Durante una actividad en una escuela pública en Mixco, el presidente Jimmy Morales confirmó que Luis Chang, quien fungía como viceministro de Energía, fue nombrado y asumió como nuevo ministro.
“Viéndolo desde afuera parece que los avances han sido relativamente pocos, la conflictividad en todas las áreas continúa y no hay proyectos mineros a la vista, mientras que las licencias de exploración siguen en suspenso” añadió Chiu.
Rafael Maldonado, asesor jurídico de la organización ambientalista Centro de Acción Legal, Social y Ambiental (Calas) refirió que no les sorprende la renuncia de Castañón y cuestionan que “ se mantuvo en un contante tema de tráfico de influencia y protección de las empresas mineras” permitiéndoles seguir operando a pesar de resoluciones emitidas por tribunales y las cortes en contra de su funcionamiento.
En tanto Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) ente que tiene como socio a varios proyectos de extracción minera, dijo que es importante que se continúe con la institucionalidad del trabajo del ministerio ya que se tienen muchos temas pendientes de resolver en los sectores energético y minero.
Zepeda indicó que hubo una apertura al diálogo con Castañón pero hay temas en los cuales no se había logrado avanzar o “no fue a la velocidad que quisiéramos”.
Decisiones polémicas y denuncias
Calas denunció a Castañón en febrero pasado por los delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, falsedad e instigación a delinquir porque no obedeció un amparo que la Corte Suprema de Justicia otorgó a esa organización para suspender la licencia del proyecto minero Progreso VII, Derivada ubicado en San Pedro Ayampuc y San José del Golfo explicó Maldonado.
Sin embargo el criterio inicial del MEM fue que ese amparo quedó sin materia, porque se presentó en el 2014 y se pidió que suspendiera el otorgamiento de la licencia, pero esta ya se había otorgado desde el 2011.
A consideración de Chiu, la orden de la CSJ se debió cumplir y retirar la licencia, es decir regresar el proceso hasta antes de otorgarla y hacer la consulta requerida a la comunidad o interesados.
El Gobierno informó por sus redes sociales que el retiro de Castañón se debió a problemas de salud.
Maldonado refiere que no comparten esa versión ya que, aunque no han sido notificados, tienen conocimiento que la CSJ había decidido que existen suficientes elementos para considerar la denuncia y la trasladaría al Congreso para que este organismo conociera el antejuicio contra Castañón, en su calidad de ministro.
Otras fuentes indicaron que Castañón no se había retirado de la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) en la que trabajaba antes de asumir como ministro sino que solo había pedido permiso por alrededor de tres meses con la condición de que decidiera si después de ese plazo se quedaba en el cargo de ministro o regresaba a la empresa.
En febrero pasado diputados de la comisión de energía citaron al ministro para cuestionarle su relación con la empresa pero este se excusó a la primera reunión. En la segunda reunión asistió y dijo que se había retirado de la empresa el 13 de enero.
“Ahora que él renuncio pierde el derecho de antejuicio y Calas continuará con el proceso penal y buscará constituirse como querellante adhesivo”, refirió Maldonado.
Calas también presentó una denuncia penal contra la empresa propietaria del proyecto minero en mención y contra el asesor jurídico del MEM Rogelio Zarceño, añadió.
El Movimiento de Resistencia La Puya está manifestando desde hace más de un mes frente a las instalaciones del MEM, exigiendo que se cumpla por lo ordenado por la CSJ y se suspenda la licencia del proyecto minero.
