“Los acontecimientos actuales no tienen un impacto negativo en el corto plazo sobre las calificaciones soberanas de largo plazo de ‘BB’ y ‘BB+’ en moneda extranjera y local, respectivamente, de Guatemala.
El caso de corrupción aduanera en el país no ha tenido un impacto significativo sobre sus ingresos y su perfil financiero general. Los indicadores macroeconómicos de Guatemala se mantienen estables”, señala el documento.
“Además, el caso de corrupción bajo investigación y la inestabilidad política que desató, refleja las instituciones políticas de Guatemala, aún en evolución, y nuestra actual evaluación ‘neutral’ sobre la efectividad institucional y del gobierno (como se definen estos términos en nuestros criterios). De hecho, consideramos positivo que se descubra y persiga la corrupción en todos los niveles de gobierno”.
Durante los próximos meses, podríamos bajar la calificación de Guatemala si persiste una inestabilidad política considerable durante un periodo prolongado, ya que esto podría evitar la llegada de inversionistas al país y obstaculizar la operación diaria del gobierno. Si ese es el caso, podríamos bajar nuestra evaluación de la efectividad institucional y del gobierno a ‘débil’ desde ‘neutral’, sentencia la entidad.
“Asimismo, podríamos bajar la calificación del soberano si observamos un deterioro importante en sus déficits fiscal o externo que amenace con debilitar la estabilidad económica de los últimos años. Los resultados del cierre del año y los planes fiscales del siguiente gobierno serán claves para evaluar un posible impacto sobre las calificaciones”, concluye el comunicado.
Otto Pérez Molina renunció a la Presidencia de Guatemala después de que el Congreso nacional le retirara la inmunidad legal. Pérez Molina ahora enfrentará un proceso legal para defenderse de las acusaciones en las que se vio involucrado por el caso del fraude aduanero, que involucra también a otros miembros importantes de su gobierno.
