Es común que el resultado de los ingresos corrientes sea menor que el presupuesto de gastos; sin embargo, este año el gasto estatal tuvo un incremento importante, como efecto de la crisis económica causada por la pandemia del covid-19.
Es importante señalar que durante el 2020 el Gobierno ha tomado medidas para mitigar y contener la propagación del virus, se aprobaron paquetes fiscales y se utilizó la política monetaria para favorecer la actividad económica y permitir la asistencia social a la población vulnerable.
En ese sentido, es comprensible que el Gobierno busque apoyar el proceso de recuperación y reactivación de la economía, por lo que, en el proyecto de presupuesto 2021, se contempla una serie de acciones incluidas en un apartado específico de reactivación económica y social que pretenden dar el impulso para retomar la senda de crecimiento económico.
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Con ese objetivo, además de los recursos que normalmente se destinan para el funcionamiento del Estado, para 2021 se incluyen fondos extraordinarios por Q4 mil 560.8 millones, de los cuales Q3 mil 692.8 millones (81%) serían para la ejecución de proyectos de inversión en distintos ministerios.
Al analizar los datos, uno buscaría evaluar si la distribución de proyectos y prioridades es la adecuada; sin embargo, con la información incluida es imposible evaluar la efectividad o conveniencia de las políticas propuestas para la reactivación económica, ya que no se acompañan de los respectivos estudios de rentabilidad social que permitan garantizar que efectivamente sean los prioritarios para el país.
No obstante, sí es posible apreciar que el proyecto de presupuesto señala un cambio en las prioridades de las políticas públicas en medio de la pandemia. Los ministerios de Salud y Educación, así como el de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda —donde se presupuesta la mayoría de inversiones en infraestructura, incluyendo el mantenimiento de carreteras—, recibirán fondos significativos, incluso en comparación con el presupuesto ampliado de emergencia en 2020.
En cambio, el Ministerio de Desarrollo Social, que estuvo a cargo de las transferencias de efectivo a las familias durante la crisis, ve reducido su gasto presupuestado para 2021.
Resulta evidente, entonces, que el Gobierno tiene la intención de impulsar la recuperación económica a través de un paquete de reactivación de proyectos de infraestructura de uso intensivo de mano de obra por Q4 mil 560.8 millones, como carreteras y proyectos de vivienda rural, los cuales buscan permitir la creación de nuevas fuentes de empleo y mejorar la competitividad del país.
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Es importante tomar ciertas acciones claves para garantizar que su implementación tenga efectos positivos, entre las cuales se encuentran las siguientes:
Blindar reactivación
Dado que los elevados déficits fiscales esperados para 2020 y 2021 representan un grave riesgo para la estabilidad fiscal del país, sería sano asegurar que los recursos extraordinarios destinados para reactivación económica en 2021 se protejan, a manera de evitar que se desperdicien en gasto corriente o en programas demostradamente fracasados y opacos, por lo que se considera que tales recursos se deben invertir estratégicamente con visión de largo plazo.
De la misma manera, es importante que a la ejecución de los rubros extraordinarios dedicados a la reactivación económica se le pueda dar seguimiento mediante una plataforma en la cual, periódicamente, se pueda evidenciar que se cumplieron.
Una posible figura para blindar la ejecución de esos rubros presupuestarios podría ser la creación de vehículos financieros de propósito especial enfocados a esos gastos prioritarios, los cuales podrían tomar la forma de fondos específicos, con una gobernanza interna sólida y efectiva, destinados a salud, nutrición, infraestructura y a la generación de empleos.
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Complementos
La reactivación económica debe descansar fundamentalmente en el sector privado, y no en el gasto gubernamental. Con ese propósito, el Estado debe
coadyuvar a que los mercados sean ágiles y flexibles, para lo cual es importante que sea un facilitador de negocios creadores de empleos formales, en lugar de ser un obstáculo para que estos florezcan.
Lo anterior implica que, complementariamente al presupuesto, se deben tomar acciones de política que permitan: reducir los trámites administrativos y digitalizar los servicios públicos, invertir en la capacitación de la fuerza laboral, flexibilizar el mercado laboral, modernizar los sistemas de pagos y viabilizar las inversiones.
Asimismo, se deben tomar medidas relativas al fortalecimiento institucional, necesarias para la adopción de nuevas tecnologías, promover la inversión en personas y en infraestructura, así como lograr la certeza jurídica para un buen clima de negocios.
Solo fortaleciendo las principales instituciones será posible aumentar la efectividad del Gobierno y establecer permanentemente un clima favorable para la inversión. Como se mencionó en Enade de 2019, debe iniciarse la reforma de las principales instituciones del Estado, lo cual no es una tarea fácil, pero es necesaria, ya que sin ella ninguna otra política pública tendrá éxito en el largo plazo. Las principales instituciones que deben fortalecerse son: Servicio Civil, el sector justicia, el sistema electoral, sistema estadístico nacional, la Contraloría General de Cuentas y la seguridad social.
Conclusión
Es importante que el Congreso apruebe el presupuesto sujeto a ajustes para que, por un lado, se recorte hacia la baja el techo presupuestario (a unos Q93 mil 038 millones, con un déficit fiscal equivalente a 4% del PIB), con la finalidad de que retorne gradualmente a niveles sostenibles, y que se blinden los recursos destinados para la reactivación económica, a fin de evitar que se desperdicien en gasto corriente o en programas de poca efectividad y transparencia.
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* Investigador del área económica de Fundesa y miembro de la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (Atal), cuyos insumos fueron utilizados para el presente artículo.
