Rapallo es ingeniero agrónomo y tiene un doctorado en Proyectos y Planificación Rural por la Universidad Politécnica de Madrid y posee más de 20 años de experiencia en temas de desarrollo rural y seguridad alimentaria. En 2004 estuvo en Guatemala en el área chortí de Chiquimula, desarrollando sus estudios de doctorado.
Una de las principales preocupaciones del nuevo representante de la FAO es que la pandemia no excluya del sistema a pequeños productores, que son cruciales para el desarrollo rural.
Cobertura
En la actualidad, la FAO trabaja con distintos ministerios de gobierno y financiamiento de diversos socios en 11 departamentos y 56 municipios, que atienden aproximadamente a 20 mil familias.
En el corto plazo, uno de los objetivos más importantes para Rapallo es lograr ejecutar el Programa Estratégico Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Peisan), que fue diseñado junto al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) para dar respuesta a su mandato y a la línea de “Acceso y disponibilidad a los alimentos” contenida en la Cruzada Nacional por la Nutrición.
Sin embargo, depende de la aprobación del proyecto de presupuesto 2021 en el Congreso de la República, y representaría unos Q532 millones en apoyo a la agricultura familiar a través de la disponibilidad y acceso a una alimentación saludable.
El segundo proyecto inmediato se coordina con la cartera de Ambiente y el Maga. Consiste en aprobar una propuesta al Fondo Verde para el Clima, por unos Q521 millones, de los cuales Q236 millones serían financiados por este fondo internacional.
La iniciativa apoyará el desarrollo de prácticas agroforestales de adaptación al cambio climático en 34 municipios de Petén, Izabal y Chiquimula, que beneficiará directamente a 116 mil personas, el 40 por ciento, mujeres.
¿Cómo observa el manejo de la pandemia en Guatemala y la orientación de recursos a las familias más vulnerables?
Llevo tres semanas en el país y no me atrevo a calificar cómo ha sido la gestión y la orientación de recursos. Lo que sí puedo decir, y que he observado en otros países, es que los esfuerzos públicos se van a quedar cortos por la magnitud de la crisis, si no se tienen sistemas de protección social robustos, porque a quienes sí los tenían les fue mejor.
Aun así, eso no era suficiente para el desafío de enfrentar una pandemia y poner en marcha una operación compleja, y además equilibrar que no haya desperdicio de alimentos, que la ayuda llegue a quienes lo necesitan y que no haya corrupción.
En su experiencia, ¿cómo se pueden sentar mejor las bases?
Llevo 11 años trabajando en la mayor parte de los países de la región analizando las políticas, programas de lucha contra la desnutrición, y hay tres elementos comunes en los que resultaron exitosos.
El primero es un compromiso político que no sea una declaración de intenciones, sino sostenido en el tiempo y reflejado en inversiones y presupuesto. Además, eso obliga a los sectores a trabajar de manera coordinada y articulada.
Lo segundo es un sistema de protección social sólido. Si no hay un piso mínimo para garantizar los ingresos y alimentación es difícil detonar un proceso de desarrollo. Las personas que pasan hambre invierten su tiempo en poder comer; es muy difícil que participen de forma activa en otros procesos necesarios para su desarrollo.
Y tercero y en coordinación con lo anterior, la reactivación económica enfocada en quienes lo están pasando mal, aquellos cuya seguridad alimentaria está en riesgo en función del ciclo económico. Y ahí entra el apoyo a la agricultura familiar, microemprendimientos, cooperativas y encadenamientos productivos inclusivos, entre otros. Estos son los tres pilares que han tenido éxito en países como Chile, Perú y Brasil.
¿Considera que hay acciones que se deben priorizar?
Estamos apoyando al Gobierno con varias iniciativas para el análisis de seguridad alimentaria y la pandemia.
Además, es importante atender que la crisis sanitaria no se convierta en una alimentaria. Tenemos que trabajar para que los sistemas alimentarios se mantengan con vida.
¿Cuál es su mayor preocupación?
La principal es que haya un grupo importante de población que esté en riesgo de inseguridad alimentaria. La segunda es que esta crisis excluya a los grupos organizados, emprendimientos de mujeres y jóvenes que lo estaban haciendo bien, que estaban mostrando que es posible vivir de la agricultura y lo rural y son parte de ese desarrollo económico y social del país. Trabajar para que esos pequeños y medianos productores y cooperativas no se queden atrás y no salgan del mercado. La cooperación económica es importante con financiamiento, flexibilidad y adaptarse a la nueva realidad que necesitará de mayores innovaciones en servicios de asistencia técnica, financiamiento y tecnología.
¿Cómo analiza el tema de precios en la pandemia?
La FAO monitorea a nivel mundial los alimentos y las canastas básicas, y observamos que no han sufrido grandes fluctuaciones y volatilidad en los precios. Evidentemente, la realidad a nivel nacional y local cambia de país a país. En marzo, abril y mayo se detectó una subida de precios.
Algunos productores acapararon granos y otros guardaron esperando que hubiera precios más altos. El comportamiento de la demanda en los primeros meses fue distinto al de ahora.
Desde junio, el precio de muchos granos básicos prácticamente ya no subió más, las lluvias han sido buenas y no se esperan grandes problemas en la cosecha.
Es cierto que el precio del frijol negro aumentó, pero según los técnicos este comportamiento ya venía desde antes de la pandemia, desde enero y febrero, por asuntos relacionados con la importación de granos de China y otros países. Proyectamos que el precio del frijol seguirá alto y se mantendrá hasta finales de este año, pero no detectamos aumentos exagerados de precios.
En dado caso, el problema es de acceso, no de desabastecimiento o de producción en términos generales.
