Para ello contarán con Anne Krueger, ex subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional y ex economista jefe del Banco Mundial, contratada por una de firma que asesora legalmente al Gobierno en este proceso.
Krueger presentará las conclusiones de un devastador informe elaborado por ella y otros execonomistas del FMI sobre la situación financiera de la isla.
También estará presente Melba Acosta, presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), el brazo financiero del Gobierno.
Esta entidad asegura carecer de liquidez para afrontar el ejercicio fiscal que acaba de comenzar, por lo que, según desveló la semana pasada, planea ofrecer la recompra de US$4 mil millones en bonos que en su mayoría están en manos de bancos y cooperativas locales.
Esos bonos se recomprarían a precios inferiores a su valor nominal y se pagarían en efectivo o con la emisión de nuevos pagarés, según detalló la semana pasada el BGF ante la Junta Reglamentadora de Valores Municipales.
Además, el Gobierno prometerá a sus acreedores la presentación de un plan fiscal a cinco años realista y que cuente con un amplio consenso político y social, con el objetivo de ganar credibilidad ante ellos, que se quejan de que desde hace años las previsiones y presupuestos del Gobierno de Puerto Rico no se han cumplido, al tiempo que carece de estadísticas verosímiles.
Tanto ella como el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, aseguran ser conscientes de que es previsible que algunos acreedores de Puerto Rico inicien una “campaña negativa” en medio de este proceso.
El ya quebrado y desaparecido banco “Doral hizo una campaña en contra de Puerto Rico increíble por US$250 millones. Imagínense ustedes por US$72 mil millones (el conjunto de la deuda puertorriqueña). O sea, las campañas que vienen no serán fácil”, dijo Suárez el pasado viernes a la prensa.
La máxima responsable de las finanzas de la isla añadió que “éste va a ser un proceso difícil y controversial”, al tiempo que insistió en que el Gobierno necesita el poco dinero que tiene para pagar los servicios básicos que presta a la población.
Sin embargo, el principal acreedor de la isla, Oppenheimer Funds, no comparte esa opinión y defiende que “el Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene la capacidad de pagar sus deudas”.
Esta firma alega que, aunque el gobernador Alejando García Padilla dijo que la deuda era “impagable”, sólo dos días después, el 1 de julio, realizó “a tiempo y en su totalidad” los pagos del servicio de la deuda que vencían ese día.
Ese día “también el Gobierno comenzó el año fiscal 2016 con un presupuesto equilibrado” , al tiempo que el “acuerdo de indulgencia con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se amplió al 15 de septiembre, para dar tiempo a la compañía a desarrollar un plan operativo y financiero” .
Este fondo, que tiene unos US$4.400 millones en obligaciones de Puerto Rico según cifras manejadas por Wall Street, acusa al Gobierno puertorriqueño de acudir a la “retórica” como “una manera de encubrir la firma de un presupuesto que requiere recortes de gastos impopulares”.
Acosta aclaró el pasado viernes que el Gobierno no busca recortar el principal de la deuda, sino revisar los plazos y términos en que debe ser devuelta.
Igualmente recuerda que, aunque se observa “un supuesto cambio en la disposición de la Administración para pagar”, para la mayor parte de su deuda Puerto Rico “no cuenta con un marco legal que le permita alterar sus obligaciones de servicio de deuda”.
“El compromiso de nuestro equipo para proteger los intereses de nuestros accionistas es inquebrantable”, asegura la firma de inversión, que espera que “Puerto Rico actúe dentro de los principios de la ley”, y asegura estar “dispuestos a defender los términos previamente acordados en todas y cada una de las emisiones de bonos”.
