Las redes de quinta generación, conocidas como 5G, son mucho más que una tecnología de alta velocidad.
Según GSMA, el organismo que agrupa a los operadores de redes móviles a nivel mundial, estas redes son las que finalmente van a soportar un mundo de las “cosas” conectadas con las personas. Por ejemplo, vehículos autónomos, cirugías médicas tele-asistidas con brazos robóticos, minería operada con drones o fibra óptica por el aire.
No solo se podría descargar una película en 5 segundos, o una lista de música completa en medio segundo. Las redes 5G en Guatemala se podrían utilizar por ejemplo, en la telemedicina, para monitorear a una madre embarazada a través de una tecnología móvil y con ello bajar la cifra de los 28 de cada mil niños menores de 5 años que mueren por males evitables, como una diarrea o una bronconeumonía.
Pero, aunque el 2019 será recordado como el año de la adopción de 5G en el primer y segundo mundo, en Guatemala hay que superar barreras políticas y legales para empezar a preparar un ecosistema para este tipo de tecnología.
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Rezago y segregación
A febrero de 2019, el estudio “Una aproximación a la brecha digital en Guatemala”, publicado por Prensa Libre, reveló que la mitad de la población guatemalteca aún usa un teléfono móvil de segunda generación —2G—.
La muestra arrojó que casi 6 de cada 10 guatemaltecos tienen un teléfono móvil de tercera generación —3G—, pero eso no significa que tengan acceso a la conectividad. Además, el 40% posee un celular básico y solo el 23% tiene acceso a telefonía fija.
Una batalla legal
¿Por dónde empezar, entonces? Los retos de Guatemala van mucho más allá de tener a todo el mundo conectado. Se trata de saber cómo optimizar el espacio que el Estado concesiona, cómo se reinvierten los recursos fiscales de los operadores en fortalecer el ecosistema y qué tipo de servicios inteligentes se integran a la oferta.
En este proceso legal, el regulador tendrá mucho que ver en lo lento o rápido que se adapte el país a la nueva tecnología.
Pero para hablar de 5G se necesita una cantidad considerable de espectro móvil, más allá de los 900 Megahertz, requerimiento que no es viable en el país en la actualidad.
El espectro radioeléctrico es la carretera de datos que transmite las frecuencias de ondas que permiten que la radio, la televisión, Internet, la telefonía móvil o la televisión digital lleguen a los usuarios. Dicho espacios, tanto el físico como el digital, son propiedad de un país.
Para que 5G sea viable en Guatemala, hay que resolver primero trabas de tipo legal, porque hay un conflicto entre la Ley Orgánica de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones y la Ley General de Telecomunicaciones. Un solo artículo que sea derogado en la primera ley podría liberar la subasta para la red 4G.
Solo Guatel puede administrar las bandas arriba de 900 Mhz, mismas que son cruciales para 5G, explica Christian Aguilar, viceministro de Comunicaciones.
Luego de resolver esta reforma, Guatemala tendrá que ver otros desafíos como la privacidad, la transparencia de la información y los nuevos derechos digitales para los usuarios de la nueva tecnología.
5G en la agenda país
El segundo desafío es político, porque requiere que el Congreso de la República incluya entre sus prioridades la liberación legal para subastar las redes 4G, y con ello, comenzar las inversiones que requiere el ecosistema de 5G.
Aún así, “la transformación digital va más allá de la infraestructura de las TIC”, recordó Yang Peng, CEO de Huawei México, al abrir el Latam Innovation Day en la Ciudad de México el pasado 27 de noviembre.
La construcción de la agenda, concluyeron los panelistas de dicho foro, demanda integrar a otros sectores, como la manufactura, el transporte, la energía, las finanzas o el retail, industrias donde estas redes serán cruciales.
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“Hay que adjudicar 4G”
¿Tendrá lugar este tema en el próximo gobierno? Rolando Paiz, quien será el próximo comisionado de Competitividad e Inversión en el gobierno de Alejandro Giammattei, indicó a Prensa Libre que lo primero es concluir el proceso de subasta –de 4G– “en un ambiente que permita los mayores ingresos al Estado, así como el mejor servicio al usuario. El proceso tiene que ser transparente entre las operadoras y considerar opciones que no estén en el mercado actualmente”.
Añadió que luego de adjudicar la 4G se deben generar las condiciones para que la 5G sea adjudicada también. Ambas tecnologías utilizarían la misma banda.
“Un solo operador significa enormes recursos fiscales a utilizar, (pero) en el modelo actual, se destinan para todo menos en la inversión de telecomunicaciones. Y esto no hace viable el 5G en los próximos años” sentencia Gabriel Székely, presidente de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de México.
En cuanto a la tercera traba, según Guillermo Gutiérrez, director general del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía (Fondetel), el país necesita reorganizar la forma en la que otorga los espacios para el espectro radioeléctrico para acelerar la adopción de tecnologías compatibles con las redes 5G.
“Debemos repensar la forma en la que el Estado entregue el bien público”, replica Gabriel Contreras, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. A la discusión se une el tema del tipo de usos que se le dan al espacio digital y a las tarifas que se imponen.
¿Qué dicen los operadores sobre las redes 5G?
Manuel Sisniega, director de asuntos corporativos de Tigo en Guatemala, informó que desde el 2015 en esa empresa se implementó la tecnología 4G.
“Es importante resaltar que seguimos evaluando de forma técnica y comercial la aplicación del 5G, siendo esta una tecnología que se sigue definiendo, nos mantenemos muy atentos a la evolución de los estándares para asegurar su correcta implementación” indicó.
En el caso de Claro, la empresa confirmó que proyecta efectuar “importantes inversiones en despliegue de red 5G en los próximos dos años. Además, para no afectar dicho despliegue, se requieren procesos transparentes de adjudicación de frecuencias”, indicó Litza Escobar, gerente de Relaciones Institucionales de Claro.
Añadió que es fundamental que haya políticas públicas que brinden seguridad a la infraestructura de telecomunicaciones; adjudicación de frecuencias asociada a compromisos de despliegue de red y no asociada a precio de adjudicación.
Visión de desarrollo
Hay consenso dentro del foro latinoamericano en que cada dólar destinado al pago del espectro radioeléctrico es dinero que no necesariamente llega al desarrollo tecnológico.
“La infraestructura que se necesita implica inversiones como no las hemos visto en el pasado de fibra óptica, antenas y otra infraestructura”, indica Contreras.
Los cálculos de Huawei apuntan a que la conectividad masiva requerirá 10 veces más sitios de acceso de banda ancha móvil y conectividad de fibra óptica que los actuales. Pero no hay mucho tiempo. Según datos de Ericsson, las redes comerciales del 4G tardaron una década en madurar. Desde el 2009 contabilizan 777 redes de este tipo en el mundo. Mientras que solo en el 2019 ya se cuentan 39 redes comerciales 5G a escala global y a unos 40 países que han liberado espectro para la nueva tecnología. Huawei estima que el próximo año se duplique el número de países en esa condición.
Lo que sí es cierto es que el gobierno, primero desde el Congreso y luego en el Ejecutivo tiene el balón en su lado del campo, en el sentido de que es quien otorga los espacios del espectro y decide el rumbo de las inversiones públicas.
Sin embargo, montar una agenda para pensar cómo desarrollar este ecosistema mega-conectado, dependerá de las prioridades y los tiempos de cada país y de cada industria.
La urgencia que planteó el foro apuntó a que se invierta seriamente en la economía digital y se genere demanda 5G desde otras industrias, con la salvedad de que ya no dependerá de la visión tradicional de los operadores o de los fabricantes. Hay nuevos jugadores que han cambiado la estructura de costos y de ingresos de todo el negocio.
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