La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) Guatemala, finalizó los informes anuales correspondientes al 2018, 2019 y 2020, en los cuales se refleja que las regalías por la actividad petrolera han ido bajando de Q60.5 millones en el 2018, a Q46.7 millones en el 2019 y Q28.1 millones en el 2020, para un total de Q135.3 millones.
En tanto que la participación estatal también refleja esa tendencia, con Q239.2 millones, Q92.2 millones y Q69.6 millones respectivamente, llegando a Q401 millones este año.
En cuanto a la minería, se refleja la integración de diversos rubros. El informe registra como regalías a municipalidades Q12.9 millones en el 2019; Q20.2 millones en el 2019; y 20.3 millones en el 2020. Sin embargo los pagos efectuados al Ministerio de Energía y Minas (MEM) bajaron drásticamente de Q6.7 millones en el 2018 a Q203 mil en el 2020.
En el anuario estadístico minero, según la clasificación que hace el MEM, las regalías al Estado se situaron en Q10.2 millones en el 2018; mientras que en el 2019 y 2020 fueron Q3.8 millones (en cada año).
En ambas actividades, el estudio agrupa cifras de aportes de diferente índoles pagos ambientales, licencias, impuestos, tasas, donaciones y otros.
“El Estado de Guatemala ha percibido de las industrias extractivas otros ingresos, como lo son los pagos subnacionales o aportes que las empresas realizan a las municipalidades (gobiernos locales). Según el Ministerio de Finanzas Públicas, en el renglón “10224- Regalías” se reporta, para los años 2018 y 2019, un monto total de Q25 millones 669 mil 83.97. Para el año 2020, el monto asciende a Q17 millones 134 mil 766.55”, se añadió en el documento.
Revisar las leyes
En la elaboración del informe participaron 11 empresas de la industria extractiva en Guatemala y se presentan 12 conclusiones y recomendaciones; entre estas, la necesidad de impulsar reformas legales debido a varios factores como fortalecer, modernizar y facilitar los procedimientos relativos al cumplimiento de los contratos de exploración y exploración, así como requisitos de los estudios de impacto ambiental.
Además, sugieren revisar y actualizar la ley de Hidrocarburos, ya que la actual solo se refiere a estos en estado líquido y no gaseoso. Sin embargo, en las conclusiones no se mencionan reformas al tema de regalías.
Consultado a respecto el ministro de Energía Minas, Alberto Pimentel, mencionó que entre el 2018 y 2019 se observa una tendencia a la disminución de la participación de estas industrias en cuanto al pago de regalías e incluso el de impuestos, asociada a la reducción de actividades mineras y de hidrocarburos.
Además, en el 2020 se reflejan las complejidades asociadas a la pandemia, cuando existió algún repunte de actividad, pero no se ve del todo reflejado en números económicos considerando que en ese año, los precios internacionales estuvieron bajos y las regalías se pagan en función de los precios de comercialización de los productos.
Respecto a regalías, refirió que se trabaja una Política Nacional Minera y uno de los primeros resultados de ese proceso será una modificación a la Ley de Minería para incrementar la participación de Estado.
En el caso de los hidrocarburos, se presentó una iniciativa en enero del 2022, para lograr que el aprovechamiento de los yacimientos petroleros del país pueda prolongarse hasta que sean económicamente rentables. Existen dos contratos, de los cinco vigentes, que están próximos a vencer y ya no se les puede ampliar porque la ley actual no lo permite.
En suspensión
Por otro lado, actualmente Guatemala aparece con el estatus de país suspendido en EITI, aunque eso no significa que el país no sea parte de la iniciativa, dijeron el ministro y el secretario técnico de EITI Guatemala, Bernardo López, pero se esperan las adecuaciones necesarias para cumplir con las observaciones efectuadas por la organización.
Entre estas, la presentación de los informes, además de la divulgación sistemática de datos, para lo cual ya se está desarrollando un sistema informático. Según López, ya se realiza la divulgación de contratos y licencias en el portal del MEM.
Además la organización internacional debe validar los informes.
Se informó que en la iniciativa y elaboración del informe participaron con información diversos entes de gobierno, 11 empresas, representantes de sociedad civil y 27 municipalidades.
