La Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió el miércoles otorgar un amparo provisional al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) que deja sin efecto las licencias de extracción de El Escobal -otorgada en 2013- y Juan Bosco -2012- de la Minera San Rafael, de capital canadiense.
La resolución argumenta que para la extensión de las licencias no se realizó la consulta a los pobladores que viven en cercanías del proyecto.
El CALAS, promotor de este amparo, indicó que la suspensión de la Minera San Rafael constituye una acción de justicia para el pueblo Xinca.
El director del (CALAS) , Rafael Maldonado, aseguró a periodistas que en el amparo “no solo se alega la ausencia del derecho de consulta a los pueblos, sino también la discriminación a los pueblos xincas que radican en la zona y que el Ministerio de Energía y Minas aseguró que no existían en el sector” .
Los pobladores del municipio de Casillas, en el departamento de Santa Rosa, donde está instalada la minera, manifestaron en reiteradas ocasiones su descontento por la “fuerte contaminación” del área, que a su juicio está provocada en parte por las explosiones de la empresa.
Otro asunto que genera malestar es que no ven reflejadas las regalías de la minería en desarrollo y proyectos de salud o educación para su municipio, por lo que exigen transparencia.
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, la poderosa cúpula empresarial y el Ministerio de Energía y Minas salieron este jueves en defensa de la minera, asegurando, de diversas formas, que la paralización de las labores afecta a la inversión extranjera y es injusta.
La mina San Rafael, subsidiaria de la canadiense Tahoe Resources Inc, que explota plata en una región del sureste de Guatemala, está ubicada en terrenos de Mataquescuintla, del municipio San Rafael Las Flores (Santa Rosa) , a 97 kilómetros al sureste de la capital, y da trabajo directo a unas 600 personas e indirectamente a 17 mil.
