Proyectos de carreteras y electrificación están en riesgo si el Congreso no aprueba más de US$500 millones en préstamos

Las cláusulas de cancelación de cuatro operaciones de créditos estructurados con diferentes organismos financieros internacionales podrían activarse, sino llegan aprobarse en los periodos preventorios en el Congreso de la República, lo que tendría implicaciones en futuras solicitudes de crédito público.

El estado de Guatemala cuenta con fechas límites para la aprobación de los expedientes, que ya se encuentran en diferentes estatus de avance dentro de las discusiones en el Organismo Legislativo, y de no legalizarse en los tiempos extendidos podrían perderse.

La aprobación de los préstamos cuenta con prórrogas, y los recursos están “bajo reserva” o “congelados” en el sentido que las agencias participantes -multilaterales- están a la espera para ser notificados en la conclusión del proceso administrativo de aprobación por los canales correspondientes, para luego hacer efectivo los desembolsos.

El monto comprometido para Guatemala es de US$554.2 millones que equivale a unos Q4 mil 283 millones, y la asistencia financiera está adaptada a las necesidades y circunstancias propias de país, luego de haber analizado variables macroeconómicas, así como las necesidades de financiamiento.

Por tratarse de deuda pública, el Congreso es el facultado para aprobar la concesión de los créditos, según la ley.

Desglose de los financiamientos

La iniciativa de ley 6190 consiste en disponer aprobar la ley del Convenio de Préstamo No. 94410-GT con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), conocido como “Segundo Préstamo para Políticas de Desarrollo de Respuesta y Recuperación ante la Crisis en Guatemala”, por un monto de US$250 millones, o sea unos Q1 mil 932 millones.

El compromiso se adquirió desde 2022 y el financiamiento ofrece condiciones blandas, como un plazo de 17.5 años para el repago, incluyendo cinco años de gracia, una tasa de interés baja, asistencia técnica no reembolsable, cronograma de repagos de acuerdo con las necesidades del país. La operación tiene como fecha límite de efectividad el próximo 19 de octubre.

Diferentes tipos de inversión

Con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hay tres operaciones de asistencia financiera que también tienen “fecha de corte” de préstamos aprobados por el Directorio que suman US$304 millones en su conjunto, y que están destinados para inversión en carreteras y electrificación.

El primer préstamo está dirigido para el programa de continuidad de la ampliación de la carretera El Rancho-Teculután y el ejecutor es el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), que se encuentra en primera lectura.

El monto total es de US$175 millones unos Q1 mil 352 millones, de los cuales US$75 millones son recursos por el BID y US$100 millones de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), así como una donación de US$450 mil.

La segunda operación es por US$120 millones unos Q927 millones, y se distribuye en dos tramos: US$60 millones con el BID y US$60 millones con el Fondo Coreano de Inversión, el cual se encuentra en tercera lectura, para aumentar la cobertura eléctrica en zonas rurales con la conexión de nuevos usuarios a través de la construcción de redes de distribución.

El programa estará dirigido para Chiquimula, Petén, Alta Verapaz, Huehuetenango, Baja Verapaz, Quiché e Izabal.

Finalmente, el proyecto gestión forestal sostenible con ese organismo por US$9.2 millones y que está en espera en tercera lectura, dirigidos para ejecutar en al menos 30 municipios priorizados en Chiquimula, Petén, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Quiché, Izabal, Jalapa, Totonicapán, Chimaltenango, Sololá, Zacapa, El Progreso, Huehuetenango y Quetzaltenango.    

En modo alerta  

El diputado oficialista Román Castellanos, expuso que “hay un reclamo” respecto al vencimiento de algunos de estos préstamos ya que son operaciones que se han venido dando y que se han quedado en el camino, y la no aprobación podría tener algunas repercusiones para el país en alguna relación con algunas agencias multilaterales financieras.

Reconoció que hay un interés de qué se avance y se empieza a caminar las iniciativas, que sirvan para la inversión pública.

Consideró que es una alerta en general para el país, para el Congreso y que “incluso hay actores que han hablado con las bancadas para que avancen, incluso relacionados con las mismas agencias”.

En todo caso, informó que hay un compromiso de algunas bancadas e incluso de la mayoría legislativa para que se conozca antes de las fechas preventorias y evitar los riesgos de pérdida, por lo que hay un compromiso en que se puedan conocer en los próximos días.

Recordó que estas iniciativas han estado agendadas en sesiones anteriores y se estarían agendando.

A contra tiempo  

Para el diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas, uno de los problemas que hay es el poco tiempo, ya que solo hay una sesión durante la semana disponible, y la otra la ocupa la interpelación al ministro de Gobernación, “por lo que solo hay un día de trabajo”.

Sobre la agenda legislativa, recordó que viene la elección de nuevos magistrados, discusión del presupuesto 2025, junta directiva del Congreso, y si bien hay un ambiente en la cual se ha agendado los préstamos en las últimas dos sesiones.

“Se debe autorizar en jefes de bloque una tercera sesión en la semana, ya que, sino los temas que se vienen con presión de tiempo, porque no se moverá la agenda legislativa de lo que resta del año”, puntualizó.

Reiteró que, a lo interno del Congreso, hay mucha conciencia de que el Ejecutivo está empujando, pero “hay problemas de tiempos y la capacidad de movilizar más la agenda”, y hay más espacio en conocer la operación de electrificación rural y la ampliación de la carretera al Atlántico, y un poco más difícil el de apoyo presupuestario, luego de haber aprobado la ampliación.

Préstamos versus bonos

Al consultar a Sergio Recinos, expresidente de la banca central, sobre estas operaciones y el estatus en que se encuentran remarcó que cuando se acumulan estas gestiones en el Congreso hay que tener cierto cuidado, por el mensaje que se envía al exterior, sobre todo a la comunidad económica internacional, ya que son operaciones que han llevado una amplia negociación.

Por su puesto, aclaró que hay que ver sobre las condiciones y el destino en que se pactaron, pero que, en términos generales, se puede enviar un mensaje negativo.

Específicamente sobre las ventajas entre un préstamo y los bonos del Tesoro o eurobonos, los primeros ofrecen costos más bajos, tasas de interés preferencial entre 1 a 2 por ciento, mientras que los bonos salen en este momento entre el 5 al 6 por ciento. Además, que los plazos de los préstamos con organismos internacionales van de los 25 a 30 años, y la colocación de los bonos se puede negociar desde los 10,15 y 20 años, dependiendo del plazo, la tasa de interés va aumentando.

Recordó que las operaciones de préstamos también cuentan con periodos de gracia, lo que significa que, durante un determinado tiempo, no se pueden pagar intereses de capital y lo otro, es que tienen una supervisión cuando tienen un destino especifico de inversión, y si fueran para apoyo presupuestario, que es libre, aún sale mucho más barato que la colocación de bonos.