La implementación de políticas verdes en el país es el objetivo de las autoridades y que es posible que trascienda al próximo mandato del Ejecutivo en la iniciativa Alianza para la Acción hacia una Economía Verde (Page, en inglés).
La estructura parte de un diseño macro que dará directrices con nuevos enfoques en política fiscal, infraestructura, conceptos y manejo de la sustentabilidad ambiental, políticas de salud, en educación, economía y ambiente, bajo una premisa de complementariedad. Pero hace falta dialogar, debatir, consensuar, legislar, ejecutar, y también tener la voluntad.
¿Qué se propone?
La propuesta plantea cinco ejes para incidir en la actividad económica. Saúl Figueroa, viceministro de Finanzas encargado del área de Ingresos y Evaluación Fiscal y de la iniciativa, aclara que por ahora no se habla de impuestos, sino de regulaciones.
Aunque todos los ejes son importantes y cada uno está pensado para su campo de acción, hay que resaltar que trata sobre los Modelos Fiscales Ambientales, que consiste en desarrollar e implementar instrumentos económicos.
Aunque el Ministerio de Finanzas (Minfin) tiene a su cargo la coordinación institucional de la iniciativa, acompañado de Naciones Unidas, la ejecución y responsabilidad será para las carteras de Ambiente y Recursos Naturales y de Economía.
José Miguel Barreto, coordinador residente de Naciones Unidas en Guatemala, declaró en enero pasado que Page es fundamental porque apoya la reformulación de políticas públicas y económicas en torno a la sostenibilidad para respaldar la inclusión social, empleos y crecimiento verde.
En términos de economía verde, en el país existe una ventana de oportunidad para reforzar acciones de políticas públicas que complementen el desarrollo económico, bienestar social, conservación del capital natural, seguridad climática, innovación para la competitividad y productividad.
Precisó que Guatemala es uno de los 10 países más afectados por el cambio climático y no se pueden obviar los costos humanos y materiales que sufren las poblaciones más vulnerables, situaciones que se reflejan en contingencias fiscales ambientales y la necesidad de las autoridades financieras de contar con las herramientas adecuadas para gestionar y mitigar estos riesgos, así como promover cambios en el comportamiento de los agentes económicos, efectuar inversiones con criterios de sostenibilidad, desarrollar mercados con financiamiento de bonos verdes y caminar hacia una economía ecológica.
¿Impuestos verdes?
En Chile, desde el 2014 se impulsó un impuesto verde para las emisiones fijas de las industrias, así como para automotores, en vigor desde 2017.
En el sistema fiscal de Guatemala está el impuesto sobre la distribución de petróleo, pero el tributo no fue pensado en su momento para obligar a reducir las emisiones.
En el 2018, el Fondo Monetario Internacional (FMI) elaboró un estudio sobre el impuesto al carbono en la generación de emisiones, pero falta discutirlo con diversos sectores. En este caso se podría hablar de impuestos, pero también de incentivos que promuevan la producción ecología, enfatizó Figueroa.
Page tendrá una duración de tres años y se espera que en el segundo o tercero se convoque al consenso para definir la política ambiental del país, con miras a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El consultor fiscal Juan Carlos Paredes expuso que la mayoría de países se orienta al cuidado del medioambiente y algunas industrias pueden adoptar medidas como el tratamiento de desechos sólidos o líquidos, pero no todo está dicho al respecto, e impuestos directamente asociados a estas actividades dirigidos a proteger el medioambiente.
El Estado debería contar con un control estricto de todas las actividades en las que las empresas invierten para el cuidado de los recursos naturales.
Si esos impuestos verdes se fueran al fondo común para fortalecer la tributación y no en mejora del medioambiente, solo se castigaría las actividades. Además, los recursos deberán estar bien administrados, pues este aspecto puede ser la principal crítica a un nuevo esquema de impuestos, hizo ver.
Por su parte, Marco Vinicio Cerezo Blandón, director de Fundaeco y consejero global de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, expresó que los impuestos verdes deben ser vistos desde una perspectiva económica, pero en la actualidad los precios no reflejan el verdadero valor de la naturaleza.
Citó como ejemplo que una empresa que comercializa bebidas con envases desechables cobra la bebida, pero transfiere a la sociedad la recolección, tratamiento y reciclaje de la botella plástica.
Agregó que en Costa Rica se impuso un pequeño gravamen al litro de gasolina para financiar la reforestación y protección de bosques, y que en Guatemala inició, con apoyo del FMI y del Banco Interamericano de Desarrollo, un programa de fiscalidad y el Minfin estudia alternativas.
