En la mañana del 24 de abril de 2013 un complejo de nueve plantas con talleres que producían para varias firmas multinacionales, conocido como Rana Plaza, se derrumbó en las afueras de Dacca causando la muerte a más de 1.130 trabajadores y heridas a unos 2.500.
El derrumbe puso una lupa gigante sobre el sector más boyante de Bangladesh, que en el curso fiscal 2014-15 generó US$25 mil 500 millones en exportaciones, el 81% del total, y dio lugar a un periodo de ímpetu reformista entre los principales actores de la industria.
A finales de 2015 se completaron inspecciones en las casi 3 mil 500 fábricas exportadoras del país.
Se doblaron los salarios mínimos, se enmendó la ley laboral, se aprobó un fondo de compensación y se lanzaron tres planes de supervisión de fábricas.
No obstante, el vicepresidente de la mayor patronal textil (BGMEA) , Faruque Hasan, admitió que tres años después el número de fábricas que cumplen con los requisitos es “limitado”, aunque aseguró no estar “preocupado” pues “las cosas están cambiando a pesar del desafío” .
A finales de 2015 se completaron inspecciones en las casi 3 mil 500 fábricas exportadoras del país.
Pero solo 26 talleres han superado satisfactoriamente las reformas de seguridad aprobadas en planes de viabilidad, según los informes más recientes de Alliance y Accord, entes supervisores que engloban respectivamente a aquellas fábricas que producen para marcas norteamericanas y europeas.
Hasan argumentó que los empresarios se están topando con problemas para acceder a créditos blandos para costear arreglos en los ámbitos de seguridad estructural, eléctrica y antiincendios, que oscilan entre cinco y 50 millones de takas (entre US$63 mil 700 y US$637.mil).
El pasado año se denegaron, en concreto, tres veces más licencias de las aprobadas en un sector donde ni siquiera el 10% de las fábricas tienen actualmente representación sindical.
Un banquero dijo bajo anonimato que tras llegar a acuerdos para ofrecer préstamos ventajistas, el sector bancario endureció la concesión de los mismos al comprobar que muchos patrones textiles querían utilizar esa liquidez para refinanciar otros créditos en lugar de para reformas exclusivamente.
El responsable de la BGMEA refutó las alegaciones, pero no escondió fricciones entre el empresariado local y los responsables de las grandes firmas de ropa para fijar los precios en un mercado cada vez más competitivo en el que están irrumpiendo países emergentes del Sudeste Asiático e incluso frica.
“Los precios han bajado en los últimos quince años”, lamentó aludiendo a factores como la fortaleza de la moneda nacional (taka) frente a divisas internacionales con que se compra el producto bangladesí.
En privado, los compradores extranjeros señalan que es responsabilidad única de los propietarios convertir sus fábricas en espacios seguros y éstos, por su parte, se quejan de que la omnipresente amenaza de deslocalización les obligue a reducir costes por todos lados y reclaman un precio más justo por la ropa.
El reloj avanza y 2018, fecha que los actores occidentales contemplaban como final para la hoja de ruta, está prácticamente descartada en el sector.
“Algunas factorías necesitarán reubicarse, otras están teniendo problemas de financiación. Han comenzado las tareas de remedio y carecen de liquidez”, subrayó Hasan.
En medio de esta disputa y ante el temor a la proliferación de reivindicaciones aparece un gran afectado: el trabajador, según sintetizó Alonzo Glenn Suson, director en Bangladesh del Centro de Solidaridad, ONG defensora de los derechos de los obreros.
“Queda mucho por hacer. Hace falta verdadera voluntad política por parte del Gobierno”, subrayó, para añadir que en 2015 se invirtió la tendencia de creación de sindicatos.
