Presentan inconstitucionalidad contra el Presupuesto del Estado del 2025 y piden suspender decreto
La CC recibió la primera inconstitucionalidad contra el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el 2025 con la cual los interponentes buscan que se suspenda el decreto 36-2024.
El decreto 36-2024 que contiene el Presupuesto del Estado para el 2025 entró en vigencia el 1 de enero, día en que fue presentada una acción de inconstitucionalidad. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).
La acción de inconstitucionalidad fue presentada el 1 de enero del 2025 ante la Corte de Constitucionalidad (CC) y busca dejar sin efecto la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025 contenida en el decreto 36-2024, aprobado por el Congreso de la República.
Dicho decreto fue aprobado el 27 de noviembre del 2024 con un monto total del presupuesto por Q148 mil 526 millones, el cual fue publicado en el Diario de Centro América el 9 de diciembre, y entró en vigencia el 1 de enero del 2025.
La acción es promovida por Miguel Roberto Balsells López, Gerardo Antonio Galvez Braham y José Manuel Ramírez Campos, quienes argumentan, en el documento, asignaciones de recursos que no respetan las distribuciones de fondos dictadas en la Constitución de la República.
Los abogados exponen en el documento que no se han respetado las asignaciones que establece la Constitución, entre ellas, mencionan para la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), para el deporte (incluyendo el federado, educación física, deportes escolares y no federado), para el Comité Olímpico Guatemalteco (COG), Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el Organismo Judicial, la CC, la Escuela Nacional de Agricultura (Enca), y para la alfabetización a través del Comité Nacional de Alfabetización, así como para las municipalidades.
Con esta medida los interponentes solicitan que se decrete la suspensión provisional del decreto 36-2024, durante el trámite de la acción de inconstitucionalidad presentada, ya que se considera lesiva su vigencia para ejecutar el presupuesto del presente año y se causaría daños irreparables de no decretar la suspensión provisional.
Con esta inconstitucionalidad buscan que la CC suspenda el decreto del presupuesto, por lo que se pide que se dé con lugar la acción de inconstitucionalidad general de ley en contra del decreto 36-2024, por incurrir en violaciones como el principio de legalidad contenida en el artículo 5 de la Constitución, y solicitan expulsar del ordenamiento jurídico la norma impugnada.
Además, que se ordene al Organismo Ejecutivo la suspensión del decreto 36-2024 para que este retorne dicha ley al Congreso para que este excluya del contenido del mismo las disposiciones de carácter general que violentan la Constitución.
La petición la efectúan con base a los artículos 1, 2, 4, 5, 12, 39,41, 44. 46, 268 y 276 de la Constitución, así como varios artículos de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
La @CC_Guatemala recibe inconstitucionalidad qué busca dejar sin efecto el presupuesto nacional del año 2025 por aparentes asignaciones qué no respetan distribuciones dictadas en la Constitución. La acción es promovida por Miguel Balsells, Gerardo Galvez y José Ramirez. pic.twitter.com/cJI0yXZ15f
— Douglas Cuevas (@dcuevas_gtv) January 2, 2025
El 9 de diciembre del 2024 el diputado Bequer Chocooj interpuso un amparo en contra del presupuesto 2025, argumentando que el presupuesto aprobado es ilegal y anticonstitucional.
Por aparte, Miguel Balsells, anunció en sus redes sociales el 22 de diciembre, que presentó una acción de inconstitucionalidad, y explicó acerca de la presentada el 1 de enero.
Detalles del documento
En la acción se cita como terceros interesados al Ministerio Público, la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), la Usac, el IGSS, la CDAG, el COG, Conalfa, el Organismo Judicial (OJ), el Instituto Nacional de Bosques (Inab) y el Procurador de los Derechos Humanos.
Entre los diversos argumentos que incluyen en la acción presentada, se menciona que el artículo 1 se establece que los ingresos tributarios son de Q109 mil 302.5 millones, y sobre esa cantidad se deben realizar los cálculos respectivos para las asignaciones privativas que establece la constitución a varias entidades.
Exponen que, a la Usac, a la cual el artículo 84 de la Constitución establece una asignación no menor del 5 % del presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado, le correspondería Q5 mi 465.1 millones, pero en el decreto le fue asignado Q3 mil 070.9 millones, y está siendo afectada por Q2 mil 394 millones.
En el caso de las municipalidades, el artículo 275 establece que la asignación debe ser del 10 % del presupuesto de ingresos ordinarios, por lo que, según se cita en el documento de acción de inconstitucionalidad presentado, le correspondería Q10 mil 930.2 millones, pero le fueron asignados Q6 mil 141.8 millones, una diferencia de Q4 mil 778.4 millones.
En el caso de la ENCA, basados en el presupuesto del Maga de Q2 mil 592.1 millones le correspondería Q129.6 millones, cifra que no está clara si le será asignada así, consignan en el documento.
En el caso del IGSS, exponen los interponentes que la entidad requirió Q6 mil 819 millones para cubrir los aportes y cuota que le corresponde al Estado como tal y como empleador, pero en el presupuesto solo se le asignaron Q1 mil 400 millones.
En el caso del OJ, el 2 % constitucional sobre el presupuesto de ingresos ordinarios mencionado sería de Q2 mil 456.7 millones, aunque en este caso sí se les asignó más de ese monto, se indica en el documento.
A la CC, se le debe asignar no menos del 5 % del mínimo del 2 % que correspondan al OJ, por lo que le correspondería Q122.8 millones. Agregan que, para el deporte, el aporte constitucional debería ser de 3 %, es decir Q3 mil 279 millones, y de esto debe destinarse el 50 % para los órganos rectores del deporte federado, es decir Q1 mil 639.5 millones, pero se les asignó Q921.2 millones.
Por último, consideran que ya existe jurisprudencia de sentencias emitidas en el 2014 y en el 2019.
ESCRITO POR:
Rosa María Bolaños
Periodista de Prensa Libre especializada en medios escritos y radiales en temas de energía eléctrica, empleo, impuestos, empresas y negocios con más de 20 años de experiencia.
