La distribución presupuestaria dirigida a los Consejos se convierte en un “superministerio”, que competirá con el rubro de inversión asignado al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
Para tener una idea, el presupuesto del CIV es de Q5 mil 049 millones y ocupa la cuarta posición en la proporción por cartera. Además, duplica las asignaciones de los ministerios de Agricultura por Q1 mil 703 millones y Desarrollo Q1 mil 462 millones para 2021.
En el dictamen apresurado que brindaron los diputados de la Comisión de Finanzas del Congreso el pasado martes, aseguraron que la asignación corresponde a la Reactivación Económica Local ante los efectos del coronavirus y las tormentas Eta e Iota.
El exviceministro de Finanzas, Érick Coyoy, precisó que lo más importante en la aprobación del presupuesto 2021, es la ampliación presupuestaria para los Consejos Departamentales de Desarrollo, que es mucho más que han recibido en los años anteriores, y la autorización de usar los recursos que no ejecuten este año el próximo de una ampliación que tuvieron y no se había reflejado anteriormente.
“Todos los movimientos que hubo del presupuesto estuvieron orientado a los Consejos, y se nota que hay una maniobra para el control de los recursos y no depender del CIV”, aseguró.
Distribución
Del 2012 al 2020, en promedio las asignaciones a los Consejos son de Q2 mil 277 millones por año fiscal.
En la aprobación, el Congreso realizó tres maniobras presupuestarias para los Consejos.
Por aporte ordinario del IVA Paz -que proviene de la recaudación tributaria- la asignación es de Q2 mil 401 millones, un aporte extraordinario -que vendrá por deuda interna- que originalmente era de Q1 mil 417 millones, pero luego de una enmienda quedó en Q947 millones.
A ello se suma el saldo -que se conocerá hasta que termine el ejercicio- de unos Q300 millones que podrá utilizar para el siguiente año, según la norma presupuestaria del artículo 105.
En ese artículo, el Congreso autoriza utilizar los saldos pendientes de ejecutar por los Consejos de los recursos aprobados en el decreto 20-2020 que trata sobre una ampliación presupuestaria de Q600 millones por la emergencia del covid-19 y que se aprobó en abril de este año por medio de la colocación de bonos del Tesoro -deuda pública-.
Es decir que las obras que no se ejecuten en este ejercicio, podrán utilizar esos recursos.
De los Q600 millones con bonos, la ejecución no alcanza la tercera parte, y lo más que podrán ejecutar al cierre de diciembre será entre Q300 a Q350 millones, por lo que podrán utilizarlos el siguiente año, según la norma presupuestaria.
Además, que por primera vez se aprueba esta norma en el presupuesto y a comparación de otros años, los recursos que no se ejecutan no regresarán al Fondo Común para darles otros usos.
Todo este andamiaje presupuestario del Congreso supondrá que los Consejos manejará esa cantidad de dinero.
Jorge Lavarreda, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), dijo que los Consejos Departamentales de Desarrollo fueron los principales ganadores en la aprobación del plan de gasto.
Estrecha relación
Marvin Flores, analista de Acción Ciudadana (AC), explicó que por efectos de la pandemia se pronostica una caída del IVA Paz, que afectará a su vez los ingresos de los Consejos y a las municipalidades, sin embargo, el grave problema es que los mejores ejecutores son las municipalidades y no los Consejos que con las asignaciones no van a poder ejecutar.
“El tema acá no es ejecución, sino que los gobernadores departamentales como presidente de los Consejos responden a los diputados distritales, y se habló que a cada diputado que aprobó el presupuesto les dieron sobre la mesa Q100 mil y Q5 millones en obras”, dijo el analista.
Recordó que, a cambio de ejecutar esa prebenda que se hizo de aprobar el presupuesto, son dos mecanismos: el CIV pagando deuda de arrastre a empresas de Covial y la Dirección General de Caminos y los Consejos Departamentales de Desarrollo.
Añadió que la Contraloría General de Cuentas tiene identificados 28 mil proyectos que han quedado paralizados y que no se pueden ejecutar por los Consejos en el siguiente año.
“Con esta asignación presupuestaria se observará que seguramente el anticipo de primera obra se repartirá entre empresas constructoras que pertenecen a diputados distritales, y el llamado a la ciudadanía en los municipios es fiscalizar y auditoria social en cada obra, porque aparte que saldrán caras por el nivel de deuda que se adquirirá no se van a finalizar”, apuntó Flores.
El analista enfatizó en que el negocio es repartir el dinero mediante el anticipo del 20% de cada obra en los municipios y departamentos.
Coyoy dijo que el perfil de las obras que ejecutan los Consejos se caracteriza por ser pequeñas y se ejecutan en los departamentos, pero se han conocido casos de corrupción como la carretera que conducía a un negocio particular de la exdiputada Delia Bac en Chimaltenango y se hizo una simulación de una aldea como son demasiados proyectos pequeños la Contraloría no los llega a fiscalizar a cada uno de ellos, y ahí se aprovechan diputados distritales y alcaldes a manipular.
Recordó también el caso del exalcalde Arnoldo Medrano, de Chinautla, del cómo se manejan los recursos de los Consejos, por medio de muchos proyectos pequeños, que los aprovechan redirigir a su favor.
“Los diputados distritales, cada uno en sus departamentos, tiene la opción de ver a quién se le adjudica el contrato y los avances de los pagos y eso explica la aprobación del presupuesto”, aseveró Coyoy.
