“Le hubiera sido más barato a AG pagar los impuestos que por el incumplimiento, que le triplica la cantidad evadida”, aseguró Solórzano en conferencia de prensa.
El funcionario expuso que este es el monto más alto que ha recibido la SAT por concepto de reparos, multas e intereses, y afirmó que busca enviar un mensaje a aquellas empresas o personas que han cometido evasión.
La ley indica que además de la cantidad evadida se aplica el 100% de multa, más el cobro de intereses. En este caso, la cantidad evadida era de Q270 millones por hacer simulaciones en la compra de chatarra a proveedores inexistentes y con inconsistencias.
También la falsificación del Formulario Aduanero Único Centroamericano (Fauca) por la importación de chatarra de Honduras y la devolución fraudulenta de crédito fiscal.
Depósito inmediato
En menos de 24 horas, AG hizo el pago al órgano recaudador. La transacción se hizo a las 12.30 horas del pasado viernes, en 23 formularios 0-811, por medio del Banco Industrial (BI), en los cuales AG consignó el pago de impuestos, mora, multas e intereses anuales.
BI informó el viernes a la SAT de la operación, por lo que el dinero se depositó inmediatamente en la cuenta del fondo común en el Banco de Guatemala, para que el Ministerio de Finanzas pueda usar ese dinero.
A marzo último, la SAT mantenía una brecha fiscal de Q430.2 millones. La recaudación de abril llegaría a Q5 mil 281.9 millones, aunque está pendiente el cierre final en los bancos, programado para hoy.
La meta proyectada era de Q5 mil 639 millones y para este año es de Q53 mil 850 millones.
Bajo investigación
Ana Elena Guzmán, subsecretaria del MP, señaló que el caso sigue en investigación, porque la etapa de la que procedió era relacionada al monto defraudado.
“La investigación continúa y deberán hacerse los planteamientos ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, porque todavía no hay ninguna persona ligada a proceso penal”, aseguró.
Esto sí existe en el Juzgado de Mayor Riesgo B, donde se encuentran ligados a proceso María Eugenia Valdés Gómez, socia de AG, y el representante legal, Pedro Paiz Valdés.
Guzmán agregó que el MP, la SAT y la Procuraduría General de la Nación acudirán al Juzgado Séptimo a hacer de conocimiento del juez que ya se hizo el pago y dejar sin efecto la intervención en la empresa acerera.
El jefe de la Cicig explicó que en cuanto a las medidas de desjudicialización tienen referencia con el caso de defraudación, “pero no con el otro de falsedad, de la asociación, de obstrucción, que se generó a partir de las maniobras realizadas con tres puertos, AG y los funcionarios de la SAT”.
Estructura defraudó Q255 millones
La causa contra Aceros de Guatemala se abrió cuando la Fiscalía de Delitos Económicos encontró pruebas de defraudación tributaria por Q255 millones 612 mil 266.82, así como la obtención anómala de un crédito fiscal a exportadores por Q11.8 millones.
“También se solicitó, como medida cautelar, la intervención de la entidad Aceros de Guatemala, S.A., ya que consideramos que tenemos un caso bastante sólido de defraudación tributaria”, resaltó el funcionario.
Solórzano indicó que la SAT consideró que ante el impago de la empresa de sus obligaciones tributarias, “era necesario tomar estas medidas”.
La fiscal general, Thelma Aldana, explicó que el MP, SAT y Procuraduría General de la Nación (PGN), en una audiencia, pidieron al juez contralor Adrián Rodríguez Arana que se decretara la intervención de la compañía y el arraigo de varias personas, a lo cual el juez accedió, como medida precautoria.
