A pesar de la reapertura y la reactivación, no hemos experimentado un descontrol de la curva de contagio (ni un colapso del sistema hospitalario o auge de muertes para los suspicaces de los datos oficiales). Hipótesis para explicar esto van desde la juventud de la población, preexistencia de enfermedades hasta la menor movilidad de la población comparado a países y regiones de mayores ingresos. Cualquiera sea el motivo, y especialmente en contexto de la lentitud prevista del proceso de vacunación, esta resiliencia sanitaria cimenta una resiliencia económica que nos permite confiar en que en 2021 efectivamente se logrará crecer entre 3.5%–4% según prevé el Banguat y el Fondo Monetario Internacional.
Guatemala es un país de bajos ingresos con un PIB per cápita algo mayor a US$4 mil 500. Dicho valor no es suficiente para una vida digna para todos porque, aún si se llegara al extremo de repartir el ingreso de forma igualitaria, la cantidad de bienes y servicios producidos simplemente no son suficientes. En simple, el país no sólo sufre de un pastel mal repartido, sino de tener uno muy chico. A los niveles actuales, no hay duda de que se necesita aumentar el PIB per cápita, a pesar de todas las críticas y problemas reales y bien documentadas de este indicador
Ya es bien sabido que una alta desigualdad dificulta traducir crecimiento en mejoras sociales, que el PIB por persona no refleja bienes como la cohesión social, calidad de la convivencia familiar y trabajo no remunerado, y que no descuenta la destrucción de riqueza natural como bosques nativos y la biodiversidad que aloja. No obstante, también está bien establecido que, a niveles muy bajos de ingresos, aumentos del PIB per cápita llevan a mejoras sustanciales en la expectativa de vida, tasas de mortalidad, niveles educacionales, entre otros.
Quizás cuando superemos los US$10 mil por persona (y de seguro sobre los US$20 mil por persona) convendría sentarnos a discutir el abandono del objetivo del crecimiento. Pero con US$4 mil 500 por persona necesitamos crecer, y necesitamos hacerlo mucho más rápido de lo que lo haremos este año y de lo que hemos venido creciendo en los últimos 30 años. Si crecemos el 2021 al 3.5% como prevé el Banguat, dado un crecimiento poblacional cercano al 2%, el PIB por persona crecerá alrededor de un 1.5%. Este es el mismo ritmo al cual ha crecido desde 1990 (el promedio anual es de 1.38% anual). Si seguimos creciendo el PIB por persona a un 1.5% anual, en otros 30 años apenas habremos pasado de un PIB por persona de US$4 mil 500 a US$7 mil. Insuficiente.
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Si duplicamos la tasa de crecimiento por persona a un 3% anual, en 30 años llegaríamos a casi US$11 mil. Esto es mejor, y quizás podríamos comenzar a discutir abandonar el objetivo del crecimiento. Si la triplicamos a 4.5% anual llegaríamos a casi US$17 mil. Esto es aún mejor, y el abandono del objetivo del crecimiento sería más justificada. Si la cuadruplicamos a 6% anual llegaríamos a casi US$26 mil. Aquí ya habremos superado los umbrales bajo los cuales el crecimiento se traduce en mejoras sociales, y por tanto podríamos declarar que el crecimiento ha cumplido su misión. En dicho mundo, puedo asegurar que los problemas de violencia, pobreza, desnutrición y analfabetismo que hoy padecemos serían memorias lejanas, inimaginables por las nuevas generaciones.
Pero, ¿es posible crecer al 6% por persona? Si (ver gráfica). Cuando Corea del Sur tenía un PIB por persona de unos US$4 mil 300 logró superar la barrera de los US$20 mil en 20 años, creciendo entre 1976 y 1995 a un 8.5% anual por persona. Cuando Singapur tenía un PIB por persona de unos US$4 mil 300 logró superar la barrera de los US$20 mil en sólo 18 años, creciendo entre 1966 y 1983 a un 9.7% anual por persona. Por su parte, China con una población de más de mil millones de personas creció a un 7.1% anual por persona por 19 años (entre 1999 y 2017).
La pregunta entonces cambia a ¿cómo puede Guatemala crecer al 6% por persona – es decir a un poco menos de 8% anual total? La respuesta a este tipo de pregunta es lo que ha motivado la ciencia económica desde sus orígenes, induciendo profundas controversias a su paso. Hoy, las conversaciones serias al respecto no se centran en el tamaño relativo del Estado o del Mercado, lo que suele ser una discusión infértil y lamentablemente común. En vez, lo que importa pareciera ser quién controla al Estado y al Mercado y qué intereses persiguen.
Mientras en Corea del Sur, Singapur y China hubo un rol importante del Estado y del Mercado, su tamaño relativo fue irrelevante comparado a los cambios institucionales que orientaron a los actores del Estado y del Mercado a crear riqueza en vez de redistribuirla. Sin entrar en demasiado detalle, en Corea del Sur podemos reconocer la industrialización basada en exportaciones y la acción anticorrupción de Park, en Singapur la meritocracia y servicio civil del aparato público de Lee Kuan Yew, y en China las reformas de mercado, inversión extranjera y vocación exportadora de Xiaoping.
Así, la clave está en instituciones fuertes que incentiven a los actores del Estado y el Mercado a buscar que la riqueza aumente, en vez de limitarse a buscar un pedazo más grande para ellos mismos. Entre estas instituciones destacan mercados competitivos para que empresas busquen ganancias a través de la innovación y el aumento de la productividad, y no a través de la captura regulatoria, la supresión de la competencia y el poder de mercado. También destacan reglas claras y fuertes para que el Estado apoye las condiciones que llevan a un capitalismo dinámico, y evite convertirse en el botín de parásitos.
En este sentido, el Plan para la Recuperación Económica de Guatemala del gobierno, aunque loable y contextualizado a la pandemia, deja de lado la oportunidad de hacer las transformaciones que podrían llevar a Guatemala a recuperarse no hacia lo que había antes con un crecimiento del 1.5% por persona, sino hacia una trayectoria de crecimiento acelerado capaz de enteramente transformar la realidad material de la población en menos de 30 años.
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La limitación del plan en este sentido es que se enfoca en generar empleos, atraer inversión y estimular la demanda, y deja mayormente de lado la construcción de instituciones que en última instancia hacen o inhiben la prosperidad.
Se podría excusar al gobierno arguyendo que la urgencia de la crisis actual obliga a tomar medidas de corto plazo y no deja espacio para pensar ni actuar en función de las mejoras de largo plazo. Esa es precisamente la forma de pensar que, soslayando lo importante al priorizar lo urgente, impide mejoras sustanciales en el país.
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Benjamin Leiva es investigador del Observatorio Económico Sostenible, Universidad del Valle de Guatemala (UVG). Twitter: @bleivacrispi
