).
También el Fondo de Desarrollo Social, la Dirección General de Patrimonio Cultural, la Dirección Departamental de Redes Integradas de servicios de salud de Santa Rosa y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas.
Las otras empresas vendieron o prestaron servicios al Ministerio de Salud, Fondo de Tierras, Hospital General San Juan de Dios, Empresa Portuaria Quetzal, Plan de Prestaciones de Empleado Municipal, Municipalidad de Guatemala y Dirección General de las Artes.
2. Le compran a la estructura y son proveedores del Estado, según la SAT
Se confirmó que 16 contribuyentes que vendieron al Estado bienes y servicios por Q4 mil 342 millones en el plazo investigado, también compraron a empresas de esta estructura más de Q375 millones de llantas, fletes, fresado en proyectos, subarrendamientos de excavadoras, logística para distribución de materiales, artículos de limpieza, materiales de construcción y mano de obra de proyectos, entre otros.
En este caso, el superintendente dijo que no pueden divulgar los nombres y solo dio a conocer que son sociedades anónimas.
Entre las ventas totales al Estado, se mencionan Q3 mil 189.8 millones a la Dirección General de Caminos; Q435 millones a Covial; Q343.2 millones a la UCEE; Q321.9 millones a municipalidades; Q23.2 millones al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y otras entidades.
3. Venden a constructoras y estas son proveedoras del Estado:
Dentro de la investigación la SAT identificó a 2 contribuyentes de esta estructura que venden bienes o servicios a 5 constructoras que son proveedoras del Estado. Se identificó en el plazo investigado que estos dos contribuyentes le vendieron Q64.8 millones a las constructoras y estas le han realizado ventas el gobierno por Q517.2 millones.
En el caso de estos dos contribuyentes, “en la investigación se determinó que dentro de los vínculos resalta los mismos firmantes de cuentas, representantes legales, movimientos de cheques entre parientes cercanos, entre otros determinados a través de un relacionamiento financiero”. Por ejemplo, por dos personas que trabajan para cada contribuyente y que efectuaron varios cobros en efectivo por promedios de Q250 mil, que suman Q9.5 millones.
Presenta denuncias
La SAT reiteró que ya se realizaron auditorías a 32 de los 410 contribuyentes involucrados en el entramado, mientras que se ya se ha analizado a 239 más.
Además, la denuncia fue presentada el martes 13 de agosto a los tribunales tributarios correspondientes y se les brindó copia del caso al Ministerio Público (MP), a la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) para que procedan con las acciones que por ley les corresponda.
Consultado acerca de si presentarán denuncias contra funcionarios del Estado de las entidades mencionadas en la conferencia, Díaz respondió que a la SAT le corresponde velar por el correcto pago de impuestos y ya serán las otras entidades las que, desde sus respectivas funciones, investigarán los casos.
Sin embargo aclaró que el hecho de que una empresa proveedora del Estado le haya pedido factura a empresas que forman parte de esta estructura no propiamente significa que haya funcionarios involucrados. Los proveedores tienen que responder por qué adquirieron esos montos a esta estructura.
“Se detectó que esa estructura ha vendido empresas y puede ser que después de haberlas utilizado con los fines que se mencionan en este caso, hayan sido compradas por otras personas que no participan en ese tipo de acciones”.
Consultado sobre si el entonces presidente de la República, Alejandro Giammattei, tenía conocimiento de esta investigación, el superintendente dijo que no y que tampoco se pidió información a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) por posibles casos de lavado de dinero u otros, ya que consideraron mejor avanzar en la investigación y presentar la denuncia.
Sin embargo, expuso que el MP ya le había requerido información sobre 5 empresas relacionadas con la estructura que ahora denunciaron, aunque tampoco podía dar a conocer los nombres de estas 5 empresas.
Respecto a las proveedoras del Estado explicó que también se solicitó información al Registro General de Adquisiciones del Estado (Rgae) acerca de la información que brindaron las empresas, pero la entidad no les ha respondido.
Respuesta del MP
El MP recibió la copia proporcionada por esa entidad y fue remitida a la Fiscalía de Delitos Económicos para su investigación, informó la entidad por medio de sus redes sociales, añadiendo que dicha fiscalía se encuentra investigando un hecho de posible defraudación tributaria, luego que la SAT, de conformidad con lo que establece el Código Tributario, presentó la denuncia ante el Juzgado de Primera Instancia Penal en materia Tributaria y Aduanera.
Sector privado se pronuncia
📢 El combate frontal a los esquemas de corrupción y defraudación tributaria son fundamentales para el desarrollo del país pic.twitter.com/SQdvznKuVc
— Cámara de Comercio de Guatemala (@CamComercioGT) August 14, 2024
La Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) se pronunció sobre el tema, indicando que “reconocemos y valoramos los esfuerzos de las autoridades y colaboradores de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, en relación a la lucha contra la corrupción y defraudación en todos sus esquemas” y en particular el presentado este miércoles 14 de agosto.
“Es importante que las autoridades competentes continúen en forma efectiva las investigaciones, que permitan esclarecer los hechos denunciados y se dicten las medidas ejemplares en contra de quienes resulten involucrados, y con ello evitar estas prácticas abusivas que van en detrimento de la salud, educación, seguridad, infraestructura y muchas necesidades más que requiere la población en general”, añadió la CCG.
#ComunicadoCACIF
— CACIF (@CACIFGuatemala) August 15, 2024
El Sector Empresarial Organizado reitera su compromiso con la transparencia y su participación proactiva en la búsqueda de soluciones al contrabando aduanero y a la defraudación fiscal. pic.twitter.com/Ih1j4m6dK3
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), se pronunció por la tarde del miércoles 14 de agosto acerca de lo divulgado por la SAT indicando que apoyan las acciones orientadas a combatir la corrupción.
“Como Cacif, en todo momento hemos manifestado nuestro total apoyo en todas las acciones que estén orientadas a combatir la corrupción. Como parte de lo anterior participamos, de manera proactiva, en el COINCON junto con la SAT, para buscar soluciones al contrabando aduanero y la defraudación fiscal”, refirió la entidad en un comunicado.
Sin embargo agregó que “estas investigaciones deben llevarse a cabo en el marco del debido proceso para que las personas responsables afronten las consecuencias de sus actos y, de ser encontradas culpables, se les aplique la Ley”.
En su pronunciamiento Cacif, indicó que reiteran la necesidad de que los recursos públicos se utilicen de manera responsable y transparente.
“Como Sector Empresarial Organizado, respaldamos todas aquellas acciones que permitan detectar a las empresas que trabajan al margen de la legalidad y bajo esquemas de corrupción”, finaliza el boletín que está acompañado tanto por los logos de Cacif, como de Agexport, Asazgua, y las Cámaras del Agro, de Finanzas, de Industria, de la Construcción, de Comercio y Servicios, así como la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa
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