La propuesta más reciente es la Política Nacional de Empleo Digno que planteó el actual gobierno, el pasado 16 de febrero.
El documento establece que en un plazo de 32 años (2017-2032) el Estado creará un millón de empleos, lo que significa 66 mil nuevas plazas por año.
Sin acciones concretas
En opinión de Ramón Parellada, director del Centro de Estudios Económicos Sociales de Guatemala (CEES), la propuesta es una lista de buenas intenciones.
La Política Nacional de Empleo Digno se formuló en el marco de la Comisión Nacional de Empleo Digno (Coned), instancia en la que se identifican y articulan las acciones y establecen sinergias que permiten crear condiciones que promueven el empleo digno.
La Coned está integrada por los ministros de Trabajo, Educación, Economía y Desarrollo Social.
¿Eliminar o incluir?
Para Ramón Parellada, del CEES, la creación de la Coned es el camino contrario por seguir para generar empleo.
“No hay que crear nuevas instituciones, sino eliminar muchas de las existentes, que solo significan un mayor costo y obstáculos a la creación de empleos”, señaló.
Para el Cacif, esta política ya fue formulada, pero para el proceso de aprobación e implementación se busca integrar la Comisión, con el fin de alinearla con el Plan Nacional de Desarrollo K’atún 2032 y otras políticas que ya se han presentado para implementar en el largo plazo.
“No es ninguna política, pues no indica acciones concretas para lograr el objetivo. Solo refiere lo que se pretende alcanzar. No hablan de desregularizar o flexibilizar el mercado laboral, que es lo único que permitirá incrementar el empleo formal y productivo del país”, dijo el profesional.
Según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 2016 (Enei), en el primer trimestre del 2016 solo el 30.2% de la población económicamente activa (PEA) se encontraba empleada en el sector formal de la economía.
Los datos refieren que de cada 10 personas, siete están en la informalidad y tres, en el sector formal.
Se calcula que la PEA ascendió a 6.6 millones el año pasado.
Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), afirma que a pesar de que esta política es más realista de lo que se han planteado otros gobiernos, aún está bastante lejos el millón de empleos que se pretenden alcanzar en 15 años si no se toman medidas para elevar la inversión, comentó Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).
Zapata dijo que la política debe ir amarrada a acciones concretas que están pendientes en otros organismos, especialmente en el Congreso de la República, donde existen varias iniciativas de ley en el ámbito económico que “ayudarían a que esta política logre tener mejores resultados”.
El ejecutivo citó el reglamento del Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que permitirá el trabajo a tiempo parcial, y el reglamento del Convenio 169, sobre pueblos indígenas y tribales, que permitiría otorgar mayor certeza jurídica a las inversiones.
De haberse cumplido con las promesas electorales relacionadas con la creación de empleos en las administraciones de Álvaro Colom y Otto Pérez Molina, se hubieran generado 747 mil empleos, y si para finales de este año se cumple con el cálculo de 66 mil plazas, el número de puestos nuevos ascendería a un millón 747.
Desde el punto de vista del sector trabajador, Rigoberto Dueñas, representante de los sindicatos ante la Comisión Nacional del Salario, concuerda con esas opiniones y asegura que la política aporta pocas soluciones al problema del empleo.
“Nosotros compartimos el criterio de que debe haber un ambiente de seguridad, porque los altos índices de violencia desmotivan la generación de empleo y la inversión”, dijo Dueñas.
Otros factores que no permiten la generación de inversión es el descuido en la infraestructura, los trámites burocráticos en las instituciones del Estado, el alto costo de la energía eléctrica y las altas tasas de interés, resaltó el sindicalista.
Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), plantea dos caminos. Uno de ellos es menores puestos de trabajo pero mayor innovación y tecnología, y el otro, contar con mayor mano de obra calificada para generar empleo.
Sin embargo, para ambos caminos son necesarias la certeza jurídica y las condiciones idóneas para generar inversión y más empleo formal. “Las condiciones actuales son de incertidumbre total”, dijo.
Mario Peña, gerente general de la empresa guatemalteca Megapaca, opina que la incertidumbre económica del país ha causado temor a la inversión.
Peña asegura que en el caso de la cadena de esa empresa, las ventas comenzaron en el 2017 con una baja de entre 5% y 6%, comparadas con las registradas el año pasado.
En la actualidad, la empresa tiene tres mil 200 empleados, y el ejecutivo asegura que están luchando por conservarlos, lo que se traduce, dijo, en que no abrirán nuevos puestos de trabajo para el país.
En cambio, en Honduras, en donde también opera esa compañía, abrirán dos nuevas tiendas.
“Tenemos la oportunidad de trabajar para los dos mercados, pero observamos que el gobierno hondureño cuenta con mejores planes de desarrollo económico”, manifestó.
Según el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), cada año ingresan al mercado laboral 200 mil jóvenes, pero se crean 30 mil empleos formales.
