El tema de consultas se basa en lo establecido en el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Mineras
Minera Fénix
La más reciente notificación la recibió el MEM la semana pasada, dijo ministro de Energía y Minas, Luis Chang, respecto de la resolución de la CC de suspender de forma provisional la licencia de derecho de explotación de la minera Fénix que se ubica en Izabal, la cual es operada por la Compañía Guatemalteca de Níquel.
“Creo que (no podemos hacer) nada porque –la resolución– no ordena nada la Corte, solo la suspende” comentó el funcionario.
“Hasta que nosotros no tengamos resuelto en definitiva por parte de la Corte no podemos proceder (con acciones) de ninguna índole”, agregó el funcionario.
En un comunicado emitido la semana pasada, la compañía aseguró que en el 2005 se llevó a cabo la consulta comunitaria y su actualización en el 2018. Aunque el abogado de los comunitarios que presentó el amparo indicó que no se desarrolló la consulta en cuatro municipios de dos departamentos del área de influencia.
Minera San Rafael
En el caso de la Minera San Rafael sigue el proceso de consulta. Las convocatorias se empezaron en noviembre del 2018 por el MEM, luego de que en septiembre de ese año la CC resolviera que la minera podía retomar operaciones siempre y cuando se realice una consulta.
A la fecha están en el proceso de conformar la mesa para la preconsulta para la cual la Corte definió 10 entidades u organizaciones. Según explicó el ministro, “tenemos discrepancias de criterio con las personas del Parlamento Xinca”.
Esto se deriva del número de representantes de cada entidad para dicha mesa, mientras el MEM llama a un titular y un suplente, el Parlamento Xinca indica que debe inscribir 59 personas ya que, a su criterio, la sentencia de la CC indica que se debe llamar al número de personas según la costumbre de la comunidad, según ha explicado el abogado Quelbin Jiménez.
Chang dijo que en la actualidad se está haciendo un análisis si se puede o no hacer la preconsulta y dijo que no podría indicar aún cuanto tiempo más podría llevar ese proceso.
La minera tiene suspendidas las operaciones desde el 5 de julio del 2017, por la primera resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en ese caso.
En el caso de la hidroeléctrica Oxec, la cual también tuvo una suspensión de operaciones, la consulta se logró efectuar en seis meses a partir de la sentencia.
“Ahí hubo colaboración porque en realidad creo que se quería resolver. Aquí (en el caso de Minera San Rafael) hay gente que tiene diferentes criterios” añadió el ministro.
El Tambor o Progreso VII Derivada
El proyecto El Tambor o Progreso VII Derivada también es conocido como La Puya, nombre de una comunidad cercana.
Fue suspendido en noviembre del 2015 por la CSJ y de forma definitiva en el 2016. Posteriormente, la CC la suspendió ese año, y en junio del 2017 confirmó su decisión también de forma definitiva.
El fallo indica que el MEM debe consultar a las comunidades de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, donde está asentada la mina.
Por este caso hay abierto un arbitraje contra el Estado de Guatemala en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) presentado por Daniel K. Kappes, accionista de la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, S. A., (Exmingua) y por la firma Kappes, Cassidy & Associates.
La demanda llegaría a US$300 millones según han indicado abogados del caso y funcionarios del Ministerio de Economía (Mineco).
Hidroeléctricas
Hidroeléctricas La Vega
Para las hidroeléctricas La Vega I y II en Nebaj, Quiché, también se requiere consulta.
Según expone el ministro, este “es un caso donde precisamente los mismos amparistas no quieren avanzar”.
El proceso ya lleva varios años. En julio del 2017 el entonces alcalde indígena de Nebaj, Miguel De León, dio a conocer una postura diferente, ya que dijo que la consulta estaba detenida por la falta de interés del MEM para cumplir con los requerimientos para realizar la consulta la cual fue ordenada por la CC.
En esa ocasión. indicó que la consulta tenía que realizarse de acuerdo con las costumbres de la comunidad basados en lo que indica el Convenio 169 de la OIT.
Los dos proyectos tenían licencia autorizada con capacidad de 18.3 y 38 megavatios.
Renace
A inicios de julio del 2019 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) notificó a las partes su decisión de que se debe realizar una consulta a las comunidades del área de influencia del proyecto hidroeléctrico Renace en Alta Verapaz, aunque en este caso no se ordenó la suspensión de operaciones.
El complejo hidroeléctrico Renace inició hace varios años, pero en el 2019 empezó a operar comercialmente la fase cuatro. Los empresarios han indicado que invirtieron US$800 millones en todo el complejo, el cual tiene capacidad de generar 301 megavatios (MW).
En este caso el MEM también analiza qué procedimiento sigue.
Licencias de años anteriores
Respecto de que varias licencias se han dado en administraciones anteriores, Chang dijo que como Ministerio recalcan y han resuelto cada caso con respecto a las leyes vigentes y que en su momento dicha entidad acató lo que estaba vigente en leyes específicas como de electricidad, de minas y de hidrocarburos.
A consideración del funcionario, las resoluciones de la CC que no permiten al Ministerio otorgar ninguna licencia de exploración y de explotación minera o para hidroeléctricas, van en contra del desarrollo del país.
Lea también: Guatemala lanza guía para consultas a pueblos indígenas establecidas por OIT
Respecto a la postura de varios sectores ya que algunos consideran que es necesario que exista un reglamento para aplicar el convenio 169 de la OIT respecto a las consultas a poblaciones indígenas en el área de influencia y otros que consideran que no es necesario, Chang indicó que en el 2017 se emitió una Guía de Estándares (por el Ministerio de Trabajo) pero expuso que hubo personas que se opusieron y la Corte falló posteriormente en otro sentido, refirió el ministro.
Sin embargo, a su consideración, el futuro de esos sectores no depende del Organismo Ejecutivo si no de decisiones emanadas de la Corte.
“Si cerramos las mineras no hay empleo y si cerramos las hidroeléctricas no hay energía, entonces, ¿de dónde va a salir la energía? Los precios de la energía se irían para arriba” advirtió Chang.
Mencionó que con los tres proyectos mineros que enfrentan casos legales por resolver son alrededor de 10 mil empleos en riesgo, algunos de los cuales ya se han perdido. Y respecto de los precios de la energía indicó que no podría mencionar cuándo se daría un efecto en ese sentido.
Un tema pendiente
Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) expresó que hay consultas de varios proyectos que se ejecutaron antes de que entrara en vigor el Convenio 169 de la OIT.
Agregó que el Estado es el responsable de efectuar esas consultas y no las empresas, por lo que el MEM debe tomar una responsabilidad al respecto “y no dejarse llevar por presiones e intereses políticos”.
Además, debe ejecutar de forma eficiente las consultas ya que son temas operativos que no deberían de llevar más de seis meses en cada caso.
“No se trata de un sí o un no (hacia un proyecto), sino de un diálogo acerca de cómo se puede mejorar la implementación del proyecto en beneficio del país, de las empresas y de la comunidad”, agregó.
Un tema pendiente
Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) expresó que hay consultas de varios proyectos que se ejecutaron antes de que entrara en vigor el Convenio 169 de la OIT.
Agregó que el Estado es el responsable de efectuar esas consultas y no las empresas, por lo que el MEM debe tomar una responsabilidad al respecto “y no dejarse llevar por presiones e intereses políticos”. Además, debe ejecutar de forma eficiente las consultas ya que son temas operativos que no deberían de llevar más de seis meses en cada caso, opinó el directivo.
“No se trata de un sí o un no (hacia un proyecto), sino de un diálogo acerca de cómo se puede mejorar la implementación del proyecto en beneficio del país, de las empresas y de la comunidad”, agregó.
Anaité Guardado, directora ejecutiva de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager), dijo que los procesos de consulta a los pueblos indígenas, basados en las resoluciones de las Cortes, son un tema pendiente para el país, que han provocado que se suspendan o retrasen operaciones de inversiones que generan mucho empleo e ingresos.
Agregó que el MEM es el encargado, según las resoluciones de la CC, para realizar las consultas pero que ese Ministerio tiene un equipo humano reducido para efectuarlas y posee pocos recursos financieros.
Por ello, indica, se le debe dotar de los recursos a través del presupuesto nacional para que se puedan llevar a cabo esos procesos. Han existido varias sentencias y los procesos se van acumulando, añadió.
Hay procesos que tienen cuatro años como el de la hidroeléctrica La Vega, agregó la directiva, pero hay comunidades que reclaman el derecho de la consulta y luego se oponen al proceso, indicó.
