Sin embargo, la propuesta generó rechazo tanto de grupos de la sociedad civil, como de centros de investigación, por considerar que no tenía el sustento técnico y erosionaba la captación de impuestos.
La última muestra de inconformidad se produjo recientemente, cuando las poblaciones indígenas encabezadas por los 48 Cantones de Totonicapán realizaron bloqueos en diferentes puntos del país durante dos días.
De acuerdo con la diputada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Thelma Ramírez, quien fue una de las ponentes de esa iniciativa, ese proyecto de ley ya fue archivado; sin embargo, aclaró que el miércoles siguiente de Semana Santa, se espera que sea enviado a una comisión específica para su revisión y posteriormente elevarla de nuevo al Pleno del Congreso.
Regímenes y afectos
Proyecto de ley indica que busca regular el Régimen Especial de Producción, Comercialización e Intermediación de Productos del Sector Primario, Pecuario, Hidrobiológico, Apícola, y Artesanías (Régimen Primario), y el Régimen Especial de Producción y Comercialización de Productos del Sector Bovino (Régimen Bovino); en ambos casos, destinados a mercados cantonales, municipales y centros de acopio. Además, la creación de la Modalidad de Tributación Simplificada para el Sector Informal.
En cuanto al Régimen Primario, se plantea inscribir a las personas individuales cuyo monto de ventas brutas anuales no exceda de 3 mil 500 salarios mínimos vigentes para el sector no agrícola, sin incluir la bonificación incentivo, siempre que su producción se venda en mercados cantonales, municipales y centros de acopio.
Las personas del Régimen Primario quedarían obligadas a un impuesto del 1.5% de sus ventas brutas con carácter de pago definitivo. En el caso de los intermediarios de productos pecuarios, hidrobiológicos y apícolas, pagarán el 10% sobre sus utilidades, y los exportadores de estos últimos pagarían 2% sobre el importe de sus ventas brutas.
En el Régimen Bovino, se incluye a las personas individuales que desarrollen actividades de crianza, engorde, desarrollo, producción, faenado, sacrificio, transformación e intermediación de productos bovinos destinados a su venta en mercados cantonales, municipales y centros de acopio.
Los contribuyentes que se inscriban en este régimen deberían pagar un impuesto equivalente del 1.5% sobre el importe de sus ventas brutas, ya sea dentro o fuera de la finca o áreas de producción, con carácter de pago definitivo. Los intermediarios pagarán 10% sobre sus utilidades y los exportadores de productos bovinos, el 2% sobre el importe de sus ventas brutas cuando se realice en pie.
Se excluyen de este régimen las ventas a supermercados, abarroterías, tiendas de barrio, restaurantes y hoteles, así como productos destinados a la exportación.
Impuestos al sector informal
En cuanto a la Tributación Simplificada para el Sector Informal, la iniciativa de ley pretende crear un impuesto a cargo de las personas individuales cuyo monto de ventas brutas anuales no exceda de 169 salarios mínimos vigentes para el sector no agrícola, sin incluir la bonificación incentivo.
Los bancos debidamente autorizados para operar en el país y las cooperativas de ahorro y crédito podrían retener a los contribuyentes que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) le indique, previo aviso a los contribuyentes, el 1.5% sobre los depósitos en sus cuentas.
Falta de sustento técnico
Ricardo Barrientos, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), indicó que si bien, la iniciativa 6165 expone como principal motivo la incorporación de contribuyentes al sistema tributario, el contenido de la ley adolece de criterios técnicos y tendría impactos negativos en la recaudación.
“Esta propuesta se asemeja al de la Ley de Simplificación, Actualización e Incorporación Tributaria, Decreto 7-2019, que también pretendió incorporar contribuyentes nuevos al sistema tributario, pero desde entonces no hay evidencia estadística de que ese objetivo se haya logrado”, indicó Barrientos.
“Al contrario, los datos revelan que, con la vigencia de esta ley, el gasto tributario, es decir los impuestos que el Estado deja de recaudar, se incrementó en alrededor de Q440 millones anuales, con lo cual, esa ley prácticamente formalizó esquemas de evasión e incumplimiento tributario de ciertos grupos empresariales”, agregó.
Según el Icefi, lejos de ordenar el sistema tributario, esta ley vendría a propagar regímenes especiales que alterarán aún más la generalidad de los impuestos que se desea, pues la multiplicidad de regímenes especiales dificulta el trabajo de la SAT, que quedaría obligada a supervisar la diferenciación en las cadenas de producción y comercialización de los productos en los mercados cantonales y de los que distribuyan a otras áreas económicas.
Pedro Prado, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), señaló que una de las falencias que encuentra en la iniciativa 6165 es que no cuenta con un sustento técnico emitido por la SAT o el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), que determinen su viabilidad, efectividad y el logro de su objeto.
“Se necesita una justificación técnica para una ley de este tipo; pareciera que solo por aprobar una ley se va a reducir la informalidad, pero no es así. Hay estudios que indican que se requieren incentivos para que las personas se sientan motivadas a ser parte de esa formalidad económica”, enfatizó.
“Esa iniciativa no solo buscaba formalizar a los pequeños productores, sino que con esas medidas, los pequeños contribuyentes iban a tener acceso a créditos y les abría otros campos. Entendemos que la decisión de la Comisión de Finanzas del Congreso es que se iba a archivar”, comentó Edwin Martínez, ministro de Finanzas Públicas.
Volverá a comisión
Según Barrientos, desde que se conoció esa iniciativa de ley, el Icefi ha pedido a las comisiones del Congreso un análisis riguroso y técnico de la propuesta, y abrir mesas de trabajo para su discusión, para no solo recibir opinión o dictámenes de la SAT y el Minfin, sino para observar los principios de generalidad de los impuestos, la capacidad de pago y la justicia y equidad del sistema tributario.
Ramírez indicó que al reanudarse la actividad legislativa después de Semana Santa, se buscará que una comisión del Congreso la conozca y, eventualmente, convoque a mesas de discusión para aplicar cambios, incluir otras opiniones y fortalecer la iniciativa, de manera que pueda elevarse al pleno del Congreso próximamente.
“Lo más práctico sería establecer mesas de trabajo para escuchar el sentir de la población, específicamente de quienes se oponen a esa iniciativa; analizar qué artículos modificar, quitar o agregar. La ley debe seguir, pues se ha venido solicitando ya desde varios años por diferentes sectores”, subrayó Ramírez.
