El 17 de febrero pasado, la SAT dio a conocer que presentó una denuncia ante el MP contra De León, director de Buró Auditores GT, quien fue capturado, “por considerar que indujo a error a la SAT en la determinación y pago de sus obligaciones tributarias al Estado” y por la “posible comisión de ilícitos penales relacionados con defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria.
A De León se le denunció penalmente por supuestamente defraudar al fisco por Q2 millones 66 mil en los periodos 2018 y 2019, desde su oficina con sede en Quetzaltenango.
Aparte de De León, también fueron capturadas dos personas más, miembros de su oficina profesional, porque supuestamente evadieron impuestos al no facturar ventas en negocios propios y en servicios de asesoría, por lo que se tipificaron los delitos mencionados.
De León fue ligado a proceso por un juez en dicho departamento, le emitieron arresto domiciliar y pagó una caución económica de Q200 mil, mientras que la contadora María Fernanda de León y el auditor Julio Abel García Alvarado fueron señalados de supuesta estafa mediante informaciones contables, pero fueron puestos en libertad por falta de mérito.
El viernes pasado, según el socio de la firma, presentaron denuncias ante la fiscalía del MP en Quetzaltenango en contra de Rubén Herrera, fiscal de delitos económicos del MP, por supuesta retención de información y reserva de confidencia.
Además, contra Claudia Verónica Galindo Ramírez, Joselyn Dayan Estrada Carrera, Abner Alfredo Morenos Ramos y Érick Giovanni García Ligorria, por abuso de autoridad, porque supuestamente el MP omitió información al juez de casos urgentes, quien autorizó la aprehensión, además que el juzgador no autorizó que personal de la SAT estuviera en el allanamiento a la oficina y el MP lo permitió.
También presentaron denuncia contra Marco Livia Díaz Reyes, superintendente de la SAT, por supuesto tráfico de influencias, además de que dicho funcionario ofreció una conferencia de prensa cuando el allanamiento aún no había terminado, entre otros posibles ilícitos.
Las denuncias también abarcan a Juan Carlos Ramírez, mandatario judicial de la SAT y Albiol Lizeth Posadas Palma, Auditor tributario.
Sin oportunidad de defensa
De León explicó a Prensa Libre que no se le dio la oportunidad de defenderse por la vía administrativa y explicarle al fisco que el dinero que presuntamente no facturó corresponde a depósitos de impuestos como el IVA, ISR, ISO y otros, que sus clientes depositaron a su cuenta bancaria y luego fueron pagados a la SAT como parte del servicio que presta.
Sin embargo, la entidad informó en su oportunidad que se trataba de pagos por honorarios, además de que declararon su caso en reserva, lo que a criterio del afectado, el fisco atenta contra el gremio de auditores y contadores y lo criminaliza.
SAT: No hay persecución
Al ser consultado el superintendente Díaz, indicó que no se trata de una persecución en contra de auditores, sino que se hizo un estudio del sector económico de firmas de auditoría y oficinas de contabilidad y están bajo investigación varias oficinas de este tipo, por el comportamiento que han mostrado y deben cumplir con sus obligaciones tributarias. De igual forma, se han hecho estudios de otros sectores económicos.
Respecto al caso específico de Bayron De León, indicó que dicha persona quedó ligado a proceso y tiene arresto domiciliar, pero no se va a litigar en los medios de comunicación. “El caso está a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos de Guatemala y se debe litigar en los tribunales”.
