Propuesta del gobierno de aumentar un 10% el salario mínimo para el 2025 divide opiniones entre sectores

El sector de gobierno propuso 10% de aumento en el salario mínimo para el 2025, postura que se presentó en la Comisión Nacional del Salario (CNS) y cuya decisión ahora está en manos del presidente de la República, Bernardo Arévalo.

La viceministra de Administración del Trabajo, del Ministerio de Trabajo (Mintrab), Damarys Nohemí Oliva, informó que la propuesta del sector de gobierno en la CNS fue de aumentar en 10% el salario mínimo para el año 2025, en las tres actividades de las dos circunscripciones económicas en las que se divide actualmente la paga mínima.

Mientras los sectores empleadores de maquilas, exportación y agrícola no están de acuerdo con el 10% de aumento propuesto por el gobierno argumentando diversos impactos, el sector laboral dijo que les sorprendió el porcentaje y aunque no es lo que esperaban, se apegan a esa propuesta, según uno de los representantes ante la CNS.

Alejandro Ceballos, vicepresidente del sector de Vestuario y Textiles y representante de las actividades de maquila y exportación en la CNS, expuso que es “un error gravísimo el que está cometiendo el gobierno” porque, aunque el sector apoya un aumento, el 10% expuesto por los funcionarios es alto y la fórmula que mencionan sobre la cual se basan, a su consideración está distorsionada.

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El directivo argumenta que ese nivel de aumento puede provocar tres efectos diferentes, pero todos conllevar a aumentar la informalidad. Para las empresas que se quedan en el mercado local, al subirles los costos, les subirá el precio y tendrá efectos en sus ventas y al consumidor.

Por ejemplo, para las que no puedan tener esa capacidad de pago se corre el riesgo de que se vuelvan informales y quitan a los trabajadores de planilla. Además, para el segmento que exporta, el cual no le puede subir los precios a las prendas, al aumentar los costos de confección las empresas cerrarán esas actividades en el Guatemala y las trasladarán a otros países como ha sucedido.

De esta última explicó que el país ya está exportando mucha tela, porque las textileras siguen aquí, pero la confección, que es la que genera más mano de obra, está saliendo para instalarse a otros países como Nicaragua, El Salvador o las regresan a Asia.

Se corre el riesgo de perder todo el esfuerzo que se ha hecho de formalizar más la actividad, indicó.

Tampoco se toma en cuenta la competitividad, es decir, contra los países con quienes se está compitiendo para atraer esas inversiones o vender a ciertos mercados, indicó al explicar que varias empresas coreanas fabrican o compran tela a Guatemala, pero están instalando su confección en El Salvador. Incluso les sale más barato operar allá y tienen mejores puertos y carreteras, que trasladar sus operaciones al interior del país, agregó.

El otro problema que al subir el salario mínimo suben las prestaciones del trabajador, como la indemnización, y eso sube los costos, dijo el directivo.

Respecto a la fórmula que menciona el gobierno que usa para su propuesta, Ceballos indica que esta manipulada, y no se parece a la que ha mencionado Pronacom y la OIT.

El gobierno toma el 3.5% total de crecimiento económico, pero lo que se debiera tomar en cuenta es la productividad de la mano de obra para lo cual se usa el dato de crecimiento económico dividido entre el crecimiento poblacional (1.4%) y ese resultado se dividide entre dos, que no todo el crecimiento económico se produce por la mano de obra sino también por maquinaria y equipo, logística, transporte y otros costos.

Respecto al porcentaje de inflación, el gobierno está usando el escenario medio que es el 4%. A eso, refirió Ceballos, la propuesta oficial añade 2.5% de recuperación de poder adquisitivo para llegar al 10% que mencionan.

Pero al aplicar la fórmula de forma adecuada, da resultado el 3.07% que maneja el sector de actividad de maquila y exportadora, añade.

“El hecho de hacerlo técnico es que sea real, pero que se dé como lo proponen como un valor que ellos decidieron vamos a perder empleos, lo que va a pasar es que se va a seguir trabajando tela, pero la confección con la mano de obra se pierde”, añade Ceballos.

En la actualidad el sector cuenta con 48 mil máquinas de coser operando, y tienen contratados alrededor de 100 mil personas, porque cada máquina genera dos empleos cada una, y un empleo más para otras actividades relacionadas (etiquetas, administración, transporte, y otros). Es decir, son alrededor de 150 mil puestos de trabajo, mencionó.

Agropecuario

Charles Bland, presidente de la Cámara del Agro de Guatemala (Camagro), comentó que como sector privado propusieron que se mantenga el actual salario en la parte agrícola porque con los argumentos técnicos no se está hablando del salario en general sino del salario mínimo.

“Nosotros vemos el salario mínimo como la barrera a la formalidad” porque los que no pueden pagarlo no entran a formalidad y se requieren mejores trabajos, añadió.

Muchos de los negocios agrícolas dependen de precios internacionales, además con carreras que no funcionan, mayores costos y se pierde competitividad con otros países porque se tienen los salarios mínimos más altos de la región, comentó el directivo.

Instamos al gobierno a reconsiderar y revisar sus argumentos porque es importante que a pesar de que se quiere la posibilidad que se tengan mejores salarios y trabajos eso no se debe hacer a través de decretos sino por medio de productividad y condiciones para operar, añadió.

Por lo general las empresas grandes miran cómo enfrentar estos cambios, pero muchas veces las más que pequeñas no tienen esa capacidad y contratan menos personas.

Entre el 70% y 80 % de trabajos en el país están en la informalidad, este incremento al que más afecta es al pequeño, el que está viendo cómo salir adelante, y si sube el salario mínimo en 10%, ya no continuarán haciendo ese esfuerzo de formalizarse y van a desistir.

Laboral: apoyan la propuesta

César Amaury Pixtún, representante del sector laboral en la CNS, recordó que la postura presentada es de un aumento para llegar a los Q200 diarios, unos Q6 mil mensuales, para acercar los ingresos a la canasta ampliada, porque no se trata solo de alimentarse sino cubrir muchos aspectos de los hogares.

Sin embargo, refirió también que deben ser objetivos, en este caso dijo, que pensar que la parte patronal aceptara un aumento como el sector laboral propone es una utopía, entonces lo que buscan es que haya acercamientos como una real negociación.

“No es lo que esperaba el sector, pero también se debe ser objetivo” y “nos sorprendió la propuesta del 10% del Ministerio de Trabajo, por lo que queremos apegarnos a esa propuesta”, sin embargo, al no haber consensos en la CNS, esperan que sea el presidente de la República el que designe el aumento al salario mínimo como ha sido en otros años.

Dentro de la misma objetividad que buscamos los trabajadores también esos acercamientos y hablar del 10% estamos hablando de entre Q300 a Q335 mensual de aumento, lo cual vendría ayudar mucho a la población y votaría esa hipótesis de que habría mayor desempleo y cierre de empresas con ese porcentaje, al contrario, esto dinamiza la economía, el guatemalteco sale a comprar, adquiere bienes paga sus impuestos, favorece al empresario y al estado, concluyó.

Poder adquisitivo y costos de la canasta

La viceministra de Trabajo explicó que, aunque la pérdida de poder adquisitivo del salario mínimo ha representado entre 6% y 13% en años anteriores del 2018, es necesario recuperarlo, no se puede hacer por completo en una ocasión.

Los funcionarios explicaron en la citación que se debe tomar en cuenta mejorar las condiciones de trabajadores, también otros factores como la capacidad de pago de los empleadores.

Derivado de ello, dentro de la propuesta del aumento del 10% incluye 2.5% de recuperación de poder adquisitivo. La intención es reducir la brecha entre el salario mínimo y lo que se puede comprar con este, aspecto que beneficiaría alrededor de 1 millón 500 mil trabajadores de la iniciativa privada y unos 365 mil de Estado, según Hernández.

Sin embargo, el parlamentario Blanco insistió en que el aumento debería ser de 18%, que representaría alrededor de Q700 al mes, para poder cubrir toda la canasta básica.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) el costo de la canasta básica alimentaria urbana per cápita mensual fue en septiembre del 2024 de Q893.42 y la rural de Q692.72.

Estimadas para un hogar promedio identificado por el INE de 4.4 personas, son de Q3 mil 931.05 y de Q3 mil 047.97 respectivamente.

En este caso Blanco y el diputado José Chic, cuestionaron la forma del INE de calcular esos costos.

Los parlamentarios también solicitaron que se revise la modalidad de salarios regionales o por circunscripción, a lo cual la viceministra dijo que para hacer un análisis adecuado de algún modelo se requieren que se haya aplicado entre 3 a 5 años, por lo que se podría revisar en el próximo año el que se vaya a implementar en el 2026.