Hugo Maúl, director económico del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) refirió que aunque cada expositor ofreció sus conclusiones, hubo coincidencias en varios temas.
En el caso de la tarifa que se cobra por alumbrado público expuso que quien tiene que ponerle el cascabel al gato es el Congreso de la República, organismo que debe viabilizar una ley con fundamento técnico y que se superen las divisiones políticas.
La Tarifa Social sería labor del Congreso, pero también del Ministerio de Finanzas para asumir dentro del presupuesto el financiamiento con el fin de transparentar ese subsido. Esa labor debe hacerse con base a un estudio para que ese beneficio se destine al grupo más necesitado.
En el tema de la regulación del decreto 169 de la OIT y que se refiere a las consultas a comunidades indígenas, menciona que es una responsabilidad el Organismo Ejecutivo hacer una propuesta de como se va a reglamentar y luego en el Congreso darle fuerza mediante un ley para “que sea más creible la normativa”.
El otro factor mencionado en el foro fue la necesidad de planificar a largo plazo el desarrollo del sector. Medidas que deben pasar por Segeplan, los Ministerios de Economía y de Energía y el sector empresarial organizado.
Se debe tener claro que el desarrollo de Guatemala a futuro “necesita un sector eléctrico esté a la altura para cubrir ciudades intermedias, nuevos centros industriales y cubrir el crecimiento poblacional, pero también aumentar la cobertura de electrificación”, añadió.
En el foro participaron Carmen Urizar y José Toledo, expresidentes de la CNEE, el actual viceministro de Energía Rodrígo Fernández y otros expertos.
¿Es necesario reglamento?
El Ministerio de Trabajo efectúa desde octubre del 2016 un diálogo nacional para construir una guía de estándares básicos para la consulta a los pueblos indígenas establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), sin embargo, ahora refiere que este proceso no implica la reglamentación de las consultas.
Dicho ministerio refiere en un comunicado de prensa que la intención del diálogo es orientar al Organismo Ejecutivo de cómo debe consultar a los pueblos interesados con procedimientos apropiados y constituye un mecanismo y metodología para que el Estado cumpla con la obligación de consultar.
Las consultas deben efectuarse mediante un instrumento abierto, participativo, flexible y adaptable a las realidades y prácticas de los pueblos indígenas, pero deben darse de buenas fe para llegar a un acuerdo o consentimiento de las acciones que se consultarán.
Sin embargo, luego aclara que este proceso no implica la reglamentación de las consultas y que el diálogo sigue abierto a la participación.
