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Presupuesto 2025 refleja evidentes ambigüedades y podría estar sujeto a posibles inconstitucionalidades, alertaron analistas en foro de Cacif
La falta de certeza sobre la Ley del presupuesto de ingresos y egresos 2025 por Q148 mil 526 millones y otras ampliaciones, fue una de las principales conclusiones de un foro realizado por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícola, comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), luego que el Congreso de la República publicara el decreto 36-204.
Mario Alberto García Lara, director ejecutivo de la Fundación 2020; Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de Asíes; Ricardo Barrientos, director ejecutivo de Icefi; Francisco Quezada, presidente de Cedecón y Carlos Arias Bouscayrol, presidente de Vestex y representante del sector privado ante la Junta Monetaria, durante el foro que organizó Cacif sobre presupuesto 2025. (Foto Prensa Libre: Urías Gamarro)
“Hay cuentas fuera de balance”, advirtió Carlos Arias Bouscayrol, presidente de la Comisión de Vestuario y Textil (Vestex) y representante del sector privado ante la Junta Monetaria (JM), al referirse sobre la publicación de la Ley del presupuesto y su vigencia el próximo 1 de enero.
En el foro participaron delegados de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), el Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecón) y de la Fundación 2020 y la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (Atal), quienes expusieron sus preocupaciones.
Una de las coincidencias encontradas por los expositores es que hay elementos antitécnicos como ampliaciones preaprobadas, asignaciones sin fuentes de financiamiento y el uso de la deuda pública por la vía de bonos del Tesoro para gasto de funcionamiento, entre otras, que se conocieron en la Comisión de Finanzas del Congreso.
El foro abordó un panorama macroeconómico, fiscal, jurídico y legal, por lo que los expositores calificaron como “confuso y difícil de interpretar” el contenido en el plan de gasto, y requirieron corregir “algunos de los errores” detectados antes de su plena vigencia, para brindar la certeza tanto al Congreso como al ministerio de Finanzas como responsable de la política fiscal y de su buena ejecución.
Durante el foro se reiteró que es positivo que el Ejecutivo cuente con un programa de gasto aprobado, pero es necesario que se corrijan algunos rubros o bien para del articulado. El pasado martes, el Icefi instó a la creación de una instancia intersectorial independiente que analice y evalúe los aspectos técnicos y legales del decreto 36-2024.
Sujeto a inconstitucionalidades
Francisco Quezada presidente del Cedecón y Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de Asíes, dieron una postura jurídica del contenido de la Ley.
Quezada afirmó que el Congreso no es el formulador del presupuesto, “y no puede borrar números y establecer lo que ellos quieran”, sino que es un ejercicio que le corresponde al Ejecutivo.
"El Congreso dejó válvulas abiertas para seguir ejecutando y por lo menos se detectaron 20 aspectos que pueden ser inconstitucionales. Entonces, estas impugnaciones que pueden ser parciales, que se puedan presentar a la Corte de Constitucionalidad (CC) "
Francisco Quezada presidente del Cedecón
“El Congreso cada vez está debilitando al organismo Ejecutivo, que ya no va a tener planificación anual porque se las desbaratan e indirectamente se está convirtiendo en el Ejecutivo. En los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) encontraron una buena válvula de escape para satisfacer los intereses de su electorado”, apuntó el presidente del Cedecón.
A su juicio, hay temas técnicos “muy delicados” y citó que se está financiando con endeudamiento el gasto corriente, que además viola la Ley Orgánica del Presupuesto que es Constitucional, en el sentido que no se puede utilizar, porque es una Ley y no puede ser reformada por una norma anual de presupuesto, que puede ser objetable.
El Congreso dejó válvulas abiertas para seguir ejecutando y por lo menos se detectaron 20 aspectos que pueden ser inconstitucionales. Entonces, estas impugnaciones que pueden ser parciales, que se puedan presentar a la Corte de Constitucionalidad (CC) “de aquí a que se determine, se estarán avanzando en los meses del año, por lo que será vigente”.
“Es un presupuesto antitécnico, clientelar y es hecho por el Congreso”, enfatizó Quezada.
Ambigüedades
Hurtado, agregó que el gran tema que amerita análisis y que eventualmente pueda ser sometido a algunas impugnaciones, es que en el mismo decreto existen algunas contradicciones y ambigüedades que tienen que ser aclaradas.
“En la lectura que se tiene, es que por un lado se establece cuál es el presupuesto para determinada entidad o rubro de gasto en infraestructura, pero por otro lado hay ampliaciones predefinidas y eso genera algunas dudas desde la perspectiva legal. Lo otro es como se manejará el Crédito Público (contratación de nueva deuda) que no están definidos y que el Congreso tiene que aprobar, porque hay un procedimiento para avalar cualquier procedimiento, que son elementos que tendrán que ser aclarados”, afirmó Hurtado.
El director, indicó que es muy probable que puedan presentarse algunas impugnaciones, una vez publicado el decreto de presupuesto en el Diario de Centro América y que “ojalá que las impugnaciones y la forma en que se pueda resolver brinde la claridad y certeza necesaria, no para truncar la ejecución, que es la que se necesita para poder cumplir los fines del Estado”.
Corregir errores
Mario Alberto García Lara, director ejecutivo de la Fundación 2020 y Atal, afirmó que el gasto estatal para el siguiente año ya está aprobado con la publicación de la ley, y hay que estar atento que la ejecución sea transparente y eficaz, por lo que es responsabilidad del Gobierno y de la Contraloría General adoptar las medidas correspondientes.
Desde su perspectiva, seguir la recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) que tiene un déficit fiscal muy alto, que podría llegar hasta el 3.5 % que sea temporal, y que este focalizado para inversión en infraestructura.
“El Gobierno que fue electo para velar por el combate a la corrupción debería de activar sus unidades de auditoría interna como nunca, fortalecerlas y rendir cuentas permanentemente”, consideró.
Reiteró que hay que ponerle atención a los recursos asignados a los Codedes, que tendrá un “monto extraordinariamente alto” de Q12 mil millones en 2025, se tienen que establecer los mecanismos de control, por lo que el ministerio de Finanzas deberá establecer un portal especifico de cómo se asigna y ejecutan los recursos destinados para esos programas y proyectos en tiempo real y a la vista del público.
El otro punto, es la asignación de Q3 mil 500 millones que se le asignó al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para un programa de inversión en puentes y carreteras que no existe, se debería crear un fideicomiso con unas reglas muy estrictas de ejecución que se destine a las obras que el Gobierno defina y que sean prioritarias.
García Lara, indicó que hay errores de forma importantes, ambigüedades, contradicciones, que deben ser sujetas de corrección que sea el Congreso y bien las cortes que lo ordenen corregir.
A su entender, es un riesgo que no dejar ser preocupante, por qué una buena parte del presupuesto es que brinda certeza, a pesar de que hay errores.
Descargo
El diputado Julio Héctor Estrada Domínguez, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso fijo su postura ante los cuestionamientos durante el panel, y en términos generales indicó que la redacción del dictamen no es diferente a la del presupuesto 2022, 2023 o 2019 y se han utilizado herramientas para ajustar y dar los espacios con artículos posteriores.
Aclaró que el artículo 142 “Plan extraordinario para la rehabilitación de puentes y carreteras” por Q3 mil 500 millones, él voto en contra y “pueda ser (que el artículo) pueda tener algunas inexactitudes, que es muy atípico; que fue una reacción especifica en la Comisión a propuesta del partido oficial”.
"El artículo 142 “Plan extraordinario para la rehabilitación de puentes y carreteras” por Q3 mil 500 millones, él voto en contra y “pueda ser (que el artículo) pueda tener algunas inexactitudes, que es muy atípico; que fue una reacción especifica en la Comisión a propuesta del partido oficial”
Julio Héctor Estrada Domínguez, presidente de la Comisión de Finanzas
“Por inconsistencias, o por cuadrar, hay áreas grises con la ley específica en las asignaciones, que son constitucionales en todos los presupuestos y tienen algunas vulnerabilidades. En este caso, el presupuesto está sólido, tiene una buena votación, buen apoyo y no tiene nada nuevo, sino que nosotros estamos construyendo en herramientas utilizadas en otros años”, aseguró al preguntarle si ve algún riesgo de impugnación.
Sobre las impugnaciones y tal como lo que ocurrió en diciembre del 2023 cuando quedó suspendido por la CC, Estrada Domínguez, reconoció que siempre es una posibilidad y que en esa ocasión el gasto no avanzó al no discutirse a profundidad sobre una enmienda.
Sobre las aclaraciones o correcciones que se señalaron durante el foro del Cacif, el diputado enfatizó que no existe una figura jurídica para llevar a cabo ese proceso, ya es una ley aprobada y la interpretación es clara.
“No hay una acción o una figura legal para que el Congreso aclare algunas decisiones del soberano (Legislativo)”, concluyó.
Presenta acción de inconstitucionalidad
El diputado Bequer Chocooj De La Cruz, presentó un recurso de amparo en la CC este martes 10 de diciembre, luego de la publicación de la ley del presupuesto decreto 36-2024.
El fundamento está relacionados a las asignaciones presupuestarias en 2025 para la Universidad de San Carlos de Guatemala, municipalidades, Escuela Nacional Central de Agricultura (Enca), Instituto Nacional de Bosques (Inab), Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Comité Olímpico Guatemalteco y Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.
La impugnación es sobre los cálculos de proyección de los ingresos tributarios en 2025 por Q109 mil 302 millones y las asignaciones a estas instituciones que les corresponden.
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