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Reformas a “Ley de Anadie” compiten con presupuesto y con posibles enmiendas
Iniciativa replantea figura para que entes como las municipalidades puedan impulsar contratos. Diputado de comisión que dictamina espera discusión antes de que termine el año.
La única alianza público-privada que se ha aprobado en Guatemala es la de la pista Escuintla-Puerto Quetzal. (Foto Prensa Libre: Anadie)
Diputados buscan que las reformas a la ley que facilitarían las alianzas de infraestructura económica, conocida también como la ley de Alianzas Público-Privadas, sean dictaminadas favorablemente este año, para comenzar con su primer debate en noviembre, según comentó Jorge Ayala, presidente de la Comisión de Economía del Congreso de la República. Ayala aseguró que a partir de estas reformas se podría abrir un espacio para ampliar la inversión de proyectos bajo el modelo de alianza público-privada en el país.
Según Ayala, esta ley a la que se le conoce como la "Ley de Anadie", se decretó en el 2010, con la intención de diversificar los modelos de contratación de proyectos de carácter público. No obstante, durante estos 14 años, el presidente de la Comisión de Economía mencionó que solo se ha visto un solo proyecto aprobado bajo esta modalidad, la cual fue la remodelación de la carretera Escuintla-Puerto Quetzal, la cual, según Jorge Gómez, presidente de la Comisión de Servicios Integrados a la Exportación, no se ha terminado aún.
Esto se debe, explicó Ayala, a que la ley, en su diseño original, limitaba varios aspectos. Ayala indicó que uno de los más trascendentales se debe a que para aprobar un proyecto en esta modalidad, este debía ser elaborado por la oficina rectora del tema, el cual es la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura económica (Anadie), impidiendo que se tomaran en cuenta los proyectos denominados como “no solicitados”, los cuales son desarrollados por un privado que está interesado en hacer un proyecto de alianza público-privada.
Ayala puntualizó que se está en la búsqueda de las firmas para el dictamen favorable y trasladarlo a Dirección Legislativa y comenzar el primer debate durante noviembre. Kevyn Valencia, director ejecutivo en funciones de Anadie, expresó que esperan que la ley sea aprobada este año, para poder comenzar el año 2025 con otro panorama y planificación.
Voluntad política
Gómez expresa que las alianzas público-privadas que se desarrollan a través de Anadie son, actualmente, muy limitadas para las necesidades del Estado de Guatemala. Consideró que en este siglo, estas alianzas deberían ofrecer más servicios y más proyectos. Asimismo, Gómez reiteró que las reformas de esta ley deben ir orientadas a hacer una ley de fácil ejecución y la simplificación de aspectos que pueden hacer del desarrollo de las obras complejo.
“Estamos conscientes de que la demanda de bienes y servicios no puede ser atendida a partir de los tributos que los guatemaltecos pagamos, hay áreas en las que consideramos que debe haber sinergia entre el sector público y el sector privado”, expresó Ayala, quien mencionó que desde que la iniciativa de las reformas fue presentada ante la Comisión, ha tenido apoyo de diferentes bancadas.
Ayala aseguró que ha observado interés por esta ley de parte de bancadas mayoritarias, entre las que mencionó, se encuentran las bancadas Vamos, UNE, Cabal, Valor y también los electos por Semilla. Aunque, el presidente de la Comisión indicó que a algunos integrantes de estas bancadas les gustaría proponer observaciones a nivel de enmiendas. Asimismo, Ayala puntualizó que la ley podría discutirse a pesar del presupuesto, alternando las discusiones.
Andrea Reyes, perteneciente al bloque de diputados independientes electos por Semilla, asegura que desde la bancada oficial se han realizado propuestas relacionadas a esta iniciativa, especialmente en materia de fiscalización, puesto que, según Reyes, en la ley se busca "dejar fuera" a la Contraloría General de Cuentas. Las observaciones, según Reyes, fueron trasladadas a la Comisión de Economía y están a la espera de una respuesta. "Si estas enmiendas no pasan en la comisión ni en el pleno, el partido Semilla no estaría de acuerdo con apoyar la ley que deja un cheque en blanco en materia de fiscalización", sentenció la diputada.
Ayala expresó que durante las últimas tres semanas se han realizado reuniones técnicas en las que se ha invitado diferentes tanques de pensamiento, tales como Cien o Asíes, para la creación de aportes. “Es una ley que puede tener un avance significativo en lo que queda de este año pero seguramente vamos a concluir con el compromiso de la comisión en dejarla dictaminada este año”, precisó Ayala.
Reformas a la ley
Según Ayala, lo que principalmente se busca de de las reformas de esta ley son estos puntos: establecer qué debe ser aprobado por el Congreso, qué debe ser aprobado exclusivamente por el consejo de Anadie y qué debe ser aprobado por los consejos municipales o instancias de las mancomunidades; qué alcances tienen y qué tipos de proyectos serán aceptados, así como dictaminar cómo se tomarán las decisiones bajo esta modalidad.
Para Valencia, una de las reformas más importantes es la separación de concesiones, la cual ha sido, hasta la fecha, confusa, según expresó el director de la Anadie. “Qué es la concesión general, y la concesión municipal”, indicó Valencia, quien argumentó que al hacer un énfasis en una modalidad específica, les ayuda a realizar esta separación y poder realizar los tratamientos requeridos en cada uno de los casos.
La reforma, según Ayala, en su mecanismo actual, considera a todos los proyectos como contratos de servicios públicos, por lo que deben pasar por la aprobación obligatoria del Congreso. Ayala aseguró que a partir de las enmiendas, los proyectos que sean de jurisdicción municipal o de una mancomunidad de municipios puedan ser aprobados por la instancia superior de esa jurisdicción. “Un concejo municipal, puede aprobar una alianza público privada que tenga que ver únicamente con el municipio en específico”, explicó Ayala.
Asimismo, Valencia aseguró que es necesario aclarar las fases de modalidad de contratación y mejorar procedimientos técnicos. Asimismo, expresó que ampliar los sectores de infraestructura —tal y como lo propone la reforma—, permitiría no tener una restricción en ese tema. “Tener una clasificación de proyectos vitales para que después podamos tener claramente una forma de celebración de contratos para realizarlo de manera más ágil es fundamental”, señaló Valencia.
Ayala mencionó que, a partir de estas reformas, un proyecto cuyo prediseño y estudios de factibilidad no hayan sido diseñados por la Anadie, sino por un privado, pueda presentarse para la aprobación por parte del consejo de la Anadie.
Por otro lado, el diputado mencionó que se buscará también reducir la gobernanza del consejo de la institución, eliminando a los actores que ya cuentan con leyes para establecer sus propios contratos público-privados. “Son pocos los proyectos que pueden entrar dentro de ese consejo porque realmente son pocos los proyectos que podrían entrar en esa figura, habiendo leyes ya específicas para ellos”, explicó Ayala.
Mayores inversiones
Lo que busca esta ley, expresó Ayala, es que se amplíe la gama de posibilidades de contratación, “no solo de construcción de carreteras, sino también de servicios públicos, energía, generación eléctrica, tratamiento de aguas residuales, aeropuertos y puertos”.
Hasta el momento, Valencia indicó que se encuentran trabajando en una nueva cartera de proyectos, la cual el director de la Anadie describió como una nueva etapa y fundamental. Entre estos proyectos, Valencia identificó dos de suma importancia: los temas relacionados con plantas de desechos sólidos y la continuidad de la estructuración de la línea blanca del metro. Asimismo. Valencia mencionó que las reformas de esta ley podrían ayudar qué proyectos lleguen a los lugares más alejados de la ciudad.
Gómez aseguró que para la correcta operatividad de la ley es necesario un reglamento. No obstante, el presidente de la Comisión de Servicios Integrados a la Exportación expresó que primero se deben buscar las reformas de esta ley para luego analizar los puntos necesarios de un reglamento.
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