López, dijo que el primer esquema está relacionado a la parte legal de hacer un nuevo contrato por el cambio de condiciones.
Durante la administración del Partido Patriota se otorgó un contrato oneroso para la construcción de TCQ en un terreno de la portuaria, inversión que inició el grupo TCB de origen español.
La Contraloría General de Cuentas determinó que el convenio por 25 años debía ser anulado por existir anomalías en su adjudicación.
La Cicig y el MP involucran al exbinomio presidencial de haber recibido sobornos por facilitar la obra.
El grupo español vendió la operación a APM Terminals, filial del Maersk Group.
La PGN y el interventor recomendaron continuar con la operación.
El anterior acuerdo, que fue firmado en el 2013 se firmó bajo la figura de contrato oneroso, y ahora cambiaría a contrato por excepción, que es la ruta legal que se propuso.
El presidente de la portuaria explicó que la Procuraduría General de la Nación (PGN) planteó la nulidad del contrato anterior de TCQ, es decir el de la figura de usufructo oneroso, que se suscribió por 25 años.
Ese acuerdo —que es el vigente— fue suscrito por el exsub interventor Julio Rolando Sandoval Cano, quien se encuentra en prisión por el caso de corrupción Coperacha y que involucra al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, de haber recibido coimas, según la acusación del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
“Sí el Congreso aprueba el contrato por excepción, tanto TCQ como EPQ tendríamos que allanarnos a la demanda de la procuraduría para que un juez declare la nulidad del contrato vigente”, resaltó.
La nulidad, solo la puede declarar un juez de alzada, dijo.
López agregó que prepararán un nuevo diseño de negocios de la portuaria cuando TCQ entre operar.
“EPQ nunca fue diseñado como terminal de contenedores, sino de carga a granel (transporte sólido por volumen) y lo que estamos estudiando es llevarla a otra escala de negocios”, dijo.
